No puede negarse que el Dr. Belisario Porras ejecutó sin reservas la más grande hazaña lograda por un presidente en los albores de la república. Logró consolidar el Estado panameño mediante la creación de entidades públicas, también, construyó una multiplicidad de edificaciones, entre ellas el Banco Nacional, los Archivos Nacionales e hizo significativas restauraciones en el Palacio de las Garzas y el hospital Santo Tomás.
Es de sorprender que un humilde interiorano, oriundo de Las Tablas, acumulara tanto conocimiento y prestigio, producto de una buena formación académica y dosis de sentido común. Hay que comprender que, aunque los tiempos exijan cambios, estos no deberán atentar en contra del sagrado principio de la memoria histórica. Sin estos atributos Omar Torrijos no hubiese logrado jamás la recuperación de los territorios ocupados en la antigua Zona del Canal, sus acciones inmortalizaron esa proeza imborrable.
Puedo asumir que la formación intelectual de quienes atentan directamente en contra de los bienes culturales no es más que producto de la ignorancia y el desconocimiento de los valores culturales de un país.
Pareciese ser que los sitios históricos-culturales no son más que adefesios y que no engrosan las arcas del Estado un beneficio real, planteamiento expuesto por los funcionarios de gobierno y que sustentan bajo la argumentación fantasiosa de que la transformación de la ciudad está en la cantidad de obras planificadas, no en la recuperación de nuestro patrimonio edificado; es así que encontramos un barrio como San Felipe que carece de una política de inserción en cuanto a su gente, relegada a servir a la nueva clase económica y que no responde a los esfuerzos que, en 1998, el Gobierno de España hizo a través de la Comisión de alto Nivel para la puesta en Valor del Conjunto Monumental, que planteó la planificación y gestión del Casco Antiguo tomando como ejemplo la ciudad de Santiago de Compostela, en España, o La Antigua, en Guatemala, dignos ejemplos de integración social.
Me sorprende que la retórica por la construcción de una carretera de circunvalación por el Conjunto Monumental esté vigente, cuando contradice el principio universal de conservación que todos los países signatarios respetan por derecho; pero más sorprendente es que ni la Dirección de Patrimonio Histórico ni la Oficina del Casco Antiguo hayan intervenido de manera enérgica ante tantos desatinos, manteniendo una postura complaciente en cuanto a su decisión, reafirmando con su actuación incompetencia y servilismo.
Aun así y habiendo capitulado estos hechos, esos mismos mercenarios atentan contra las estructuras del hospital Santo Tomas, insigne legado de arquitectura neoclásica que, mediante Ley 14 del 5 de mayo de 1982, se ampara como Patrimonio Histórico de la Nación y que, con el aval de la máxima autoridad de la República, han decidido ejecutar una obra que solo enaltecerá el ego de su arquitecto y el capricho del primer mandatario.
Es inaceptable que el patrimonio edificado sea objeto despreciable para aquellos que solo miden su ego en función de sus atributos personales y que no comprenden que la historia no se inventa, solo se reescribe.