Hace unos días, 16 organizaciones chiricanas enviaron un comunicado al país que tuvo poca divulgación. En dicho comunicado las organizaciones mostraban su decepción por el retiro de la mesa del diálogo facilitada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, de la empresa Electron Investment, que planea construir las hidroeléctricas de Pando y Monte Lirio. Dichas organizaciones no se oponen a la generación de energía eléctrica, pero sí reclaman condiciones mínimas de consulta, transparencia y fundamento científico.
A pesar de que las cifras indican que Panamá vive un momento de auge económico, dichos beneficios no están siendo disfrutados por todos los sectores de la sociedad. Pese a la implementación de mecanismos de re-distribución, como 100 para los 70 y la red de oportunidades, lo cierto es que el alza en los precios de los alimentos y del pasaje, las deficiencias en los servicios de salud, educación, transporte y justicia siguen impactando negativamente a los grupos económicamente vulnerables.
Pero no es solo que los beneficios no están siendo equitativamente distribuidos, es que los costos de ese crecimiento económico también están siendo cubiertos por grupos económicamente y políticamente menos favorecidos.
Proyectos como la ampliación del Canal, el Metro, las minas, los glamorosos edificios, los centros comerciales y las autopistas requieren de grandes cantidades de recursos naturales, particularmente materiales de construcción y energía. Esta demanda de energía eléctrica, sumada a la tendencia alcista del petróleo, ha producido disparates tales como la planificación de 19 proyectos hidroeléctricos solo en la cuenca del río Chiriquí Viejo.
Generalmente, en una planta hidroeléctrica se detiene el flujo del río, mediante la construcción de una presa que hace que el agua se acumule en un embalse. Esa agua se canaliza luego por una tubería hasta una sala de máquinas, donde hace girar las turbinas, acción que un alternador transforma en energía eléctrica.
Aunque los tamaños de las presas varían y algunos proponen solo canales de conducción, el resultado es que 70 de los 161 kilómetros de la cuenca serán afectados. En esos tramos no habrá agua ni para la gente, los animales y los cultivos, ni río para pescar en tiempos de carestía, ni para lavar la ropa, ni charco para ir a jugar.
Pero no solo comunidades locales serán afectadas. La construcción de proyectos hidroeléctricos ha generado una ola de especulación de tierra en la que el campesino es forzado a vender ante la perspectiva de perder el acceso al agua. Esto ocurre en una importante zona de producción de ganado de carne, plátano, maíz, frijoles, tomate y ají, lo que significa que habrá una menor oferta de estos productos y que todos tendremos que pagar más por ellos.
De hecho, los costos de producción ya se han incrementado, porque conseguir un peón es casi imposible. Buena parte trabaja ahora construyendo hidroeléctricas. ¿Es esta la mejor opción para el uso de nuestros recursos? ¿Quién y cuántos ganan y quién y cuántos pierden con estas decisiones?
El acaparamiento y explotación desordenada de nuestros recursos, sin la mediación de un Estado que considere por igual los intereses de todos sus asociados, se ha convertido en una fuente importante de conflictos como los acaecidos en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.
Se hace urgente que el Gobierno establezca una política coherente, que incorpore el uso de múltiples formas de energía y que dichos proyectos cumplan los requisitos de sostenibilidad social, ambiental y económica como exige un moderno estado de derecho.
¿Quién paga los costos del auge económico? Indra Candanedo
