A mediados de la década de 1970, un grupo de inversionistas norteamericanos llegó a Panamá en la búsqueda de un lugar donde llevar a cabo operaciones de trasiego de petróleo en aguas del Pacífico. El Gobierno dictatorial de entonces, muy hábilmente, los convenció de que era menos riesgoso realizar esas operaciones en tierra y desde instalaciones permanentes, para lo cual ofreció concesiones a cambio de acciones. Surgió la primera empresa mixta en la que el Estado se hace del 25% de las acciones, proporción que poco después se incrementó al 40%, cuando la empresa decide ampliar las operaciones y construir otra terminal en el Caribe, unida a la existente en el Pacífico por medio de un oleoducto.
El Estado logró en esta operación un negocio redondo. Por un lado, cobra una muy buena regalía por cada barril de crudo transportado, cobra un impuesto sobre la renta del 50%, impuesto de dividendos del 10% y le garantiza al tesoro municipal de los 11 distritos por donde pasa el oleoducto una regalía de un millón de dólares anuales.
Hoy, después de otras ampliaciones que han significado nuevas inversiones millonarias que han requerido la extensión del contrato, el Estado panameño ha incrementado su cartera accionaria al 52% de las acciones de la empresa. No creo necesario abundar sobre la otra derrama que incluye: servicios públicos, salarios, seguro social, compras en el comercio nacional, etc. y cuando finalmente termine el contrato, todas las instalaciones pasarán a ser propiedad de la Nación.
Contrasta enormemente con lo que ha acontecido en la segunda mitad de la década de 1990, en plena democracia, en la mina Santa Rosa de la provincia de Veraguas, específicamente en el distrito de Cañazas, donde se extrajo oro en cantidades que desconozco, hasta que fue lucrativo. Al principio el proyecto desarrolló una gran actividad económica en el área, ya que prácticamente toda la vida giraba en torno a la actividad de la mina y esta incluía no solo la contratación de la fuerza laboral durante la fase de construcción y explotación, sino también contratos en concepto de alquileres y otros servicios.
Alrededor del año 1999 empezaron a darse problemas con la extracción del mineral. Se fue haciendo más difícil y costosa la extracción y esto obligó a modificar los procesos utilizados hasta el momento, lo cual generó un incremento inusual en los costos de operación.
Ya para el año 2000, la empresa se declaró en quiebra y el personal extranjero que dirigía y representaba a la empresa abandonó el país, incumpliendo todos los compromisos de cierre de la mina, además de sus compromisos laborales y aquellos con sus proveedores.
Vale la pena averiguar qué nos pueden decir los habitantes del distrito de Cañazas, de cómo se sienten hoy y asomémonos a ver cuál es el panorama que nos quedó de esa aventura.
Volviendo al presente. ¿No sería más sensato y provechoso para el Estado y el país, convertir las concesiones en acciones, sin dejar de cobrar las regalías acostumbradas (entre 5% y 10% del producto bruto) y ser parte activa del negocio?
Los beneficios económicos serían mayores y desde la posición de accionista se puede vigilar el desarrollo del negocio y exigir el cumplimiento de las leyes y de las medidas de protección ambiental que garanticen una “minería responsable”, término muy usado en los últimos días por los defensores del negocio, quienes parecen olvidar que la primera responsabilidad de los directivos de estas empresas es hacia sus accionistas.
Si nos permitieran la oportunidad, recomendaríamos a los actuales gobernantes que prendan las luces largas, dejen de actuar como políticos y comiencen a pensar como estadistas. Por un momento, detengámonos e imaginemos cómo será el país que le estaremos dejando a los panameños del año 2050, si no se endereza el rumbo hoy.
A propósito de la minería a cielo abierto. José G. Thomas S.
