Si la obligación del gobernante y su juramento fundamental es cumplir con la Constitución y las leyes, ¿qué se disputan Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela sobre un programa que no tiene rango constitucional? ¿Por qué se reemplaza la ley con sofisma electorero?
El demagógico y vergonzoso programa “$100 a los 70” no garantiza la seguridad alimentaria ni la aspirada salud del malogrado adulto mayor; como tampoco “la Beca Universal” promueve el progreso intelectual del educando. Lo que sí lleva implícito es cotizar en $100 y $20 la voluntad del voto de dos sectores vulnerable de la sociedad.
¿Puede señalarse en 108 años de gobiernos propios alguno con interés de subsidiar realmente la salud y la educación? Contrariamente, ¿qué gobernante se ha substraído de subsidiar inversiones, bancos, zonas libres y empresas transnacionales? ¿Hasta cuándo permitir el enriquecimiento en exceso y la vulnerabilidad de la pobreza creciente del panameño? ¿Qué partido hará realidad la obligación “pro salud y educación” que demanda la sociedad y manda la Constitución?
No queremos más promesas imperdonables, sino compromisos “imprescindibles”. Por ejemplo, ¿Cuándo se tendrá un gobernante o Ministro de Salud responsable que cierre la inconstitucional y vergonzosa “cuenta por cobrar” que mantiene el Hospital Santo Tomás contra todos los pobres que han recibido un servicio médico y no han podido pagar?
Deuda que –por no tener altos salarios, ni jugosos seguros de vida– continúan acumulando cada vez que requieren de un servicio médico público; con el agravante de que al gobierno de locos se le ocurra enviar a la Autoridad Panameña de Crédito el listado de los morosos y se les impida asistencia médica en los Centros de Salud, así como pretende trasladar la salud pública, a los asegurados y empresarios.
La ineludible necesidad de subvenir la salud y educación a través de un programa con rango constitucional que pudiera denominarse “Pro Salud y Educación” obligaría al Estado a cumplir con su deber constitucional de brindar gratuitamente al pueblo los servicios de salud y educación que le corresponde.
El programa sugerido persigue entre sus propósitos el cierre de la nefasta “cuenta por cobrar al pueblo” que inconstitucionalmente mantiene en sus registros el HST por servicios ofrecidos y no cobrados, cuyo saldo sería trasladado al Estado como “legítimo deudor” y no como condonación de deuda.
Examinar el comportamiento de los cargos hechos en los últimos cinco años a la cuenta en cuestión permitiría ponderar y establecer el monto necesario para la imprescindible “subvención popular”, que cubriría los costos que el Estado se ha resistido a ofrecer, aunque la Constitución lo establezca y que mezquinamente se le viene cobrando a los empobrecidos, restringiéndoles el derecho a la vida y al servicio público de la salud.
Desgraciadamente, de un gobierno que antepone sus intereses y de sus allegados a la salud de los niños no podemos esperar el cumplimiento de semejante propuesta, que no incluye dádiva alguna.
