De acuerdo con el portal web de la Universidad de Panamá, se han aprobado programas de estudios (técnicos, licenciaturas, posgrados, maestrías y doctorados) a 42 universidades particulares.
Si sumamos las universidades oficiales, hay 47 centros de estudios de educación superior en el país. Si además se tiene presente que somos 3,405,813 habitantes según el último censo, quiere decir que en el país existe aproximadamente una universidad por cada 72,464 habitantes.
Se podría pensar, entonces, que el país posee una búsqueda educativa sólida en educación superior. Y, ciertamente, la oferta es amplia y variada. Esto en principio no está mal, siempre que la oferta esté amparada o sustentada en criterios ostensibles y exigibles de calidad. Pero, ¿es así? No lo creo.
Lo ostensible es, eso sí, una progresiva mercantilización –no de la educación superior en tanto que educación, sino de los títulos– tanto técnicos, como licenciaturas y posgrados.
Este hecho es explicable en parte por una excesiva valoración de diplomas en nuestro entorno y una cultura de puntuación para ascensos y reclasificaciones que per se no indican valor agregado alguno en el profesional, pues en no pocos casos esos profesionales (magísteres y doctores) son verdaderos analfabetos funcionales diplomados, que no son capaces de redactar un párrafo con coherencia, inferir información relevante de un texto o interpretar datos de una gráfica.
Lo paradójico, o más bien lo curioso, es que hemos asumido y terminado por creer que tanta oferta se ha traducido en avances o logros socioeducativos significativos y que en materia de educación superior estamos a la vanguardia, a pesar de que ninguna institución de educación superior nacional asoma siquiera en puestos medios en rankings universitarios internacionales.
En materia de educación superior somos extremadamente aliciescos.
Escuche a cualquier rector o autoridad universitaria e inferirá que estamos en el país de las maravillas educativas.
Pero, para ser gráficos, pensemos: ¿Cuántos programas de maestrías y de doctorados se ofrecen en el país? Cualquiera que sea la cantidad, pregúntese ¿cuál es el legado en términos académicos, de investigación, de generación de conocimientos y de aplicación de tales programas? ¿Han constituido dichos programas alguna escuela de pensamiento a la cual remitirnos y de la cual sacar provecho? No.
Si ello es así en el caso de los posgrados, ni hablar de lo que sucede en los pregrados.
Nuestras universidades más que centros de educación superior son fábricas de títulos o de diplomas.
Para revertir esta situación es imperativo repensar la educación superior panameña. Ese repensar debe llevarnos a:
1. Estructurar una política de Estado para la educación superior con objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, con parámetros definidos y exhaustivos que permitan evaluar desempeños institucionales.
2. Como parte de esa política se requiere discutir y aprobar una ley para la educación superior que organice el funcionamiento de las universidades oficiales y particulares, pues la Ley 30 de 2006 sobre acreditación no ofrece el marco adecuado de comprensión y toma de decisiones para abordar un problema tan complejo.
3. Lo anterior debe traducirse en una política curricular de educación superior homogénea que esté claramente definida y sea exigible a todas las universidades por igual.
De este modo podremos empezar a construir un escenario para la educación superior panameña mucho mejor que el actual.