No hay duda de que un poder Judicial fuerte e independiente es la piedra angular de todo Estado democrático. De existir debilidad en este, se afectaría la seguridad jurídica, las inversiones y, por ende, la tranquilidad de todo un país.
Por ello, considero que es importante defender siempre la institucionalidad; sin embargo, dicho fortalecimiento no debe circunscribirse exclusivamente al nombramiento de una determinada persona como magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de un procurador en el caso del Ministerio Público, sino a la exigencia de un presupuesto cónsono con las necesidades que requieren las instituciones que prestan el servicio público de administrar justicia, a fin de darle respuestas eficientes a la sociedad.
Igualmente, se debe fortalecer la carrera judicial (Órgano Judicial) y la carrera de instrucción (Ministerio Público) –tímidamente desarrollada en esta última–, con la modernización en la metodología de escogencia de los operadores de la administración de justicia, en especial, de magistrados, jueces y fiscales, a través de un proceso transparente de selección, mediante concurso público y, en el caso de los magistrados de la Corte, con un desarrollo más amplio en la norma constitucional en cuanto a sus requisitos, tal como lo solicitan algunas organizaciones de la sociedad civil.
No obstante esta exigencia, considero que es más importante analizar las acciones que ha desarrollado a lo largo de su vida un aspirante al máximo tribunal de justicia del país, porque muchas veces los problemas que surgen a diario no son solo por la falta de normas adecuadas, sino a causa de dichas acciones.
De darse un cambio constitucional, ya sea mediante reformas o por medio de una Asamblea Constituyente, considero que es muy importante observar estrictamente la redacción de las normas del texto constitucional, porque muchos de los problemas político-jurídicos que se presentan se deben a la interpretación que se hace de las disposiciones legales, tal como aconteció en el caso de la nacionalidad del alcalde capitalino, Bosco Vallarino; con la exprocuradora Ana Matilde Gómez, cuando se cuestionó si era o no una autoridad competente (resuelto mediante un fallo de inconstitucionalidad) y si tenía competencia para ordenar escuchas telefónicas; y, ahora, con la renuncia del exmagistrado Almengor, porque algunos juristas cuestionaron ante quién debió presentar su renuncia.
El fortalecimiento de la administración de Justicia está, además, en el compromiso serio que se requiere de cada uno de los dignatarios de la Corte Suprema, del procurador general de la Nación y del procurador de la Administración, a fin de modernizar tecnológicamente todos los procesos, porque aún hay casos que se llevan de manera tradicional, lo que ocasiona el aumento de la llamada mora judicial. Ejemplo de llevar casos tradicionales fue la cantidad de procesos en papel (no digitalizados) que se quemaron, como consecuencia del fuego acontecido unos años atrás en las instalaciones del antiguo Tribunal Marítimo en Ancón, lo que dificultó la reposición.
Observamos, a través de los años, que cada magistrado presidente de la Corte ha querido dejar sus huellas con el desarrollo de la administración de justicia, lo que ocasiona una competencia sana; sin embargo, en este sentido, también hay que advertir que muchas veces un magistrado presidente no adopta como política la continuación del programa de trabajo de un exmagistrado presidente, lo que ocasiona muchos gastos en recursos económicos, tiempo, etc. Por ello, la importancia que se siga un programa institucional.
Este año, el Presidente de la República, en su facultad constitucional de designar a los magistrados de la Corte Suprema, debe nombrar a seis magistrados el reemplazo de Almengor (ya hecho), así como los de Cigarruista y Spadafora, cuyos períodos se vencen en el mes de diciembre, además de los tres magistrados de la llamada Sala Quinta, de Instituciones de Garantía, lo que es una oportunidad propicia para que se fortalezca el Órgano Judicial con profesionales del derecho que sean íntegros y con una solidez de principios éticos y morales.
No obstante, reconocemos que cualquier nombramiento que haga el Presidente de la República puede estar sujeto a las críticas, porque ese es el juego de la democracia, en el que siempre habrá un sector inconforme.
Ojalá todos los sinsabores y algunos ataques contra la administración de justicia sirvan para perfeccionar y fortalecer, tanto el Órgano Judicial como el Ministerio Público, y para que “los principios de justicia” de los que habla el autor John Rawls, en su obra Teoría de la Justicia, prevalezcan en el sentido de que una sociedad justa no está sometida a la negociación política ni al cálculo de interés social, en el que la verdad y la justicia no pueden ser transables.