Según el Código de Trabajo vigente, el salario mínimo debe revisarse cada dos años a nivel nacional, a fin que corresponda a las realidades económicas del país. Al principio del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, el ajuste fue significativo, sin embargo la inflación en la economía ha sido también una constante galopante. Hoy día, la canasta básica familiar alcanza cifras alarmantes, al punto de que los grupos sindicales sostienen que el salario mínimo debe ser equivalente a 700 dólares mensuales.
Hace menos de dos años empezó a regir el último ajuste al salario; puede ser apresurado endilgarle el alto costo de la vida al citado aumento, tal como lo aseguran algunos economistas y empresarios, pero lo que sí es un hecho innegable es que todos los productos y servicios han subido estrepitosamente.
En defensa de los ajustes de salario, los sindicatos señalan que, precisamente, estos aumentos son una forma de realizar una mejor distribución de la riqueza de un país. Ante estas dos posiciones encontradas, el gobierno debe ser un mediador, ya que una posición paternalista dirigida a un movimiento obrero alejado de los intereses del capitalismo, ahuyenta las fuentes de trabajo.
Y una postura dirigida hacia el capitalismo salvaje, alimenta las rebeliones sociales.
Al final, el ajuste será determinado por el Ejecutivo, en caso que el sector empresarial y los gremios de trabajadores no concuerden en sus posturas. Y por los vientos que soplan, estos grupos tienen propuestas antagónicas, por lo que todo parece indicar que la ultima palabra será del Presidente.
Pero si la economía crece a un ritmo acelerado, ¿por qué los empresarios se resisten a los mencionados ajustes? Si bien es cierto, la economía panameña ha sostenido su crecimiento hasta convertirse en la segunda de toda América, las expectativas por los megaproyectos gubernamentales no han beneficiado a toda la clase corporativa.
Por otra parte, los ajustes fiscales en estos escasos dos años, han alcanzado a, por lo menos, 90% de las corporaciones domiciliadas en el territorio.
¿Qué puede hacerse para evitar que los ajustes de salario no se trasladen a los precios de productos y servicios? En una economía capitalista, la respuesta es simple; en el libre mercado en el que la oferta y la demanda dictan las reglas no se puede hacer nada. ¿Y en dónde queda la recuperación de la antigua Oficina de Regulación de Precios? Lamento informarles que ese tema quedó terminante prohibido por la Organización Mundial del Comercio, además ni se contempla en los tratados comerciales existentes.