El 11 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14365, titulada Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence. Su objetivo declarado es “sostener y mejorar el dominio global de Estados Unidos en IA mediante un marco de política nacional mínimamente gravoso”. Su objetivo real, según coinciden los principales despachos legales que la han analizado, es desmontar el creciente mosaico de leyes estatales de inteligencia artificial que se ha formado en ausencia de una ley federal.
La paradoja en la que se basa toda esta historia es esta: Estados Unidos no tiene una ley federal de inteligencia artificial. No existe un equivalente estadounidense al Reglamento (UE) 2024/1689 europeo. Lo que hay, en su lugar, es un conjunto de estatutos estatales —California, Colorado, Texas, Illinois, Utah, Nueva York— que regulan distintos aspectos de la IA con marcos incompatibles entre sí, fechas de entrada en vigor escalonadas y autoridades de aplicación diferentes. Y muchos de ellos ya están en vigor, con multas reales y fiscales generales dispuestos a imponerlas.
La Orden 14365 es el intento del gobierno federal de anular ese mosaico. Y la pelea por saber quién regula la IA en Estados Unidos —si Washington o los estados— acaba de empezar.
El mosaico que la orden quiere desmontar
Para entender qué está en juego conviene mapear lo que ya existe. No son proyectos de ley: son estatutos vigentes o a punto de entrar en vigor, con sanciones concretas.
California fue el estado que más lejos llegó. El 29 de septiembre de 2025, el gobernador Gavin Newsom firmó la Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act (SB 53), que entró en vigor el 1 de enero de 2026. La ley obliga a los desarrolladores de “modelos frontera” —definidos como modelos fundacionales entrenados con más de 10^26 operaciones de punto flotante (FLOPs), un umbral que supera el de 10^25 del AI Act europeo— a publicar marcos de gestión de riesgo, reportar incidentes críticos de seguridad y proteger a los denunciantes internos. Las obligaciones más estrictas recaen sobre los “grandes desarrolladores frontera”, con ingresos anuales superiores a 500 millones de dólares. La aplica el fiscal general de California, con multas de hasta un millón de dólares por violación. La SB 53 nació de las cenizas de la SB 1047, una propuesta más ambiciosa —con auditorías de terceros obligatorias y un “interruptor de apagado”— que Newsom vetó en 2024 por temor a frenar la innovación.
Texas aprobó en junio de 2025 la Responsible Artificial Intelligence Governance Act (TRAIGA, HB 149), también en vigor desde el 1 de enero de 2026. A diferencia de California, TRAIGA se enfoca en gobernanza amplia y protección al consumidor: prohíbe la puntuación social, la captura de datos biométricos sin consentimiento y las herramientas de IA que promuevan la autolesión. La aplica el fiscal general de Texas con un esquema de multas escalonado: las violaciones subsanables van de 10.000 a 12.000 dólares por infracción, las no subsanables de 80.000 a 200.000, y las continuadas pueden alcanzar 40.000 dólares por día.
Colorado aprobó en 2024 la primera ley estatal integral de IA de Estados Unidos: la Colorado AI Act (SB 24-205), que regula los “sistemas de IA de alto riesgo” usados en “decisiones consecuentes” —empleo, crédito, educación— y obliga a desarrolladores y desplegadores a ejercer un cuidado razonable para prevenir la discriminación algorítmica, realizar evaluaciones de impacto y entregar divulgaciones a los consumidores. Las multas llegan a 20.000 dólares por violación, sin derecho de acción privada. Su fecha de entrada en vigor original era el 1 de febrero de 2026, pero una sesión legislativa especial en agosto de 2025 la pospuso al 30 de junio de 2026.
A estas se suman la AI Transparency Act de California (AB 2013, divulgación de datos de entrenamiento, 1 de enero de 2026), la ley de Utah (SB 149, divulgación de IA generativa en sectores regulados), la AI Video Interview Act de Illinois, los requisitos de auditoría de sesgo de la ciudad de Nueva York para herramientas de contratación, y la RAISE Act de Nueva York, firmada con enmiendas el 27 de marzo de 2026 y con multas de hasta 30 millones de dólares, aunque su entrada en vigor es el 1 de enero de 2027.
El resultado, como lo describió un despacho, es que un desarrollador que opere en varios estados debe cumplir simultáneamente marcos “fundamentalmente distintos, con requisitos de divulgación divergentes y obligaciones superpuestas pero no alineadas”. Ese es exactamente el problema que la Orden 14365 dice querer resolver —y la herramienta que dice querer usar es eliminar las leyes estatales, no armonizarlas.
Qué hace exactamente la Orden 14365
La orden no preempta directamente las leyes estatales —no puede. En el sistema constitucional estadounidense, la preempción federal suele emanar de leyes aprobadas por el Congreso, no de órdenes ejecutivas. Lo que hace la 14365 es desplegar una estrategia de presión en varios frentes.
Crea, en un plazo de 30 días, un AI Litigation Task Force dentro del Departamento de Justicia, con la responsabilidad principal de impugnar las leyes estatales de IA que considere inconsistentes con la política federal —invocando argumentos como la interferencia con el comercio interestatal, la preempción por regulaciones federales existentes y la Primera Enmienda. Ordena a las agencias federales evaluar qué leyes estatales son “onerosas y excesivas”. Condiciona ciertos fondos federales de banda ancha a que los estados pausen la aplicación de leyes que entren en conflicto con la orden. Y dirige la elaboración de un marco legislativo federal de IA que, eventualmente, podría servir de base para una preempción formal.
