La competitividad se define como la habilidad de una industria o empresa a diferenciarse de manera sostenida de su competencia mejorando la calidad o bajando los precios a sus productos. Hoy por hoy, los economistas reconocen ampliamente que los gobiernos juegan un papel preponderante en cuanto a que las empresas logren este objetivo, pero ¿cuánto y cómo debe intervenir un gobierno para lograrlo?
Según Michael Porter, precursor de la teoría de ventaja competitiva, el gobierno juega un papel fundamental sobre los cuatro elementos que conforman el llamado diamante de Porter, a saber: Condición de los factores, industrias conexas, condición de la demanda y estrategia de la empresa y estructura y rivalidad.
Ese papel se concreta de diferentes formas. Por ejemplo, la condición de la demanda, que tiene que ver con la sofisticación de los clientes de una empresa, se estimula imponiendo ciertas regulaciones o estándares que estimulan un mejoramiento de la calidad de la producción.
En cuanto a las industrias conexas, que se relaciona con reforzar el encadenamiento dentro de una industria, se influye promoviendo la asociatividad y fomentando los llamados clusters o conglomerados para aumentar las sinergias y generar conocimientos entre los actores o empresas claves.
Igualmente, el gobierno influye sobre el componente condición de los factores, que comprende la disponibilidad de insumos o recursos, fomentando la educación para mejorar la calidad de la mano de obra y mediante el fomento de la investigación tecnológica que aumenta a su vez la productividad.
En relación con la estructura y rivalidad, que se mide a través del nivel de competencia entre los agentes del mercado, se influye a través de políticas anti monopólicas. En este aspecto, los gobiernos juegan un papel determinante en promover ventajas competitivas, su rol apunta a ser un promotor. Es decir, el gobierno estimula o impulsa la competitividad, pero esta debe ser en última instancia protagonizada por las empresas.
En cuanto a Panamá, el documento Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014 identifica una serie de sectores en los que se aplicaría una política de desarrollo de la competitividad. Estos sectores incluyen el de logística, turismo, agricultura y sector financiero. Más aún, el plan resalta que estos sectores presentan oportunidades para aportar más al producto interno bruto y generar empleos de calidad. Por ello plantea una estrategia que se enfoca en concertar esfuerzos en torno a crear condiciones que le brinden a estos sectores clave ventajas sostenibles.
Esta definición es importante y está en línea con la referida concepción de competitividad sostenible.
Otro objetivo que define el documento consiste en mejorar la infraestructura del transporte para acortar los tiempos y mejorar la conectividad y el flujo de carga.
Igualmente, recomienda mejorar la coordinación interinstitucional para atraer más inversiones ya que, actualmente, las empresas internacionales tienen que lidiar con una red de interacciones del gobierno y del sector privado. Se infiere así que el plan plantea reducir y simplificar los procesos y requisitos para que las empresas extranjeras operen competitivamente.
Los anteriores son ejemplos de cómo, efectivamente, el gobierno puede estimular la competitividad, buscando un equilibrio entre intervenir estratégicamente y reforzar o mejorar las condiciones bajo las cuales han de operar las empresas.
Finalmente, un factor que podría reforzarse es que el Estado facilite la conformación de conglomerados y el encadenamiento de los actores claves de ciertos rubros y servicios estratégicos. En el país hay importantes antecedentes que podrían aprovecharse y dar así un impulso integral al plan y garantizar de este modo un sostenido crecimiento de la economía nacional.