Panamá amaneció hoy con la polémica Sala V de Garantías Constitucionales muerta y enterrada, como había solicitado el Frente por la Democracia en la Concertación Nacional, que decidió su suerte final. A finales del mes pasado, después de grandes manifestaciones populares y una trifulca en la Asamblea Nacional de las más violentas que registra el hemiciclo, el presidente Ricardo Martinelli retiró el nombramiento de sus tres magistrados y se comprometió a enviarla a la Concertación. Allí fue vetada por unanimidad, pero el Frente por la Democracia exigió no solamente su muerte, sino su entierro, al alegar que si se mantenía insepulta podrían haber nuevos intentos de revivirla.
En tal sentido pidieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna, que presentara ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que diera muerte definitiva a la entidad, lo cual cumplió la víspera en la primera sesión plenaria de la nueva legislatura.
Según palabras del magistrado, el proyecto que presentó deroga la Ley 32 de julio de 1999, por medio de la cual se creó la polémica Sala y fue debidamente refrendado por el pleno de la CSJ.
El magistrado dijo que lo presentaba "en aras de la paz social y armonía que debe regir siempre en nuestro país".
En enero de 2011, la Corte presidida por Moncada Luna declaró inconstitucional la Ley 49 de 24 de octubre de 1999 que había derogado la Sala y la revivió, con lo cual daba al presidente Martinelli una mayoría de siete magistrados en la CSJ de los 12 que esta tendría.
La oposición política se declaró virtualmente en rebeldía y después de serios disturbios, el mandatario reculó y ordenó retirarla del hemiciclo para remitirla a la Concertación, en la cual tenía mayoría. Sin embargo, allí fue rechazada también y por unanimidad.