Las sociedades del mundo, ayer y hoy, siguen debatiendo a través de diferentes medios y espacios un problema que, a pesar de haberse caracterizado como tal desde épocas remotas, no ha podido superarse: la inseguridad generada por el temor ante el fenómeno delictivo.
Los temas relativos a la inseguridad ciudadana basados en una percepción, con base cierta o no, del aumento de la criminalidad y de un sistema de justicia penal poco funciona, llevan a su abordaje de una manera improvisada y, por ende, equivocada, confusa e imprecisa.
Al respecto, conviene señalar que una política criminológica debe concebirse como parte de las políticas sociales del Estado en un concepto integral participativo y democrático, en el que se pongan en práctica los conocimientos de la criminología y de las ciencias penales para el abordaje técnico-científico del fenómeno criminal, haciendo énfasis en la prevención primaria, sin soslayar la necesidad de represión del delito; es decir, de la prevención secundaria.
La planificación de la política criminológica conlleva la selección de fines y presupuestos de la justicia penal, lo que amerita una previa evaluación del funcionamiento del sistema en vigencia, de la realidad nacional y su consecuente plan y estrategia de desarrollo.
Tradicionalmente se ha planteado la necesidad de una reforma penal sin el sustento de la política criminológica –práctica en la que se debe sustentar dicha reforma–, esto ha provocado la adopción de medidas improvisadas; en consecuencia, no se obtienen los resultados esperados en torno al fenómeno delictivo: su disminución razonable.
Conviene establecer algunas consideraciones que deben atenderse al delinear una política criminológica, la que debe sustentarse en una planificación realista y pragmática. Ello que implica lo siguiente:
1. La creación de un ente responsable, que supervise, oriente, coordine y evalúe la ejecución de la política con independencia presupuestaria.
2. Se deben agotar cuatro fases fundamentales: preparación y formulación, adopción, aplicación y, posteriormente, someterse a un sistema de evaluación.
3. La política criminológica y el sistema de justicia penal están interconectados. La primera establece los principios fundamentales y la otra su materialización, lo que conlleva su organización y articulación.
La Universidad de Panamá, a través del Instituto de Criminología, ha sido reiterativa en la necesidad de contar con una verdadera política de Estado, sostenible en el tiempo, debidamente planificada con los recursos técnicos y financieros necesarios y suficientes. Una política con este enfoque no se limita a un plan de gobierno, pues el fenómeno delictivo sigue la dinámica de la sociedad.
No desaparece, evoluciona, se transforma de manera sostenida empleando la tecnología, cada vez más organizada y planificada; por ello logra rebasar los mecanismos de control social, que resultan ineficaces ante tan creciente fenómeno. Por lo anterior, reiteramos y mantenemos como uno de los objetivos prioritarios ayudar a que se establezca una política criminológica que favorezca, entre sus principios básicos, la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo humano sostenible, la prevención y una verdadera justicia social.
Política criminológica, una prioridad de país. Aida Selles de Palacios
