ROLANDO MENDOZA IBARRA
Una de las dimensiones inevitables que debe caracterizar la vida democrática de nuestras sociedades es la del diálogo político que implica, entre sus elementos fundamentales, la participación permanente de los actores sociales y políticos sobre temas que inciden sobre el presente y futuro de la población de un país.
El diálogo político es una herramienta de trabajo impulsada actualmente por casi todos los organismos internacionales, por lo cual debiera ser utilizada sabiamente por todos los gobernantes, a fin de posibilitar la apertura de espacios para construir, mediante el consenso y la concertación, las respuestas y soluciones estratégicas a los graves problemas que aquejan a nuestros pueblos.
Nuestro país, Panamá, ha realizado con algún éxito ciertos ensayos de diálogo político, siendo los más relevantes los denominados encuentros de Bambito I, II y III, entre 1993 y 1994; los encuentros Panamá 2000 que entre 1995 y 1998 permitieron elaborar la Visión Nacional 2020 y, más recientemente, los acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo de 2007. El éxito inicial de estos espacios lo constituye la voluntad política de la sociedad política –el Gobierno del Estado y los partidos– de sentarse con la representación de los distintos actores de la sociedad civil organizada.
Los resultados de la Visión Nacional 2020, concluidos en 1998 con la facilitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se dieron gracias a la participaron de la sociedad civil, los partidos políticos, la empresa privada, las universidades y el gobierno del momento, quienes finalmente llegaron a importantes acuerdos relacionados con el país que, en esa coyuntura, constituían el deseo de todos los panameños y panameñas hacia el año 2020, tomando en cuenta los recursos que serían transferidos al país con la reversión del Canal de Panamá, entre otros.
Por su parte, la Concertación Nacional para el Desarrollo, otro esfuerzo amplio apoyado por el PNUD –porque, al parecer, aún no somos capaces de sentarnos por nuestra propia cuenta– y en el que participaron casi los mismos actores de los encuentros Panamá 2000 y un poco más, generó un documento que consigna la voluntad de las diversas expresiones sociales, políticas, económicas, culturales, ambientales y otras, sobre el Panamá que no solamente queremos los panameños y panameñas, sino por el que todos debemos trabajar o construir.
Sin sobredimensionar, este esfuerzo en el que se invirtieron muchos recursos y tiempo –horas de hombre o de mujer– contiene los elementos esenciales de la visión y la misión de Panamá como Estado. Es decir, es un acuerdo que orienta las líneas y acciones estratégicas que deben servirnos de norte para construir un país con desarrollo para todos, con sostenibilidad ambiental y económica, con equidad social e inclusión, con oportunidades, donde la educación competitiva garantice la inserción eficiente de la juventud en el mercado laboral, donde la corrupción pública y privada le abra paso a la transparencia y, donde también, se pueda caminar por las calles o andar en automóvil con la seguridad de que no vamos a ser lastimados ni mucho menos asesinados.
Pero, ante este escenario todavía ilusorio, habría que preguntarse si las condiciones actuales –donde la vorágine de los acontecimientos políticos acapara la atención de los noticiarios y se constituyen en cortinas de humo desviándose la atención de los asuntos medulares del homo sapiens/sapiens panameño–, si existe en la actualidad una voluntad política verdadera para enrumbar un diálogo político que aproveche toda la acumulación y experiencia social para concertar acuerdos e implementarlos.
Yo diría que en la sociedad civil siempre ha existido y existirá esa voluntad y disposición a participar en este tipo de diálogo. Sin embargo, cosa distinta puede esperarse de la contraparte, es decir, de la sociedad política, en la medida en que los que ayer no compartieron voluntariamente en la concertación por el desarrollo, hoy son Gobierno, y el principal partido que ayer era Gobierno se ha retirado de la mesa.
Creo, sinceramente, que al margen de las posiciones divergentes es necesario retomar el diálogo en la mesa de concertación –Gobierno, partidos políticos y sociedad civil–, para implementar los acuerdos ya alcanzados, bajo el entendimiento de que debe hacerse por el bien del país y no para entorpecer o favorecer a determinados sectores políticos en función de las próximas elecciones.
En esa dirección estaríamos contribuyendo, no solo al desarrollo que tanto deseamos, sino garantizando un proceso de cohesión social que nos conduzca finalmente a un pacto social y político que asegure la gobernabilidad democrática.
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