El libre mercado ha comprobado, a través de la historia, ser el sistema más adecuado para coordinar la actividad humana dentro de la sociedad. La razón de esto es que los mecanismos de mercado permiten la obtención por parte de individuos de los productos y servicios que desean, mediante transacciones voluntarias que benefician a ambas partes en el intercambio.
Estos mecanismos de mercado, la competitividad, la cooperación y el intercambio voluntario entre individuos, el sistema de ganancias y pérdidas y el mecanismo de precios libres, permiten un ajuste constante entre las fuerzas de demanda y oferta y permiten la distribución de recursos de la manera más eficiente posible en su rendimiento útil.
Las maravillas del mercado pasan muchas veces sin ser percibidas por nosotros. El carro que conduces no fue fabricado ni remotamente cerca tuyo e incluye componentes de todas partes del mundo, entre materiales americanos, piezas europeas y tecnología producida en el continente asiático.
No obstante, allí está, delante tuyo, listo para ser conducido. ¿Acaso fue el Gobierno quien coordinó este arreglo de piezas? ¿Acaso fue una sola compañía la que minó, desarrolló, pensó y produjo todos los componentes necesarios para producir tu carro? La respuesta claramente es no. Tu carro es el producto de un meta-sistema, un mecanismo internacional de coordinación y transferencia de información y productos, controlado por nadie en particular y del que todos somos parte.
Este sistema opera bajo leyes bastante confiables, que utilizan la información comunicada por los mecanismos de mercado. Un ejemplo, supongamos que hay una sequía en un país que produce algún producto agrícola. En ese caso, el productor necesitaría invertir muchos más recursos (mano de obra, maquinaria, horas de trabajo) para cumplir con la cuota necesaria y satisfacer la demanda internacional. El mercado, mediante el mecanismo de precios, informa a los compradores que deben transferir más recursos al productor, si es necesario que siga produciendo, por tanto, el precio del bien sube. Ese nuevo precio permite al productor mantener su producción e incentiva a otros destinar sus recursos a la producción del bien. En cuanto a la demanda, disminuye la cantidad de compradores y proporciona el producto escaso entre los compradores que quedan.
Que un gobierno sea tan orgulloso y vano en pensar que mediante legislación puede alterar los mecanismos de mercado, está engañado. ¿Qué sucedería si en el ejemplo anterior, el Gobierno estableciera un tope al precio del bien? Primero, el productor debería seguir satisfaciendo la demanda sin poder subsidiar la inversión de más recursos, lo que llevaría a mayor escasez. Segundo, los otros agentes productores del mercado no optarían por producir el bien, lo que reduciría la cantidad eventual que estaría disponible. Tercero, la demanda continuaría al mismo precio, por lo que no se suministraría adecuadamente y se generaría, inclusive, mayor escasez mientras que los primeros en acceder a la oferta acapararían las unidades disponibles del bien.
La legislación de regulación de precios es favorable a ciertos individuos en el corto plazo, porque permite que los primeros consumidores continúen consumiendo un bien a costa de la disminución de valor de los inventarios de los productores y de la escasez de los consumidores eventuales. Pero en el mediano y largo plazo afecta a ambas partes, generando una escasez impuesta del bien y disminuyendo los ingresos de los productores y los beneficios a los consumidores.
Pensar que un edicto o un decreto pueden solucionar las penas de transporte y del costo elevado del combustible en nuestro país es una arrogancia fatal. Además, cobrar un impuesto para continuar el financiamiento de tal arrogancia es doble el insulto. La solución de mercado sería eliminar los techos de precios y los impuestos sobre el combustible y desregular el mercado de transporte, eliminando los cupos para transporte selectivo.
Si el Gobierno desea participar en la economía de transporte, lo recomendable es realizar proyectos que, en vez de beneficiar a ciertos grupos (subsidios a transporte selectivo), pare de dirigir fondos públicos a temas ridículos (publicidad estatal, torres financieras) y los destine a inversiones que benefician ampliamente a la sociedad (reparación de carreteras, un tren de pasajeros y carga de Chiriquí a Darién que facilitaría el movimiento de productos nacionales hacia la ciudad y de productos internacionales hacia el interior). Fuera de temas ideológicos, no hay legislación que pueda derogar o alterar las leyes económicas de oferta y demanda. La regulación de precios genera escasez, mercados negros y economías informales. Un gobierno educado en políticas económicas se aseguraría de evitarse estos problemas. Al final, la única buena escasez es aquella gubernamental.