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Paradójicamente, un temporal sacude a la justicia panameña, mientras el crecimiento económico en la región es evidente. Sin embargo, el proceloso momento que vive el Órgano Judicial y que se registra en importantes diarios extranjeros no es ajeno a las autoridades del Estado ni a los dirigentes nacionales, pero ninguno, absolutamente ninguno, se conduele por la patria ante el desprestigio, la desconfianza y la ausencia de uno de los fines más preciados de la Constitución Nacional: la justicia. Pero, los escándalos recientes no son los únicos que exasperan a la sociedad. Lo son, con la misma fortaleza, pero con menos difusión, esos códigos domésticos que se aplican sin desmedro en decenas de despachos judiciales del país, dándole vida a ese burdo, pero real adagio popular: “Cada juez llega con su librito bajo el brazo”. Es inexplicable que al amparo de una aparente interpretación legal, se profieran fallos que contradicen y cercenan derechos válidos de humildes ciudadanos que miran, inermes, cómo son asaltados, con vericuetos jurídicos traídos de los cabellos.

Por supuesto, hay quienes se liberan de las cargas arguyendo que para eso existen los medios de impugnación que recogen los códigos nacionales, de forma que el superior jerárquico revise y revoque la resolución que, aparentemente, deniega una pretensión. Aquí surge otro serio cuestionamiento: ¿Cuántos de esos superiores se atreven a revocar un fallo emitido por su nombrado? Muy pocos.

Porque, recordemos que conforme a la Constitución y la ley, empezando por la Corte Suprema de Justicia, cada instancia nombra a sus subalternos, de modo que ante una mala designación de un juez, se pondría en tela de juicio la capacidad nominadora de los superiores, demostrando que el sistema no ofrece credibilidad ni confianza ciudadana. Por ello, explican los litigantes, la tendencia es que los fallos sean confirmados para no crear suspicacias que aludan a la sesgada elección de muchos jueces.

Varias de las anomalías que se conocen en el Órgano Judicial le son atribuidas, con simpleza, al vetusto sistema de nombramiento de los juzgadores del país que, dicho sea de paso, se mantiene incólume para pagar favores o por amiguismos y respaldos políticos.

Esos males yacen enquistados sin recibir la cura que reposa en el consuno de los órganos del Estado. Los foros académicos reclaman, sin cortapisa, una política de Estado que instaure un ente y un mecanismo elija jueces probos por méritos. La convivencia con el sistema de siempre impide fortalecer la joven democracia panameña, ávida de justicia.