La Asamblea Ciudadana es un espacio organizado de la sociedad civil para promover la participación de los panameños en los asuntos del Estado y cuyo enfoque es ser inclusivo, amplio, plural, respetuoso de la diversidad. Ha convocado a sus reuniones durante su año de existencia a más de 100 gremios, sindicatos, comunidades, otras asociaciones y activistas de los derechos humanos, con plena autonomía y sus trabajos están dirigidos a la construcción de agendas nacionales y locales en temas de interés colectivo, mediante la participación en la toma de decisiones para la plena vigencia de los derechos humanos, la democracia participativa, el respeto al estado de derecho, la protección del ambiente y la transparencia de la gestión de los recursos públicos y la mejor calidad de vida de nuestro pueblo, entre otros objetivos.
Durante más de un año, la Asamblea Ciudadana ha trabajado para el logro de sus fines, manifestándose mediante resoluciones, comunicados a la Nación y otros pronunciamientos, entre ellos, sobre los hechos de Changuinola, la lucha de los pueblos originarios, la Ley 30, los problemas de la justicia y otras manifestaciones todas consecuentes con sus principios, pero constatamos que cada vez más el Ejecutivo profundiza la exclusión de los actores legítimos del Estado en la toma de las decisiones, como lo ha hecho con el desconocimiento al respecto sobre la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema.
La relación directa que hay entre la exclusión de la participación ciudadana en los asuntos del Estado está íntimamente relacionada a la exclusión que existe en nuestro país en la participación de la riqueza de la Nación; tenemos así que en los últimos años hay un crecimiento del 25% de la economía, pero los salarios de los trabajadores no se han incrementado, a pesar del elevado costo de la vida, porque quienes toman las decisiones no tienen la voluntad política de responder a los intereses del pueblo.
Hoy son muchos los problemas de los panameños, entre ellos la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, el acceso al agua potable y otros. Mientras la mayoría ciudadana reclama respuestas, los políticos se dedican a discutir la segunda vuelta electoral para concentrar más poder, sin responder a los pueblos indígenas de Panamá, que son los más empobrecidos, las víctimas de la masacre de Changuinola, los quemados en el centro de menores, los muertos y afectados por la ingesta de dietilene glycol y todas las víctimas de la irresponsabilidad, negligencia estatal y de la violencia, en especial las mujeres y todo un pueblo que sufre por el alto costo de la vida, los daños a su ambiente, la calidad de vida y la pobreza, sin que el Estado le brinde una respuesta justa, equitativa y humana a sus necesidades y demandas sin que el sistema de justicia responda adecuada y oportunamente.
Ante una corrupción institucionalizada por la concentración del poder, una justicia y Asamblea Nacional, Ministerio Público y demás instituciones dominadas por el Ejecutivo sin participación de la ciudadanía, escándalos de posible infiltración de dinero de delincuentes en las pasadas elecciones, la campaña de desprestigio y anónimas contra activistas de la sociedad civil y periodistas, el irrespeto a la libertad de expresión, el sometimiento del pueblo a la pobreza en un país muy rico y finalmente el llamado del Ejecutivo para reformar la Constitución para fortalecer su poder, la Asamblea Ciudadana el día 28 de mayo del presente emitió un comunicado a la Nación en el que se pronuncia sobre estos temas y, en particular, rechaza la propuesta de reformas a la Constitución y se manifiesta por un proceso de una constituyente, por una Constitución que consagre las nuevas relaciones sociales y políticas, dirigidas a estructuras coherentes con la democracia participativa y deliberativa por la que apostamos como ciudadanos panameños y convocamos al pueblo y sus asociaciones, a que nos acompañe en esta lucha.