El 6 de enero de 2025, la primera ley integral de inteligencia artificial de Canadá murió sin haber llegado a votarse. No la derrotó una votación ni la tumbó un tribunal. Murió por un tecnicismo parlamentario: cuando el entonces primer ministro Justin Trudeau renunció y prorrogó el Parlamento, todos los proyectos de ley en trámite —incluido el C-27, que contenía la Artificial Intelligence and Data Act (AIDA)— “murieron en el orden del día”, la expresión que el sistema parlamentario canadiense usa para los proyectos que expiran al cerrarse una sesión legislativa.
Lo notable no es que AIDA muriera. Lo notable es lo que pasó después: el nuevo gobierno decidió no reemplazarla.
Mientras Europa tiene una ley unificada que apenas empieza a ejecutarse y Estados Unidos libra una guerra entre un mosaico de leyes estatales y un gobierno federal que quiere anularlas, Canadá —que llegó temprano a la carrera regulatoria— escogió un tercer camino que casi ningún otro país desarrollado ha tomado de forma tan explícita: regular la inteligencia artificial sin una ley específica que la regule. Con política, inversión y un código de conducta voluntario, pero sin obligaciones legales vinculantes.
Lo que era AIDA y por qué importaba
AIDA formaba parte del Bill C-27, el Digital Charter Implementation Act, un paquete que también incluía una actualización de la ley federal de privacidad y la creación de un tribunal de protección de datos. Presentada en 2022, AIDA habría sido la primera ley canadiense dedicada específicamente a regular la IA. Adoptaba un enfoque basado en riesgo, centrado en los “sistemas de alto impacto” —cuya definición precisa, notablemente, se dejaba para una regulación futura— y obligaba a las organizaciones a identificar y evaluar riesgos, divulgar cuándo se usan sistemas de decisión automatizada, y mitigar sesgos. La aplicaría un nuevo Comisionado de IA y Datos, designado por el ministro responsable.
Canadá fue, en efecto, uno de los primeros países del mundo en proponer una ley de este tipo. Pero AIDA nunca salió del comité. Llevaba meses estancada en la Cámara de los Comunes cuando la prórroga la finiquitó. Y arrastraba críticas serias: organizaciones de derechos humanos, privacidad y trabajo, junto a una carta abierta de académicos, denunciaron que AIDA tenía un “proceso de consulta pública excluyente, un alcance y requisitos vagos, y falta de supervisión regulatoria independiente”. Los críticos señalaron que las consultas federales priorizaron al sector privado sobre los sectores y trabajadores más vulnerables al impacto de la IA, las comunidades marginadas y la sociedad civil. Algunos expertos llegaron a pedir que se abandonara la ley.
Cuando murió, esos críticos no necesariamente celebraron: el resultado fue que Canadá se quedó sin nada. Como lo resumió el Canadian Centre for Policy Alternatives en febrero de 2026: hoy “no hay obligaciones legales vinculantes ni directrices de política que gobiernen el desarrollo y la operación de la IA en Canadá”.
La apuesta de Carney: política en lugar de ley
El gobierno que heredó la decisión fue el del primer ministro Mark Carney, cuyo Partido Liberal ganó las elecciones de abril de 2025. Y la decisión de Carney fue clara: en lugar de resucitar AIDA o presentar una nueva ley integral, el gobierno indicó que buscaría regular el diseño, desarrollo y despliegue de la IA “a través de legislación de privacidad, política e inversión, en lugar de una legislación específica de IA”.
Para liderar esa apuesta, Canadá hizo algo inédito: nombró a Evan Solomon como su primer ministro federal de Inteligencia Artificial e Innovación Digital. Solomon, experiodista, se movió con prisa. El 26 de septiembre de 2025 anunció el lanzamiento de un “sprint nacional” de 30 días para dar forma a una estrategia renovada de IA, y la formación de un Grupo de Trabajo de Estrategia de IA con 28 miembros de la academia, la industria, los think tanks y las ONG.
El sprint, ejecutado en octubre de 2025 a través de Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), recogió respuestas de más de 11.000 canadienses. El reporte resultante, Engagements on Canada’s Next AI Strategy: Summary of Inputs, se publicó el 2 de febrero de 2026. Y reveló una fractura: una división profunda entre las preocupaciones de los canadienses de a pie sobre los riesgos de la IA —y sus llamados a una regulación “fuerte”— y el optimismo de los actores de la industria y la ciencia sobre el potencial de la tecnología.
Esa fractura es el problema central que la estrategia de Solomon intenta resolver. Su “principio rector”, según ha dicho, es “AI for all”, articulado en cuatro pilares: escalar las empresas canadienses, fomentar la adopción, promover la soberanía digital y construir confianza. Esta última es, en sus palabras, la clave de bóveda: “La tecnología se mueve a la velocidad de la innovación, pero la adopción se mueve a la velocidad de la confianza”.
La estrategia que no llega
Hay un problema con la estrategia renovada: se sigue retrasando. Solomon prometió inicialmente que estaría lista para finales de 2025. Cuando se le preguntó por el retraso el 4 de mayo de 2026 —seis meses después de cerrar las consultas— respondió que se publicaría “muy pronto”, y confirmó un nuevo elemento: la estrategia rastreará explícitamente el impacto de la IA en el mercado laboral.