La orden menciona explícitamente una sola ley estatal como ejemplo de regulación “onerosa”: la Colorado AI Act. Según el texto de la orden, la ley de Colorado “podría incluso forzar a los modelos de IA a producir resultados falsos para evitar un ‘trato o impacto diferencial’ sobre grupos protegidos”. Es un encuadre revelador: el gobierno federal no presenta la discriminación algorítmica como el problema, sino la obligación de prevenirla como la carga.
La 14365 no surgió de la nada. Es la culminación de una estrategia sostenida. A principios de 2025, la administración intentó incluir una moratoria de diez años sobre nuevas regulaciones estatales de IA dentro de la One Big Beautiful Bill Act. Ese intento fracasó. También fracasó un esfuerzo por insertar lenguaje de preempción en la National Defense Authorization Act. La orden ejecutiva es la vía que quedó después de que las legislativas no prosperaran.
La resistencia: 36 fiscales y una demanda inesperada
La respuesta estatal no se hizo esperar. El 25 de noviembre de 2025 —antes incluso de que se firmara la orden, cuando ya circulaba un borrador filtrado— una coalición de 36 fiscales generales estatales envió una carta al Congreso oponiéndose a las propuestas que restringirían la capacidad de los estados de promulgar o aplicar leyes de IA. Es una cifra notable: representa una mayoría amplia y bipartidista de los fiscales del país defendiendo la autoridad estatal sobre la materia.
Pero el giro más inesperado vino de otro frente. El 9 de abril de 2026, xAI —la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk— demandó al estado de Colorado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado, buscando bloquear la aplicación de la SB 24-205 antes de su entrada en vigor del 30 de junio. La empresa argumenta que la ley viola la Primera Enmienda al obligar a los desarrolladores de IA a adoptar los puntos de vista preferidos del estado, y que términos clave del estatuto son inconstitucionalmente vagos.
La demanda de xAI es significativa porque alinea a un actor privado de la industria con la estrategia litigiosa que la orden ejecutiva encomendó al Departamento de Justicia. Es, en la práctica, la primera prueba judicial de la viabilidad de las leyes estatales de IA frente a los argumentos de Primera Enmienda y vaguedad que la administración federal ha estado afilando.
El espejo invertido de Europa
Aquí es donde la historia se vuelve más interesante para un lector que siga la regulación digital a ambos lados del Atlántico. Diálogo Ciudadano ha documentado el régimen sancionador del AI Act europeo: una ley unificada, severa en el papel —multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial—, pero con una ejecución casi inexistente, porque a mayo de 2026 solo tres de los veintisiete Estados miembros habían designado las autoridades nacionales necesarias para aplicarla. Europa tiene la ley; le falta la maquinaria para ejecutarla.
Estados Unidos es el espejo invertido. No tiene una ley federal —ni una arquitectura unificada— pero tiene estados con maquinaria de ejecución lista y dispuesta: fiscales generales con autoridad, multas escalonadas, fechas de entrada en vigor inminentes. Lo que en Europa es una brecha entre la norma y su aplicación, en Estados Unidos es una abundancia de aplicación que el gobierno federal considera un estorbo y quiere desactivar.
Las dos jurisdicciones llegan al mismo punto muerto por caminos opuestos. En Bruselas, la pregunta es cuándo se emitirá la primera multa efectiva del AI Act. En Washington, la pregunta es si las multas estatales que ya pueden emitirse llegarán a aplicarse antes de que un tribunal —o el Congreso— las anule. En ambos casos, la distancia entre lo que la ley dice y lo que la ley hace es la verdadera historia.
Lo que queda por ver
Los analistas legales coinciden en un punto práctico: las empresas no deberían esperar a que se resuelvan los desafíos legales. La recomendación generalizada es identificar el requisito estatal más estricto aplicable y construir el programa de cumplimiento alrededor de él, porque las evaluaciones de impacto de la ley de Colorado, por ejemplo, “tardan meses en prepararse”. Dicho de otro modo: aunque el gobierno federal quiera desmontar las leyes estatales, ninguna empresa seria está apostando a que lo logre antes de las fechas de entrada en vigor.
Hay tres relojes corriendo en paralelo. El primero es el de las fechas de vigencia estatales: California y Texas ya activas, Colorado el 30 de junio, Nueva York en enero de 2027. El segundo es el del Task Force de litigios del Departamento de Justicia, que debía constituirse en 30 días desde la orden y cuyas primeras demandas se esperan a lo largo de 2026. El tercero es el de la demanda de xAI contra Colorado, cuya resolución sentará un precedente sobre si el argumento de la Primera Enmienda basta para tumbar una ley estatal de IA.
Colorado, mientras tanto, considera una revisión sustantiva: un borrador de grupo de trabajo de marzo de 2026 propondría reescribir la ley para enfocarla en la tecnología de toma de decisiones automatizada y reajustar la fecha de entrada en vigor al 1 de enero de 2027. Es la señal de que incluso el estado pionero está reconsiderando el alcance de su propio marco, presionado por la industria y por Washington.
La pregunta de fondo no es técnica sino constitucional: en un país sin ley federal de IA, ¿quién tiene la última palabra sobre cómo se regula? Por ahora, la respuesta está en los tribunales. Y el resultado definirá no solo el futuro de la inteligencia artificial en Estados Unidos, sino el modelo que el resto del mundo —incluida América Latina, que mira a ambas orillas— tomará como referencia.