La falta de independencia enerva a la Defensoría del Pueblo (DP), así como la kriptonita debilita a Supermán. La verdad es que aunque la DP no tiene superpoderes, la fortaleza principal es su fuerza ética.
El enfoque conceptual de los derechos humanos en que se centra la DP debe ser la integralidad, y no solo la dimensión jurídica política. Es decir, que debe hacer énfasis en la labor de subrayar y concretizar la visión de los derechos humanos de la población.
La DP es un poder público sin capacidad coactiva, cuya fuerza fundamental es ética. Debe abrir cauces institucionales para la promoción y defensa de los derechos humanos, y para que la propia ciudadanía defienda sus derechos.
Por ello, la DP debe poseer la legitimidad y la credibilidad para desarrollar eficazmente su importante labor. Si la DP es escogida de manera tal, que presuponga inclinaciones partidistas y es manejada por intereses creados, se pierde en el camino la principal arma de que dispone esta institución, la necesaria legitimidad nacida de la ética.
Con anterioridad, una y otra vez, la Asamblea Nacional ha ofrecido garantías públicas de que el proceso de escogencia se realizaría con base a méritos y trayectorias. Esto ha convocado un número plural de personas, entre ellas muchas preparadas y capacitadas, que han aspirado al cargo, pensando que los diputados se basarían en una visión de Estado, anteponiendo al país a los intereses específicos de facciones, partidos o grupos. Lamentablemente no ha sido así. Paulatinamente el discurso inicial de objetividad ha demostrado la cruda realidad del ungido, producto de las cuotas de poder y de los espacios políticos, haciendo del nuevo funcionario solo un rehén de intereses ajenos a su misión.
Cada vez que esto se repite, perdemos todos y todas como sociedad panameña, incluyendo la credibilidad de los partidos políticos del Ejecutivo y el Legislativo. En la práctica, se lesiona profundamente a la propia Defensoría del Pueblo, debilitada por su baja legitimidad, y esencialmente se castiga a la protección, defensa y promoción los derechos humanos de la ciudadanía.
Bien lo afirmó el presidente Obama, en su discurso realizado hace menos de dos años en la Universidad de El Cairo (quizás premonitorio de la actual revolución democrática del pueblo egipcio): “Hay quienes abogan por la democracia solo cuando no están en el poder, y ya en el poder, no tienen misericordia al buscar la supresión de los derechos de otros. No obstante donde ocurra, el gobierno del pueblo y por el pueblo establece un solo estándar para quienes están en el poder: deben mantener su poder a través del consentimiento, no la coerción… deben poner los intereses de su pueblo y los procesos políticos legítimos por encima de su partido”… y agregaría, y de sus intereses particulares, de sus ambiciones de ganar más y tener más poder autocrático.
La situación de los derechos humanos en este país, se torna cada día más difícil, pues nos encontramos con una fusión del poder político y económico, que parece querer llevar a cabo sus planes con menoscabo de los derechos ciudadanos. Es por ello tan importante que la Defensoría del Pueblo cumpla cabalmente el propósito de su misión. En las próximas semanas quedará demostrado, si la DP correrá con la misma suerte que otros mecanismos de controlar el poder como la Corte Suprema, la Contraloría, o la Procuradoría, y si los diputados tendrán el valor de empinarse y escoger como Dios manda al defensor o la defensora.
Creo que deberíamos sacar la elección de la DP de la Asamblea, y abrir a consulta y participación ciudadana la elaboración de un mejor modelo democrático para el fortalecimiento de esa institución.
A los ciudadanos y medios de comunicación nos corresponde mantener una actitud crítica, activa y vigilante en relación al escogimiento y las labores que realiza la DP, propugnando que sus tareas se implementen con transparencia, sin favoritismo o parcialidad; impulsando todos los mecanismos que posee a su alcance para el correcto abordaje de los actos u omisiones de las autoridades y servidores públicos, que impliquen violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Apostando por la creación de procesos de auditorías ciudadanas, y propugnando por el establecimiento en la DP, de un organismo de consulta con representación de los diversos sectores nacionales, que permitirá una mejor planificación estratégica, monitoreo y evaluación de actividades que debe impulsar la entidad.
Supermán no existe, y los verdaderos superpoderes están en los pueblos cuando son dignos y libres, contra ellos no hay kriptonita que valga.