Mientras la estrategia se hace esperar, lo que sí avanza es la inversión. La Canadian Sovereign AI Compute Strategy es un compromiso de 2.000 millones de dólares canadienses a cinco años, repartido en tres pilares: movilizar inversión privada, construir infraestructura pública de supercomputación y un fondo de acceso a cómputo. En abril de 2026, Canadá lanzó la convocatoria del Programa de Infraestructura de Cómputo Soberano. El Canadian AI Safety Institute (CAISI) se había lanzado antes, el 12 de noviembre de 2024, como parte de una inversión más amplia de 2.400 millones de dólares canadienses anunciada en el presupuesto de 2024.
Ottawa también ha tejido alianzas internacionales en torno al cómputo soberano: una declaración conjunta con Alemania que lanzó una Sovereign Technology Alliance en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2026, una declaración de cooperación con Noruega en marzo, y una asociación con Finlandia el 14 de abril de 2026. La lógica es clara: construir ecosistemas de cómputo confiables y soberanía en la cadena de suministro, sin pasar por una ley.
Las provincias no esperaron
El vacío federal no significó vacío total. Mientras Ottawa deliberaba, las provincias avanzaron por su cuenta —y aquí aparece un eco del modelo estadounidense, donde los estados regulan en ausencia de ley federal.
Ontario aprobó el Bill 194, el Strengthening Cyber Security and Building Trust in the Public Sector Act, que recibió sanción real en noviembre de 2024. La ley introduce el Enhancing Digital Security and Trust Act y regula el uso de sistemas de IA dentro del sector público provincial, aplicándose a entidades públicas específicas que usen o pretendan usar IA en ciertas circunstancias. Es una regulación de alcance limitado —solo sector público, solo Ontario— pero es vinculante, a diferencia del marco federal.
Ontario también legisló sobre IA en el empleo: desde el 1 de enero de 2026, los empleadores con 25 o más trabajadores deben divulgar en sus ofertas de trabajo públicas si usan inteligencia artificial en los procesos de selección, como parte del Working for Workers Four Act. Es una obligación concreta, con posibles multas, que contrasta con la ausencia de obligaciones a nivel federal.
A esto se suman los instrumentos del Treasury Board federal y la guía sectorial. La paradoja canadiense es que hay reglas vinculantes para el sector público de una provincia y para la divulgación de IA en contrataciones, pero no para el desarrollo y despliegue de IA en el sector privado a escala nacional.
El costo de no tener ley
¿Funciona el tercer modelo? La respuesta honesta es que todavía no se sabe, pero hay señales de tensión.
La primera es de confianza pública. Según un informe de Ipsos, los canadienses están entre los menos familiarizados con la IA de los países encuestados: solo el 59% dijo tener un “buen entendimiento” de qué es la inteligencia artificial, casi 10 puntos por debajo del promedio de 30 países. Si la apuesta del gobierno es que “la adopción se mueve a la velocidad de la confianza”, una población que no entiende la tecnología y desconfía de ella es un obstáculo estructural.
La segunda es la fuga de talento. El propio Solomon ha descrito la situación como un “momento de crisis”. El atractivo estructural de salarios más altos y mejores oportunidades de carrera en Estados Unidos sigue siendo poderoso: un científico de datos o ingeniero de machine learning en Silicon Valley puede ganar considerablemente más que su contraparte en Toronto, y la brecha se ensancha en los puestos senior. Canadá construyó un ecosistema de investigación de primer nivel —los institutos Mila, Vector y Amii, las cátedras Canada CIFAR AI— pero retener a los investigadores que forma es otra cosa.
La tercera es la pregunta de fondo: ¿puede un país gobernar una tecnología tan disruptiva sin obligaciones legales vinculantes? Los críticos que pedían abandonar AIDA querían una ley mejor, no la ausencia de ley. Lo que Canadá tiene hoy —un código de conducta voluntario, inversión en cómputo, alianzas internacionales y una estrategia que no termina de publicarse— es una apuesta de que la política blanda y el dinero pueden lograr lo que la regulación dura no alcanzó a hacer.
Tres modelos, una misma incógnita
Visto desde América Latina, que mira simultáneamente a las tres orillas, el contraste es instructivo. Europa construyó una ley unificada y completa —el AI Act— pero a mayo de 2026 apenas empieza a ejecutarla, con la mayoría de Estados miembros aún sin designar las autoridades necesarias. Estados Unidos no tiene ley federal pero sí un mosaico de estatutos estatales con multas reales, que el gobierno federal intenta anular. Y Canadá, que llegó temprano con AIDA, dejó morir su ley y decidió no reemplazarla, apostando por la política y la inversión.
Tres democracias avanzadas, tres caminos opuestos, una misma incógnita sin resolver: cómo gobernar la inteligencia artificial sin frenar la innovación ni dejar desprotegidos a los ciudadanos. Ninguna de las tres ha demostrado todavía que su modelo funcione. La diferencia es que Europa apostó por la norma, Estados Unidos por la fragmentación, y Canadá por la confianza. Cuál de las tres apuestas envejece mejor es, por ahora, una pregunta abierta —y la respuesta marcará el camino que sigan los países que aún no han elegido el suyo.