Hemos analizado la regulación tecnológica de Estados Unidos sobre todo a través de la inteligencia artificial: el mosaico de leyes estatales, la pugna con el gobierno federal. Pero hay un terreno donde el problema regulatorio estadounidense se ve con una nitidez casi didáctica, y no tiene que ver con la IA sino con algo más básico: tus datos de ubicación, y quién puede mirarlos. La historia es un ejemplo perfecto de la brecha que esta cobertura persigue, porque aquí la distancia no está entre la ley y los hechos, sino entre dos lecturas de la misma ley: una que protege y otra que, pagando, esquiva esa protección.
El principio es claro y tiene rango constitucional. La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a los ciudadanos de registros gubernamentales irrazonables. En 2018, en el caso Carpenter contra Estados Unidos, la Corte Suprema lo aplicó al mundo digital: dictaminó, por 5 votos a 4, que las fuerzas del orden necesitan una orden judicial para obtener el historial de ubicación del teléfono móvil de una persona a partir de las antenas de telefonía. El presidente del tribunal, John Roberts, escribió que acceder a siete días o más de esos datos constituye un registro en el sentido de la Cuarta Enmienda. Se celebró como una gran victoria para la privacidad: para saber dónde estuviste, a quién viste, a qué iglesia o a qué clínica entraste, el gobierno tiene que convencer a un juez.
Esa sentencia debía ser el cortafuegos. Pero dejó una rendija, y por ella las agencias federales han metido, en palabras de un analista, un camión entero.
La laguna: comprar lo que no se puede requisar
La rendija es el mercado comercial de datos. Funciona así: miles de aplicaciones de teléfono recolectan datos de ubicación muy precisos de sus usuarios, normalmente mediante permisos que se conceden al instalarlas y que casi nadie lee con atención. Esos datos fluyen hacia agregadores y corredores —los llamados data brokers, empresas como Venntel o Babel Street— que los empaquetan y los venden. Su cliente natural es la publicidad: el mismo dato que permite mostrarte un anuncio según dónde estás. Pero esa industria vende también a departamentos de policía y a agencias del gobierno federal.
Y aquí está el truco. Varias agencias —el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el Departamento de Seguridad Nacional, el IRS, el Servicio Secreto— han comprado datos de ubicación de teléfonos, historial de navegación e información personal a estos corredores. Su argumento legal es que la sentencia Carpenter se aplica solo cuando el gobierno obliga a una empresa a entregar la información, no cuando una empresa privada se la vende voluntariamente. Comprar, sostienen, no es requisar. Por lo tanto, no hace falta orden judicial.
El resultado es una contradicción que se explica sola: lo que el gobierno tiene constitucionalmente prohibido tomar sin permiso de un juez, lo obtiene legalmente con una tarjeta de crédito. La protección de la Cuarta Enmienda sigue intacta en el papel; en la práctica, tiene una puerta lateral abierta y con un cartel de “se acepta efectivo”.
Lo que esto no es, y lo que sí es
Conviene ser preciso, porque el tema se presta a la exageración. Cerrar esta laguna no impediría a la policía usar datos de ubicación para atrapar a un sospechoso o proteger la seguridad pública; solo exigiría que, para hacerlo, siga el procedimiento de la Cuarta Enmienda —pedir una orden a un juez—, sin importar el método que use para acceder a la información. Todas las propuestas legislativas para cerrarla incluyen excepciones para emergencias. No se trata de atar de manos a las fuerzas del orden, sino de impedir que el dinero compre una excepción a la Constitución.
Tampoco es un problema partidista, y este es uno de sus rasgos más reveladores. La preocupación une a sectores normalmente enfrentados: defensores de las libertades civiles de izquierda y libertarios de derecha coinciden en que el gobierno no debería poder comprar su forma de eludir la Carta de Derechos. Una encuesta de 2023 encontró que el 80% de los estadounidenses cree que las agencias deberían obtener una orden judicial antes de comprar información de ubicación y otros datos sensibles a los corredores. Diecisiete fiscales generales estatales y unas 130 organizaciones de la sociedad civil han pedido lo mismo. Pocas causas en la polarizada Washington de hoy tienen ese grado de consenso.
