En La Prensa de este sábado apareció una entrevista a un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que el magistrado acepta su poca experiencia en materia penal y dijo: “Todo es cosa de sentido común y trabajo, para hacer una buena labor”.
El día domingo se publicó otra entrevista en la que se informó que el Órgano Judicial adelanta una iniciativa que permitirá la aplicación de un examen de suficiencia a los abogados como requisito para poder litigar. Según la noticia, esta iniciativa busca verificar la calidad de los profesionales del derecho. Entonces, si para ser magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema solo se requiere tener sentido común, ¿por qué para ser abogado se tendrá que hacer un examen de suficiencia académica? ¿No deberíamos ser más exigentes al momento de escoger a nuestros jueces y magistrados?
¿Qué es más grave: un abogado mal preparado académicamente o un juez o magistrado que administra justicia sin conocer la rama del derecho en la que debe decidir un litigio?
¡Cómo es posible que para ser magistrado del Tribunal Penal de apelaciones en Coclé y Veraguas se nombró, hace dos semanas, a profesionales del derecho sin experiencia en materia penal! Yo quisiera preguntarle a los abogados que litigan en el área penal ¿Cómo se sienten con estas designaciones? ¿Esto genera seguridad jurídica?
Es importante entender que de la calidad de los jueces depende la calidad de la justicia y de la democracia. La preparación de nuestros jueces y su evaluación es clave. No se puede improvisar jueces ni improvisar magistrados. Lastimosamente, nos encontramos sumergidos en una realidad en la que no se respeta la carrera judicial ni la preparación académica ni la honorabilidad de las personas, sino que prevalece el compadrazgo político y los amiguismos. Si seguimos con este desorden institucional ¿qué podemos pedirle a los nuevos abogados?
Comencemos a poner orden de arriba hacia abajo. Para mejorar la calidad de nuestros jueces y magistrados, debemos aprobar la ley de carrera judicial que está pendiente de segundo debate desde diciembre de 2009. Además, debemos establecer un mecanismo de escogencia de magistrados en el que se supere el amiguismo y se abra paso al concurso de méritos, ejecutorias e idoneidad ética. Como dice Montero Aroca, “la independencia empieza a adquirirse o perderse desde el primer momento, desde el acceso a la función jurisdiccional, de ahí la trascendencia del sistema de ingreso”.
Para mejorar la calidad de los abogados que se gradúan, se debe supervisar el trabajo que están realizando las universidades públicas y privadas del país. ¿Quién le pide cuentas a las universidades que lucran incumpliendo con su función de preparar adecuadamente a los futuros profesionales del derecho? Iniciemos por allí.
En la Asamblea Nacional reposa una propuesta de regulación de la profesión de abogado, pendiente de debate, al igual que la ley de carrera judicial y el régimen ético y disciplinario de los servidores judiciales. ¿Cuándo vamos a discutir estos proyectos de ley que están pendientes desde el año 2005?
Antes de plantear el examen de barra, sugiero a los magistrados de la Corte que convoquen a los decanos de derecho de las universidades, y, en conjunto con la Universidad de Panamá, revisen los programas de estudio y aumenten las exigencias en conocimiento y ética del abogado. La Universidad de Panamá debe cumplir con su deber de supervisar a las otras universidades.
El país necesita jueces y magistrados idóneos, honestos y defensores de los derechos humanos. Igualmente, necesitamos abogados con conocimiento del derecho y con un sentido de justicia y de equidad. Demasiado por hacer. Hace falta sumar voluntades: las universidades, los gremios de abogados, la voluntad política de quienes gobiernan y de la cúpula del poder judicial pero, sobre todo, falta la presión de la sociedad organizada.