Hace unos años se dio una disputa entre una actual ministra (otrora PRD) y la excandidata Balbina Herrera (otrora ministra del Mivi), por el supuesto incumplimiento en el alquiler de un edificio para albergar un Centro de Orientación Infantil del Ministerio de Vivienda. Este altercado degeneró en el remate del inmueble ante la imposibilidad de la actual funcionaria de pagar la hipoteca.
Al asumir el poder este gobierno, el Mivi solicita al MEF contratar con la ministra el alquiler de dicho inmueble por la suma de 200 mil dólares. Y sucede lo insólito. El MEF autoriza en diciembre de 2009 una contratación directa de manera retroactiva para beneficiar al contratista por un supuesto alquiler entre mayo de 2005 y abril de 2007. Pero en realidad la contratación se hizo con quien no era el propietario al momento de la misma, porque se había rematado. Y encima de todo, el Mivi ordena el cierre del centro ese mismo mes de diciembre de 2009.
Supongamos que el gobierno actual haya actuado sobre la base de un sentimiento de justicia, porque supuestamente su antecesor no haya pagado un aparente alquiler, a pesar de que esta transacción nunca estuvo debidamente formalizada. De haber sido así, el funcionario encargado en solicitar y autorizar el pago debió velar además por los intereses del Estado que representa. Es decir, debió exigir un finiquito que incluyera no solamente el asunto del canon de arrendamiento, sino además que cubriera los intereses de cada panameño en el tema de daños y perjuicios.
Pero no, frente a este desliz, con o sin conocimiento de causa, el Estado panameño enfrenta hoy una demanda por 1.3 millón de dólares y, peor aún, interpuesta por un funcionario que recibe del mismo Estado 7 mil dólares mensuales. Una persona que pretendió recibir dividendos del gobierno anterior (al cual le sirvió también como subdirectora de una entidad estatal) en virtud de un alquiler que, de mal negocio, pasa a ser bueno cuando es beneficiada retroactivamente por el gobierno al que le sirve ahora como ministra. Y para colmo de males, un hijo de ella, beneficiario de una beca pagada nuevamente con fondos del Estado, resulta que incumple un acuerdo al que se comprometió al asumir, digamos que de manera justa, dichos estudios.
Ante este relato no parece que se han puesto los intereses del pueblo por encima de los intereses individuales. ¿O sí? Y lo más grave es que podría darse la percepción, aun cuando no fuera así, que entrar limpio y salir millonario sigue siendo el norte de nuestros gobernantes. Todavía tenemos tiempo para descontinuar estas prácticas.