A los abogados que se dedican a tramitar en las dependencias del Órgano Ejecutivo el tema les será bastante conocido y a la sociedad civil, que espera una solución a sus múltiples solicitudes, le será aún más.
Constantemente, escuchamos referencias de la mora judicial en los medios de comunicación, pero se refieren solo al atraso en los expedientes que reposan en los juzgados y en la Corte Suprema de Justicia; tengo que aceptar que esta mora ha mermado considerablemente por medio de programas tendientes a emitir fallos a más corto plazo. Pero el Órgano Ejecutivo sufre una gran mora en los expedientes judiciales o jurídicos que se tramitan en sus instituciones, particularmente en las direcciones de asesoría legal de ministerios como Educación, Salud, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias; son lugares en los que a paso de tortuga se resuelven las peticiones de los usuarios del sistema, de las personas que pagamos con nuestros impuestos los salarios de esos mismos funcionarios que están encargados de dirigir la justicia administrativa (si me permiten la licencia de redacción).
Particularmente, como abogado, he metido expedientes en algunos despachos que ya llevan entre 8 y 10 meses, otros más del año, esperando que un funcionario se pronuncie; incidentes de nulidad que son, por ley, de previo y especial pronunciamiento, pero tienen 12 meses a la espera de que alguien los resuelva; recursos de reconsideración por destituciones de funcionarios que jamás han contestado las autoridades y apelaciones que pasan meses en un escritorio, esperando que alguien las desempolve.
El problema radica en que el abogado y la parte no pueden acudir a otras instancias hasta agotar la famosa vía gubernativa y, sin ese fallo, serán rechazados cualquiera otros recursos que se presenten ante la esfera judicial.
Parece que el juego del Ejecutivo es ver quién se cansa primero o hasta dónde aguantan los abogados, sin poder seguir cobrándole honorarios a los representados; al final de cuentas el Estado, o sea nosotros, terminamos pagando cientos de miles de dólares en indemnizaciones por estas demoras en la administración de una justicia que debería ser expedita.
Las leyes no se aplican, solicitudes que tienen entre 30 y 60 días para ser contestadas demoran meses, sino años, para siquiera revisar qué es lo que se plasmó.
Basta de tanta demora, den respuesta a las peticiones, nieguen el derecho si es que así lo consideran, permítanle a las personas conocer el estado de sus casos y a los abogados defender el derecho de sus representados. Ahora que se acerca una nueva elección del Colegio Nacional de Abogados y que todos los colegas del gremio se reactivan, les dejo como reflexión que fortalezcan este renglón de la administración de justicia, porque al ser tardía ya no es justicia. Aquello que favorece a nuestro representado quedará en una mera ilusión, al no recibir una respuesta.