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En el diario La Prensa, el 17 de junio de 2009, publiqué un artículo de opinión que se refirió a nuestro sistema judicial, en el que cité al poeta chileno Vicente Huidobro, quien, en relación al sistema judicial de Chile, en 1925, dijo lo siguiente: “Nuestra justicia es un absceso putrefacto que empesta el aire y hace la atmósfera irrespirable, dura e inflexible para los de abajo, blanda y sonriente con los de arriba. Nuestra justicia está podrida y hay que barrerla en masa. Judas sentado en el tribunal después de la crucifixión, acariciando en su bolsillo las 30 monedas de su infamia, mientras interroga a un ladrón de gallinas. Una justicia tuerta. El ojo que mira a los grandes de la tierra, sellado, lacrado por un peso fuerte y solo abierto el otro que se dirige a los pequeños, a los débiles” (Matus Alejandra El libro negro de la justicia chilena. 1999. Página 187). Y es que la función de administrar justicia, un servicio público que brinda el Estado, resulta una tarea extremadamente compleja y delicada, que solo debiera confiársele a personas que estén profesional y especialmente cualificadas, de una inteligencia y capacidad excepcional, y, lo más importante, que estén dotadas de intachable solvencia moral y ética.

Ello es así, tomando en consideración que la mayoría de los filósofos, sobre todo, Leibnitz y Kant, construyeron sus teorías de la justicia sobre la famosa tríada “Honeste viviere, neminem laedere, suum cuique tribuere”, que significa: “Vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo”, principios éstos que muchas veces contrastan con la naturaleza humana, proclive –mayoritariamente– a la maldad e instintos perversos contra sus semejantes; pero, con un escogimiento de los funcionarios judiciales con las características mencionadas (descartando la política sectaria, el amiguismo y el compadrazgo), existen más posibilidades de que la justicia predomine sobre la injusticia, evitando también que la frase “el hombre es lobo del hombre”, proferida por Thomas Hobbes, tenga cabida en nuestra administración de justicia.

Los escandalosos casos de corrupción que hoy en día enlodan nuestro sistema judicial y que estremecen a la opinión pública nacional e internacional, no representan otra cosa que la natural, predecible e inexorable explosión de un mal endémico que aqueja nuestro sistema judicial –a ciencia, paciencia y conveniencia de los gobernantes de turno y de los sectores plutocráticos del país, en perjuicio de los grandes intereses nacionales– a pesar de la infinita cantidad de quejas, denuncias y todo tipo de acciones que en contra de esta nefasta realidad han promovido destacados y valientes profesionales del derecho; la sociedad civil organizada; y, sobre todo, los medios de comunicación social del país, los que –valga reconocerlo aquí– se han convertido en la instancias y/o trincheras en las que las víctimas de los desafueros de nuestro sistema judicial pueden hacerse sentir y elevar su enérgica voz de protesta, voces éstas a que le prestan oídos sordos a los poderes políticos del Estado, llámense Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo u Órgano Judicial. Esta situación negativa, indudablemente, atenta contra la imagen internacional y la convivencia pacífica del país, debido a que el sistema judicial panameño no proyecta confianza ni certeza ni seguridad jurídica, aunque algunos testaduros digan lo contrario.

Para resolver tan grave problema nacional, a mi juicio, es necesario que se tomen medidas radicales por parte de los que ejercen el poder político en nuestro país, las que –bajo ningún concepto– se limitan a la tarea de reformar o “emparchar” la Constitución Política vigente, tomando en cuenta que esta es un instrumento jurídico y político redactado a la medida exacta de un régimen totalitario y corrupto, bajo cuya sombra siguen y seguirían pululando, depredadoramente, los políticos y los funcionarios públicos corruptos del período postdictadura.

En consecuencia, el nombramiento de una “comisión de notables” para reformar o “emparchar” nuestro actual estatuto fundamental, no es una solución adecuada ni efectiva para tan grave problema nacional; máxime cuando en esta figuran personas de trayectoria pública criticable o sin ninguna trayectoria meritoria, algunos de los cuales son responsables, por acción u omisión, de la situación de podredumbre en que se encuentra inmerso nuestro sistema judicial.

Además, la escogencia de presuntos “notables” para ejecutar un plan de interés nacional, corresponde más a los tiempos de la “patria boba”, dominada por las “élites oligárquicas”, que a la época actual, en que existen obreros, campesinos e indígenas con un alto nivel de preparación académica y, por lo tanto, con la inteligencia y capacidad suficiente para participar y aportar en cualquier plan del gobierno encaminado al progreso nacional; amén de la participación valiosa de la sociedad civil organizada.

Finalmente, endoso públicamente la opinión de importantes personalidades y sectores de nuestro quehacer nacional, en el sentido de que la solución a los muchos males que aquejan a nuestro país, incluyendo el judicial, sólo podrá lograrse a través de una “Asamblea constituyente paralela”. Cualquier otra fórmula representa un cuento de camino, abanicado por aquellos que pretenden perpetuar la corrupción y la impunidad en Panamá.