Hace nueve años, la Organización Internacional del Trabajo instituyó el primer día mundial contra el trabajo infantil como un momento de convergencia y de alta visibilidad para las diferentes iniciativas a favor de que niñas, niños y adolescentes puedan estudiar y jugar así como educarse mejor para desarrollar lo más plenamente posible sus potencialidades e insertarse mejor en el mundo laboral y productivo.
La OIT colabora con Gobiernos y actores sociales para establecer marcos jurídicos e institucionales así como para formular y ejecutar políticas públicas con el fin de eliminar el trabajo infantil, especialmente sus expresiones más peligrosas. La prevención es un componente esencial de estas acciones así como el apoyo a iniciativas privadas que busquen dar a la infancia un futuro más prometedor. Los Estados americanos miembros de la OIT consideran que una de sus metas es el combate contra las peores formas de trabajo infantil y la eliminación de este tipo de trabajo. Ello es razonable si es que la “década de oportunidades” que ha iniciado Latinoamérica es también, como debe ser, una década de oportunidades para sus ciudadanos más jóvenes.
Este año el foco del Día Mundial contra el trabajo infantil son los llamados trabajos peligrosos. Estos son aquellos que, por su naturaleza, es probable que dañen la salud, seguridad o moralidad de los niños que se vean obligados a desempeñarlos. Las consecuencias de este tipo de trabajo pueden ser inmediatas o a largo plazo: lesiones, discapacidad o incluso la muerte.
En la agricultura, los niños que trabajan están expuestos a pesticidas o fertilizantes tóxicos, herramientas cortantes, cargas pesadas o pueden sufrir ataques o mordeduras de animales o insectos. En las minas, las amenazas no son menores por la exposición a sustancias químicas, explosivos o riesgo de derrumbes. En el trabajo doméstico niñas y niños pueden ser víctimas de distintos tipos de abuso, como largas horas de trabajo o aislamiento de sus familiares y pares.
Las Normas de la OIT (Convenios 138 sobre edad mínima y 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, así como las recomendaciones 146 y 190) obligan a Gobierno, empleadores y trabajadores a determinar los tipos de trabajo que se consideran peligrosos en el contexto y a prohibir dichos trabajo para los niños. Todos los países centroamericanos han ratificado los dos convenios internacionales de la OIT y la mayoría ha aprobado o está en proceso de aprobar un listado de trabajos peligros para niños. Más aún, han diseñado una hoja de ruta para eliminar el trabajo infantil del istmo centroamericano para 2020.
Se estima que 115 millones de personas, entre 5 y 17 años de edad, trabajan en condiciones de peligro en sectores tan diversos como la agricultura, la minería, la construcción, la manufactura, la industria de servicios, la hotelería, los bares, la restauración, los establecimientos de comida rápida y el servicio doméstico; tanto en países industrializados como en países en desarrollo. La OIT estima que unos 22 mil niños mueren en el trabajo cada año; pero se desconoce el número de niños lesionados o que caen enfermos debido a su trabajo.
La cuestión del trabajo infantil peligroso no es menor y demanda, especialmente en países donde las secuelas de la crisis financiera internacional todavía son vigorosas, vigilancia pública y ciudadana para no recurrir –en estos momentos- al trabajo infantil como un atajo para la obtención de ingresos para las familias más pobres.