El día 13 de mayo, La Prensa publicó la encuesta de Unimer realizada a comienzos de la pasada semana y, según ella, el 63.9%. de los ciudadanos manifestó que la gestión de Ricardo Martinelli era “buena o excelente”.
No recuerdo que ningún presidente anterior haya calificado tan alto después de casi dos años de desgaste lógico en su ejercicio, y muchos otros ni siquiera a su inicio.
Esto no sería nada extraordinario si no fuera porque su aceptación es muy alta, pese a la campaña adversa que mantienen contra el Gobierno casi todos los medios de comunicación escritos, televisados y hasta hablados. Entonces es momento de preguntarnos: ¿Qué ocurre? Pues lo anterior pareciera señalarnos que se le está perdiendo confianza a tales medios y ello es muy preocupante, porque si estos no tienen credibilidad pública, entonces ¿qué sucederá cuando el país realmente necesite utilizar tal credibilidad?
Pienso que su origen radica en la discutible práctica de que la sola enunciación de una denuncia contra el Gobierno se publica como un hecho comprobado, sin siquiera otorgar la presunción de inocencia y, por supuesto, antes de que medie sentencia judicial.
Pongamos como ejemplo un caso reciente –que ni siquiera es político propiamente tal, para que no se piense que mi preocupación tiene tal origen– y es el del sentido fallecimiento del Sr. Raúl Leis.
Al respecto, varios medios y personas de la sociedad civil acusaban que un médico supuestamente le habría recetado un medicamento al cual era alérgico. Yo tampoco conozco la causa de su lamentable fallecimiento, ni sé si le hicieron autopsia, pero el solo hecho de que no se haya vuelto a publicar el tema parece indicarme que no existió tal alegada negligencia médica. Sin embargo, la leche habrá quedado derramada, pues los titulares quedaron impresos y no he visto ni oído retractación ni aclaración alguna de nadie.
Similar es el caso de varias personas, algunas de ellas periodistas, que afirman haber recibido amenazas de muerte, supuestamente originadas desde el Gobierno, y la sola acusación fue convertida en una sentencia condenatoria sin que mediaran pruebas ni, mucho menos, un juicio.
Y nadie ha muerto y ni siquiera hay nadie preso. ¿La nueva ley del embudo es que corresponde al acusado comprobar la falsedad de una acusación o debe ser lo contrario? ¿No puede cualquier persona malintencionada acusar falsamente buscando protagonismo político? ¿O algún deshonesto hacer una llamada anónima con fines aviesos?
Rehúso creer que los medios estén pensando únicamente en el rating, pues ello sería totalmente irresponsable y hasta podría conducir al país a una situación caótica, como las que ya han sucedido anteriormente en nuestra historia patria ante situaciones similares, pues nos consta que algunos de estos medios tienen una larga trayectoria de honestidad, de lucha ciudadana y de credibilidad que les impediría tirar todo por la borda solo para aparecer con el titular más escandaloso del día.
Hago este ejercicio para que meditemos porque, lamentablemente, según las encuestas publicadas, esto pareciera ser lo que perciben la mayoría de los panameños.