Panamá igual que otros países del área ha logrado avanzar en ciertos indicadores de salud. Un ejemplo, entre 1960 y 2000 la mortalidad infantil cayó de 80 a 20 por cada mil niños, pero en comparación con otras naciones –que también gozan de ingresos medianos– aún presenta una de las más altas tasas (a excepción de México). Aun más, persisten severas diferencias regionales en cuanto a otros indicadores. A guisa de ejemplo: el porcentaje de niños con desnutrición crónica a nivel nacional es de 20%, pero en las regiones comarcales alcanza 57%.
Estos resultados no son consecuencia necesariamente de la falta de recursos, sino de la eficiencia en la gestión de los mismos ya que, hoy por hoy, Panamá asigna en promedio un 6% del producto interno bruto (PIB) a gastos de salud, uno de los más altos de toda la región.
Esto es el resultado, entre otros, de una deficiente gerencia de dichos recursos; donde, por ejemplo, se presentan serias duplicidades en cuanto a los dos principales proveedores del servicio de salud pública que son la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Paradójicamente, se construyen centros hospitalarios y de salud, pero algunos a veces en áreas comunes que luego terminan operando con insuficiencias de equipamiento, personal e insumos.
También, resulta fundamental la administración del recurso humano. Desafortunadamente, la tradición ha sido que se otorgan incentivos salariales de manera compulsiva, casi siempre mediante negociaciones que se dan en un contexto de rivalidad.
En la práctica debería promoverse el esquema ganar-ganar que consista en mejorar los niveles de salarios para los profesionales, administrativos y técnicos de la salud que les permitan mejorar su condición de vida y que esto se traduzca en mejor calidad de los servicios.
Otro enfoque consiste en promover la salud preventiva en vez de la secundaria y la terciaria (curativa). Hay amplias evidencias de que prevenir es mucho más barato que curar, lo que exigiría una amplia campaña de divulgación entre la población sobre sus hábitos alimentarios y de salud y ampliar programas como los de vacunación, agua potable y atención elemental.
Así mismo, se precisa mejorar el suministro de productos farmacéuticos lo que requeriría identificar la demanda real de los usuarios para mejorar la logística, proceso de compra y distribución. Esto conllevaría una gestión integrada de la cadena de suministro y un estrecho control de la calidad de esos insumos. A la misma vez, exigirá mejorar la gestión de adquisición para lograr mayores economías de escala o ahorros por comprar en grandes volúmenes.
La actual administración ha reforzado las inversiones para ampliar y mejorar la red hospitalaria en Colón, Veraguas, Darién y Los Santos, así como la red de centros y subcentros de salud a nivel nacional. Igualmente, se ha reforzado significativamente el programa de vacunación y las campañas de salud preventiva. Sin embargo, el doble desafío consiste en dotar al sector de más recursos, procurando lograr una mayor eficiencia y focalizando los recursos hacia los segmentos más necesitados de la población.
Queda mucho camino por recorrer. Se requiere una mayor voluntad de todos los involucrados cuya participación activa en los procesos que permitan mejorar el sistema de salud público será determinante. El Estado debe proteger y garantizar que la población sea atendida sin demoras y de manera integral, buscando los mecanismos requeridos para que los servicios se lleven a cabo con calidad y eficacia.
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