Por allí me murmuran que la liberación de Manuel Antonio Noriega cuando llegue a Panamá “ya está arreglada”, pero que lo pondrán preso, brevemente, para disimular un poco la cosa. Comparto la sospecha de que así será, tristemente, pero no comparto la tesis de que el pobrecito merece compasión ni dejaré pasar las afirmaciones falsas y argumentos engañosos que se están utilizando para justificar una injustificable casa por cárcel.
Comienzo con que el expresidente Martín Torrijos haya osado decir que “mi gobierno hizo todo por traerlo”.
Falso, falso, falso. Cuando los tribunales en Miami analizaban si extraditar a Noriega a Francia o devolverlo a Panamá, el gobierno de Torrijos hizo todo menos esconderse bajo la cama para no tener que tomar cartas en el asunto.
Como informé extensamente, entre 2005 y 2010, con dos años de anticipación comencé a señalar que Noriega terminaría su encarcelamiento en Miami en septiembre de 2007; mi propósito, como les había advertido privadamente a los funcionarios torrijistas, antes de publicar la información, era dar tiempo para preparar el manejo de lo que era, a mi criterio, un tema de Estado.
Lamentablemente, y deshonestamente, la respuesta del gobierno de Torrijos fue acusarme repetidamente de estar publicando “especulaciones”, cosas “inciertas”, y “rumores”, en vez de hacer lo que tenía que hacer. Claro que no era especulación; no solamente publiqué el nombre del funcionario en el Buró de Prisiones, que les podía confirmar la información, sino que la redacción de La Prensa descubrió luego que esta estaba en blanco y negro en la página web del Buró. Después de un tiempo, el abogado de Noriega en Miami, Frank Rubino, también confirmó que la fecha de salida de Noriega de prisión era “firme”.
Bueno, llegó julio de 2007 y las autoridades norteamericanas anunciaron que habían recibido una solicitud francesa de extradición para Noriega. Hubo en Miami una serie de audiencias para determinar el próximo paradero del reo y en una de ellas, el juez Hoeveler preguntó abiertamente en la sala, prácticamente implorando una respuesta, “¿qué quieren los panameños?”. Pero, en burla de la sed panameña por justicia, el gobierno de Torrijos tuvo el cuidado de que no hubiera nadie allí que pudiera responder.
Mientras tanto, los funcionarios del gobierno de Torrijos andaban diciendo que sí habían presentado debidamente las peticiones de extradición, aunque convenientemente rehusaban divulgarlas. En un momento dado, viéndose presionados por la opinión publica, divulgaron lo que decían eran las peticiones de extradición, cuando en verdad no se trataba más que de una simple carta que la Embajada de Panamá en Washington había enviado al Departamento de Estado, pidiendo información sobre la fecha de salida de Noriega. Pedí, una y otra vez, que me entregaran copia de las peticiones de extradición o que se me permitiera ir a la Embajada para revisarlas, y jamás fue posible. Del lado estadounidense me decían que era un asunto confidencial y que solo Panamá podría dar la información.
Pues bien, Noriega fue enviado a Francia y con la llegada de un nuevo gobierno panameño, en 2009, al fin tuve oportunidad de repasar los documentos sobre Noriega que reposan en la Embajada. Descubrí, entonces, lo que había sospechado desde el principio –que el gobierno de Torrijos solo presentó sus peticiones de extradición después (repito, ¡después!) de que se hubiera ordenado su envío a París.
Antes de septiembre de 2007, según la documentación que vi, no hicieron más que enviar unas cartas de vez en cuando, preguntando por el estatus del caso de Noriega. Cuando el Departamento de Estado no contestó, el gobierno de Torrijos se quedó cruzado de brazos, excepto por una medida tan fundamental como cínica –pasar una “ley Noriega” que eximirá al extirano de tener que pagar por sus crímenes contra el Estado y el pueblo panameño.
Así se hace impunidad, no justicia.