La libertad de expresión solo cabe ser respetada por absolutamente toda la ciudadanía, porque es un derecho inalienable de todo ciudadano, como lo establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, cuya completa lectura debiera ser obligatoria para todos los altos funcionarios públicos; y cualquier proposición a “discutir en sí” dicho derecho solo puede considerarse como un atentado contra el mismo.
El Presidente de la República y el arzobispo de Panamá, ciertamente, podrán dialogar sobre cómo promover el respeto a este derecho, o sobre cómo evitar o reducir el número de calumnias e injurias y, definitivamente, todas las autoridades religiosas deben ser invitadas a participar en dicho diálogo, porque se trata de un problema de educación moral y cívica que atañe a todos, no solo a los católicos; pero primero debe quedar establecido que los casos de calumnias e injurias implican que alguien haya dicho falsedades y que lo haya hecho malintencionadamente, algo que no es derecho de ningún ciudadano.
Por consiguiente, este diálogo debiera empezar con una revisión de casos, como la reciente expulsión del país del periodista Francisco Gómez Nadal, ya que en repetidas ocasiones el actual ministro de Seguridad declaró, públicamente, que a las autoridades de Migración no les había quedado otro remedio que expulsarlo, porque en varias ocasiones le habían pedido que actualizara la autorización de su estadía en Panamá y que él, además de tener problemas maritales(¿?), no había querido hacerlo. Sin embargo, el citado periodista poseía una vigente cédula panameña para extranjero.
Entonces, ¿Quién pudo decir una calumnia y causar una injuria en la anterior ocasión? ¿O será que, así como la Asamblea Nacional aprobó una ley otorgándole una protección especial y anticonstitucional a los policías delincuentes, algo que definitivamente choca con los derechos universales del hombre, acaso nuestro ministro de Seguridad tiene algún tipo de licencia divina especial para calumniar e injuriar a cualquier ciudadano que haya criticado al Gobierno?
Ojalá el señor arzobispo de Panamá pueda ayudar al señor Presidente a comprender que, antes de considerar remover la paja del ojo ajeno, hay que ver la viga en el ojo propio.
Gilbert Keith Chesterton, insigne intelectual y escritor inglés de principios del siglo XX, señaló que “La teoría de la libertad de expresión, que la verdad es muchísimo más extensa, extraña y polifacética que lo que nosotros conocemos, por lo que es muchísimo mejor que a toda costa escuchemos la versión que todos tienen de ella, es una teoría que ha sido ampliamente justificada por la experiencia, pero que permanece como una teoría muy desafiante e incluso muy sorprendente”.
O sea que, más que tratar de restringir, ya sea en forma directa o indirecta, la libre expresión de opiniones, las autoridades gubernamentales, además de dar ejemplo del debido respeto a dicha libertad, deben tratar de promoverla y protegerla en todos los niveles de la sociedad panameña.