Lo que sí es, y conviene nombrarlo sin dramatismo pero con claridad, es una de las capacidades de vigilancia más amplias y menos supervisadas del Estado moderno. Lo que el rastreo revela no es trivial: con quién te reúnes, a qué culto asistes, qué tratamientos médicos buscas, si acudes a un refugio para víctimas de violencia doméstica. Un regulador estadounidense documentó cómo un corredor llegó a usar estos datos para rastrear la asistencia a mítines políticos y los desplazamientos de organizadores sindicales. No es una hipótesis: es un uso ya ocurrido.
La ventana que el Congreso dejó pasar
Aquí la historia conecta con el patrón que esta serie ha visto una y otra vez: existe una solución, existe consenso, y aun así la ley no llega. La vía para cerrar la laguna estaba identificada. En 2024, una mayoría bipartidista de la Cámara de Representantes ya había aprobado la Ley “La Cuarta Enmienda No Está en Venta” (219 a 199), que prohíbe al gobierno comprar datos que de otro modo requerirían una orden judicial. Pero el Senado nunca la votó antes de que terminara aquella legislatura, y la propuesta murió.
La segunda oportunidad llegó este 2026, y con una palanca concreta. La Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera —la FISA— debía reautorizarse antes del 20 de abril. Los defensores de la privacidad veían en esa reautorización obligatoria el mejor —y quizá único— vehículo del año para colgarle la reforma del data broker y forzar el voto. “Es muy probablemente la única oportunidad que tiene el Congreso este año de votar protecciones de privacidad significativas”, advirtió el director de una de las organizaciones de la coalición.
No ocurrió. El presidente de la Cámara retrasó la votación ante la oposición dentro de su propio partido; el presidente del Comité de Inteligencia del Senado defendía una extensión “limpia”, sin cambios. Cuando se le preguntó directamente, en una audiencia del Senado, si se comprometía a dejar de comprar datos de ubicación de los estadounidenses, el director del FBI no quiso comprometerse. La ventana se cerró sin que la laguna lo hiciera.
La brecha estadounidense
El caso de los data brokers ofrece una variante particularmente instructiva de lo que esta serie viene documentando sobre la regulación tecnológica. En las piezas europeas vimos el problema del exceso —regular más rápido de lo que se puede aplicar—. En Estados Unidos el problema es el inverso y, en cierto modo, más grave: una protección constitucional fuerte, clara y popular, neutralizada no por una mala ley, sino por la ausencia de una que tape una rendija que todos ven.
Porque lo singular aquí es que no falta consenso ni falta diagnóstico. El 80% de la ciudadanía está de acuerdo, los dos extremos del espectro político coinciden, los tribunales —vía Carpenter— ya marcaron el principio, y hasta hay un proyecto de ley aprobado por la Cámara esperando. Lo que falta es, simplemente, que el sistema convierta ese consenso en norma. Y mientras no lo hace, la laguna no es neutral: cada mes que sigue abierta, las agencias acumulan más datos, las herramientas de inteligencia artificial los procesan mejor, y la vigilancia sin orden judicial se vuelve más capaz, no menos.
El dato verdadero, aquí, es incómodo por lo simple: en Estados Unidos, en 2026, el gobierno necesita una orden judicial para tomar tus datos de ubicación, pero no para comprarlos. Las dos cosas describen la misma información sobre la misma persona; solo cambia el método de acceso, y con él, toda la protección. Cerrar esa diferencia depende de una ley que tiene apoyo mayoritario y que, sin embargo, no se aprueba. Como en todo lo que cubre esta serie, lo decisivo no es lo que la Constitución promete, sino lo que el sistema hace —o deja de hacer— para que esa promesa siga valiendo cuando la tecnología cambia las reglas del juego.