Panamá posee importantes ventajas respecto a otros países de la región, pero las revelaciones hechas por la abogada Zulay Rodríguez respecto a un magistrado de la Corte Suprema, alientan una peligrosa desconfianza ciudadana e impiden que el sistema de justicia desempeñe el rol importante que juega en las naciones que han alcanzado envidiables estándares de desarrollo.
Pese a que este año Panamá puso en marcha el presupuesto más grande de su historia: 13 mil millones de dólares, a que tenemos una posición geográfica envidiable y un canal que potencia extraordinariamente nuestro desarrollo, a que somos un centro con inversiones extranjeras y de logística internacional; a que ofrecemos servicios financieros y bienes raíces, y a que el turismo ha logrado un crecimiento sostenido, en Panamá 420 mil personas viven con menos de un dólar al día, 73 mil estudiantes desertaron de las escuelas en 2010, el VIH tiene rostro de niño y joven, y en los últimos cinco años nacieron 333 mil 896 bebés de madres de entre los 11 y los 19 años de edad, según fuentes del Ministerio de Educación.
En vez de trabajar para enfrentar estos problemas, el foro nacional es dominado por temas que recientemente han sido secretos a voces: el narcotráfico en el Ministerio Público, la forzada designación del magistrado José Abel Almengor, pese a las objeciones de la sociedad civil; la separación y condena de la procuradora de la Nación, previa información ahora revelada; y la declaración de inocencia de David Murcia, cuando en Colombia fue condenado y en Estados Unidos se ha declarado confeso.
Lo que ocurre es lamentable, vergonzoso y revela asociaciones ilícitas para delinquir en el seno mismo de ese órgano del Estado. Si aceptamos que la seguridad jurídica es la base sobre la que se edifica la confianza ciudadana, las irregularidades que se evidencian constituyen uno de los grandes retos del Panamá de hoy.
En marzo de 2009, acudí al Ministerio Público ante la entonces procuradora, Ana Matilde Gómez, para que se investigara la relación comercial que tenía el entonces candidato, Ricardo Martinelli, representante de las empresas Ricamar, y David Murcia.
La denuncia no prosperó. Hoy, la entonces titular del ramo admite que no le dio la debida importancia a la querella, pese a las pruebas que presenté. Sin embargo, las denuncias recientes de la abogada Rodríguez identifican a un magistrado de la Corte como el hilo conductor en el caso de la procuradora destituida; en la denuncia de funcionarios vinculados a casos de narcotráfico y en el caso de Murcia. Cuando formulé mi denuncia se valoró como una querella política, por estar en la parte final de la campaña electoral, y hoy altos funcionarios del gobierno señalan el tema como un bochinche, como problemas de faldas para levantar audiencias, según declaraciones del Presidente de la República. Cabe preguntar: ¿quién propuso a José Abel Almengor para ese cargo, Sr. Presidente? ¿Dónde quedó la propuesta de seguridad jurídica que usted formuló en CADE 2006, que iba a respetar? Usted dijo que no intervendría en la selección de magistrados, que respetaría y cumpliría el Pacto de Estado por la Justicia.
Por menos de esto en otros países ya hubiesen renuncias, declaraciones del Ejecutivo, funcionarios destituidos, pero claro, Sr. Presidente, favor se paga con favor, todo apunta a lo mucho que probablemente usted le deba al magistrado Almengor.
Las mentiras no se pueden ocultar para siempre. No se trata de un problema de campaña política de 2009, es de gobernabilidad e institucionalidad que se agrava porque, lamentablemente, en el Panamá de hoy no podemos confiar en la administración de justicia.