La marca política de Javier Milei se construyó sobre una palabra: casta. La “casta” era el conjunto de políticos corruptos que vivían del Estado; él era el outsider que venía a terminar con ellos. En foros internacionales, en su cuenta de X, en cada discurso, el presidente argentino se presentó como un hombre que dice la verdad y expone los “curros” del sistema. La honestidad no era una promesa de campaña: era el producto.
Por eso el dato que publicó Transparency International el 10 de febrero de 2026 tiene una carga que va más allá de la estadística. En su segundo año de gobierno, Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, un punto menos que en 2024, y cayó del puesto 99 al 104 entre 182 países. Es el peor registro desde 2019, cuando el país había alcanzado 45. Quedó por debajo del promedio de las Américas —42— y al nivel de Belice y Ucrania, superada por Zambia, Lesoto y Gambia.
El índice mide percepción, no condenas. Pero la percepción de los expertos no cayó en el vacío: cayó mientras tres escándalos se acercaban peligrosamente al círculo más íntimo del poder. Y como en el resto de la región, lo que de verdad mide la salud institucional de un país no es cuántos escándalos estallan, sino qué les pasa después en los tribunales. Esa es, otra vez, la brecha.
La honestidad como propuesta política
Conviene tomarse en serio la narrativa antes de contrastarla, porque su potencia es precisamente lo que vuelve significativa la caída. Milei no se presentó como un gestor eficiente ni como un técnico: se presentó como una excepción moral. La corrupción era el rasgo definitorio de sus adversarios, “la casta”, y combatirla era la razón de ser de su proyecto. Ha utilizado escenarios internacionales para posicionarse como un líder de integridad intransigente.
Esa apuesta tiene un riesgo estructural: quien hace de la honestidad su bandera queda expuesto a una vara más alta. Un gobierno que prometió gestión eficiente se mide por resultados económicos; uno que prometió pureza moral se mide por la conducta de los suyos. Y ahí es donde los números de Transparency International empiezan a doler.
Tres escándalos, un mismo patrón
El primero, y el que más de lleno golpeó al presidente, es el caso de la criptomoneda $LIBRA. El 14 de febrero de 2025, Milei publicó en X un mensaje que comenzaba “La Argentina liberal crece!!!” y promocionaba un token supuestamente destinado a financiar pequeñas empresas argentinas, con el enlace y el código del contrato. Su valor se disparó y luego se desplomó, dejando pérdidas millonarias a pequeños inversores. La justicia argentina y la estadounidense abrieron investigaciones por presunta manipulación de mercado y fraude.
Lo que vino después es lo relevante para medir la brecha. Milei sostuvo que solo había difundido el proyecto “como ciudadano” en su cuenta personal. Pero un peritaje del teléfono de un lobbista investigado, filtrado a la prensa, reveló llamadas en los minutos previos al lanzamiento —entre ellas, con la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei— que contradicen esa defensa. Una comisión del Congreso concluyó en noviembre de 2025 que tanto Milei como su hermana tienen responsabilidad política directa en el colapso. Y, sin embargo, el gobierno disolvió por decreto su propia unidad de investigación del caso en mayo de 2025, días después de que un juez ordenara levantar el secreto sobre las cuentas bancarias del presidente y de Karina. Más de un año después del estallido, la justicia ha realizado pocos avances concretos: no llamó a declarar a la mayoría de los testigos ni a los denunciados.
El segundo es el caso ANDIS. En agosto de 2025 se filtraron audios atribuidos a Diego Spagnuolo —amigo, exabogado personal de Milei y entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad— en los que describía un sistema de coimas en la compra de medicamentos que, según las grabaciones, terminaba en manos de Karina Milei y del subsecretario Eduardo “Lule” Menem. La respuesta judicial fue inmediata: el juez Sebastián Casanello ordenó catorce allanamientos. En el de un dueño de la droguería Suizo Argentina, las fuerzas lo encontraron saliendo en auto con sobres llenos de dólares en el asiento trasero. En febrero de 2026, Casanello procesó a Spagnuolo y a otras dieciocho personas por asociación ilícita, fraude y sobornos, sosteniendo que la agencia que debía velar por las personas con discapacidad fue “empleada como vía de enriquecimiento”. El embargo dictado contra Spagnuolo superó los 200.000 millones de pesos.
