“Estamos en un periodo en donde todo el mundo sabe que hay corrupción. Ahora queda identificar de dónde viene y quiénes son los involucrados...”, así más o menos, en respuesta al arzobispo Ulloa, declaró el Presidente en el acto con la Comisión Andina de Fomento, celebrado recientemente en la Presidencia. Él quiere que pasemos de la denuncia generalizada a dar los nombres de los corruptos. Que dejemos de decir a los cinco vientos que hay corrupción en su gobierno y comencemos a señalar a quienes la practican.
Tiene razón. Sin tácitas pruebas de quiénes son los tramposos en su gobierno, poco pueden los órganos de justicia ayudarlo a que cumpla con su cometido y promesa de que su gestión sería limpia y su gobierno actuaría con honestidad… y que los pillos corruptos irían presos. Tanto él como el vicepresidente Varela así empeñaron su palabra y buen nombre y reputación en la entrevista que les hizo Lucy Molinar cuando habían recién pactado su alianza durante la campaña electoral. (Vean la singular entrevista en http://www.youtube.com/watch?v=XEKh6l47B3s&feature=player_embedded).
El Presidente nos admite que “todos [él incluido] sabemos que hay corrupción”. Démosle entonces (y yo estoy sinceramente preparado a hacerlo) todo el beneficio de la duda que él y su vicepresidente merecen, y aceptemos sus aparentes sinceridades cuando nos aseguran que serían funcionarios honestos y honrados, dispuestos a castigar, con cárcel si es necesario, a cualquiera (hasta amistades y familiares, suponemos) que ande haciendo trampa con los bienes de nuestra nación o la conexión que tiene con el Gobierno.
Pero eso de que nombremos a los pillos no es tan sencillo. Es bastante engorroso. No seamos ingenuos. El problema con lo que nos pide el Ejecutivo es el inmenso costo personal que le resultaría a cualquiera de nosotros (o a quienes están cerca o dentro del Gobierno) presentar, promover y defender una denuncia legítimamente fundamentada. Los golpes que asume el whistle blower (denunciante) por su coraje cívico comprensiblemente inhiben el valor de muchos con buena causa para denunciar y exponer a corruptos.
Con el mugriento estado de nuestras salas de justicia y legislativa, nada bien le iría a quien, con coraje y valentía, se atreve a promover un proceso de acusación contra alguien que goza de cualquier margen de poder y protección dentro del Gobierno. Tanto el Presidente como nosotros, todos, sabemos lo cierto que es este esbozo de lo difícil que es hacer lo que nos pide nuestro Presidente.
Eso por un lado.
También está el hecho de que los actos de corrupción, por lo general, no son claramente evidentes. Las trampas se llevan a cabo en clandestinidades sofisticadas, mediante mordidas y coimas y arreglos que se negocian en susurros, por debajo de la mesa, y se pagan en maneras difíciles de rastrear, aun con las auditorías de investigación más escrupulosas. Las pruebas están tan bien ocultas que descubrirlas requerirían recursos y una voluntad de hierro que ni el arzobispo Ulloa y todos sus fieles pudieran invocar rezando juntos.
A quienes mejor le corresponde la obligación de señalar a los corruptos es al Presidente y su vicepresidente. Así cumplirían la palabra que le dieron al país en su entrevista con Lucy Molinar. Que sean ellos, empleando el peso de su honradez y empeño, los que demuestren que están comprometidos de veras con acabar con la corrupción durante su mandato. Que nos sirvan de facilitadores del proceso para exponer a sus causantes, comprometiéndose a promover las investigaciones de aquellas denuncias que tengan mérito. Y cuando las indagaciones evidencien el delito, asuman la responsabilidad de nombrar y acusar públicamente al corrupto. Son ellos los únicos que realmente cuentan con el poder suficiente y los recursos para estas tareas de limpieza.
Pero, ¿cómo podrían cumplir sus promesas con lo podrido que están las cosas en las salas de justicia y la Asamblea? Estamos seguros de que, amparados los dos por el peso moral de su compromiso de acabar con la corrupción, el pueblo entero estaría más que dispuesto a respaldarles la iniciativa de crear un departamento autónomo e independiente que recibiría y evaluaría las denuncias anónimas que le haríamos llegar por escrito, para que se investiguen y comprueben las que se determinen creíbles. De allí se le pasaría la información al Presidente para que se encargue, públicamente, de denunciar, dar los nombres y acusar ante los tribunales de justicia a los que ha nombrado como corruptos.
Utópica solución, sabemos, pero sería una buena manera de que el Presidente y su vice hicieran realidad lo que le prometieron a toda la nación en el programa de Lucy Molinar.