Estas fechas marcan un nuevo aniversario de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde los líderes mundiales debatieron sobre la fórmula necesaria para detener el deterioro del entorno, problema común a todas las naciones. Se presentaron, entonces, instrumentos jurídicos vinculantes, como el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, además de la Agenda 21, instrumento guía para organizar acciones de ámbito local con repercusiones globales, un acuerdo político y operativo sobre el manejo sostenible de los bosques y una declaración que establece los principios fundamentales de la gestión ambiental.
El primero de esos principios señala que los “seres humanos son el centro de las preocupaciones sobre desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. La fórmula descubierta, el desarrollo sostenible, busca la satisfacción de las necesidades de la presente generación, pero sin negar el derecho de las futuras generaciones a satisfacer las suyas.
Esto debería terminar la aparente batalla entre medio ambiente y progreso con la práctica de conductas ausentes del desarrollo tradicional, como la racionalidad, la solidaridad, la transparencia, el respeto a las culturas ajenas a la propia y a las demás formas de vida con que compartimos la tierra.
Preocupa que el estilo de desarrollo que se superpone sobre la sociedad panameña parezca desconocer estos preceptos y muchos otros que rodean el tema. Existe un gran arsenal de herramientas técnicas y legales que son útiles para llevar a cabo la tarea de tratar con eficacia la realidad planteada; sin embargo, otras crisis relacionadas se le traslapan, como la educativa, la cultural y la de valores.
No se puede gestionar el ambiente colocando a la política por encima de todo, no se puede practicar el derecho ambiental ignorando la normativa existente, ni se debe tomar una decisión económica pública o privada, pasando por alto los costos de proteger, manejar y reparar al ambiente.
El cumplimiento de la legislación ambiental es más que una colección de requisitos. Diariamente, los habitantes del país tomamos decisiones con el potencial de solucionar de a poco nuestra situación ambiental.
Es preciso un viraje de timón en la ruta seguida. La gestión pública ambiental, a pesar de contar con funcionarios muy valiosos, no está resultando suficiente para detener la creciente vulnerabilidad de los ecosistemas y de la calidad de vida de las ciudades y poblados, así como los muchos esfuerzos de los ciudadanos interesados, de las entidades internacionales que se encuentran en el país y de las empresas que se han colocado en la vanguardia del desarrollo sostenible panameño.
Todos los actores mencionados debemos buscar la manera de obtener mejores herramientas cognoscitivas, propias de la ciencia y la técnica, entre ellas la jurídica, pero con el sincero objetivo de que juntos hagamos que sea alcanzable el caro anhelo de rescatar al mundo de la voracidad de nuestras propias necesidades, ya por mucho descontroladas.