El tercero es de menor escala pero del mismo tono: los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su esposa en el avión presidencial y en un vuelo privado. No es una causa penal de envergadura, pero alimenta la misma sensación de que la excepción moral no era tal.
La distancia entre la denuncia y la sentencia
El caso ANDIS muestra algo que conviene mirar con cuidado, porque es donde la brecha se vuelve visible en tiempo real. Hay procesamientos: diecinueve personas, embargos millonarios, un juez que da por probada una “enorme trama de corrupción”. En ese sentido, el sistema funcionó más rápido que en otros casos de la región. Pero el propio Spagnuolo, con un nuevo abogado, dio un giro de 180 grados y ahora sostiene que los audios en los que se lo escucha acusar a Karina Milei son falsos, buscando quitarles valor probatorio. La empresa investigada pide la nulidad de la causa. Es el mismo movimiento que vimos en Brasil con la evidencia de Odebrecht: cuando la prueba incomoda al poder, la estrategia deja de ser negar los hechos y pasa a ser anular el procedimiento.
Y en el caso $LIBRA, el contraste es más nítido todavía. El gobierno no solo negó: disolvió la unidad que investigaba y denunció una “operación de inteligencia ilegal” contra periodistas, mientras un juez frenaba la difusión de los audios atribuidos a Karina grabados en Casa Rosada. La defensa institucional se trasladó del terreno de los hechos al de la legitimidad de quien los revela.
Lo que el índice no puede decir, y por qué importa
Es justo señalar los límites del dato. El CPI mide percepción de expertos y empresarios, y un solo punto de caída —de 37 a 36— está dentro de los márgenes de un índice que se construye combinando al menos tres de trece fuentes. No es una sentencia: nadie ha sido condenado en firme en estos casos, y todos los señalados niegan los hechos y tienen derecho a la presunción de inocencia. Transparency International, además, advierte que la corrupción registrada en un país puede tardar uno o más años en reflejarse en el índice, de modo que el impacto pleno de 2025 podría verse recién en la próxima edición.
Pero esa cautela es precisamente la razón por la que la brecha es nuestra unidad de medida y no el índice. La percepción puede subir o bajar un punto por mil razones. Lo que de verdad distingue a un país que combate la corrupción de uno que solo la denuncia es lo que ocurre en los tribunales: cuántas de las causas que estallan llegan a una condena que aguante las apelaciones. En Argentina, hoy, esa cuenta está abierta. Hay procesamientos en ANDIS y casi parálisis en $LIBRA; hay audios y peritajes por un lado, y pedidos de nulidad y denuncias de “operación” por el otro. El desenlace dirá si la marca de la honestidad era un diagnóstico o solo un eslogan.
Lo que ya quedó claro es que la “casta” nunca fue una característica de un grupo de personas, sino de un sistema que sobrevive a los gobiernos que prometen destruirlo. Milei llegó prometiendo ser la excepción. El índice de 2025 sugiere que, al menos en la percepción de quienes lo miden, todavía no lo es. Y la brecha entre el discurso y el expediente —entre el “todo lo que dice es mentira” y lo que un juez da por probado— es el único lugar donde esa pregunta se responde de verdad.
Este análisis se apoya en el tracker del índice de corrupción global de Diálogo Ciudadano, que cruza el CPI 2025 de Transparency International con la capa de rendición de cuentas. Las causas judiciales citadas están en trámite; todos los señalados niegan los hechos y rigen para ellos la presunción de inocencia. Datos verificados contra fuentes judiciales y periodísticas primarias.