Esta serie ha medido la salud institucional de la región a través de sus elecciones. Perú ofrece un caso límite, distinto al de Nicaragua —donde el problema es la concentración de poder— y opuesto en su forma: aquí el problema es la inestabilidad crónica, la imposibilidad de que ningún gobierno se sostenga. El país andino llega a las elecciones de 2026 con una estadística que lo dice todo: ocho jefes de Estado en aproximadamente nueve años. Y la pregunta que recorre esta pieza es si una elección —por más legítima que sea— puede resolver una crisis que ya no parece electoral, sino estructural.
Conviene recordar la magnitud de la inestabilidad, porque es el contexto que lo explica todo. Desde 2016, Perú ha encadenado una sucesión vertiginosa de presidentes caídos: mandatarios destituidos por el Congreso, otros que renunciaron antes de correr la misma suerte, presidentes interinos que duraron meses. Pedro Castillo, elegido en 2021, fue destituido y luego condenado a más de once años de prisión tras intentar disolver el Congreso en 2022. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, lo sucedió y gobernó en medio de protestas reprimidas con un saldo de muertos, hasta que ella misma fue removida por el Parlamento en 2025. Le siguieron gobiernos interinos breves —incluido el de José Jerí— hasta llegar al actual presidente de transición. En la última década, solo un gobernante logró concluir el mandato transitorio que le tocó. El resto, no.
La primera vuelta: fragmentación y un escrutinio lento
La elección del 12 de abril de 2026 retrató fielmente esa crisis. Se presentaron alrededor de 35 candidatos, una cifra que por sí sola refleja la pulverización del sistema de partidos: tantas opciones revelan, paradójicamente, la ausencia de liderazgos capaces de aglutinar. La campaña estuvo marcada por el hartazgo social, con porcentajes muy altos de indecisos y de intención de voto en blanco o nulo.
El resultado, proclamado oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones recién a mediados de mayo, dejó como primera fuerza a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con el 17,09% de los votos válidos. La segunda plaza —y el pase al balotaje— se definió por un margen ínfimo: el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, superó al ultraderechista Rafael López Aliaga por apenas unos 21.000 votos. Conviene detenerse en un dato que esta serie ha visto en otros países: el escrutinio tardó unos 33 días en cerrarse, ralentizado por la revisión de decenas de miles de actas observadas, y el candidato que quedó fuera por ese margen estrecho denunció un presunto fraude. Como en Honduras, la combinación de un conteo lento y un margen mínimo es terreno fértil para la desconfianza, aunque el organismo electoral haya dado el proceso por concluido y los resultados por definitivos.
Lo que está en juego el 7 de junio
El balotaje del 7 de junio enfrenta dos orillas opuestas, y conviene describirlas con precisión y equilibrio. Por un lado, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, que llega a su cuarta candidatura presidencial tras tres derrotas previas en segunda vuelta. Su figura condensa una tensión de la política peruana: experiencia, estructura partidaria y capacidad competitiva, pero también un alto rechazo y un historial de causas judiciales, incluida una investigación por presunto lavado de activos y periodos de prisión preventiva. Por otro lado, Roberto Sánchez, identificado con la izquierda y cercano al legado del encarcelado Pedro Castillo, que debuta en una definición de este calibre.
La contienda reedita, en cierto modo, la polarización del balotaje de 2021 —cuando Fujimori perdió ajustadamente frente a Castillo—, con la diferencia de que ahora el país llega aún más agotado y fragmentado. El escenario electoral, según los analistas, está completamente abierto: ambos candidatos arrastran niveles significativos de rechazo, lo que hace que la elección dependa, en buena medida, de cuál genere menos resistencia entre quienes no son sus partidarios.
La brecha peruana: cuando la crisis no es electoral
Aquí está el punto que esta pieza, fiel a la mirada de la serie, quiere destacar. En la mayoría de los países que hemos analizado, la elección es el mecanismo que procesa el conflicto político. En Perú, la elección parece haberse vuelto insuficiente para ello, porque la crisis es de otra naturaleza. El problema peruano no es que las elecciones produzcan malos resultados, sino que el sistema institucional —la relación entre el Ejecutivo y un Congreso fragmentado y con amplias facultades para destituir— hace que casi ningún gobierno, gane quien gane, logre gobernar y completar su mandato.
Lo expresa con claridad la mecánica de la “vacancia presidencial por incapacidad moral”, la figura constitucional que el Congreso ha usado repetidamente para remover presidentes. Diseñada como un mecanismo excepcional, se convirtió en un instrumento de uso recurrente, hasta el punto de que la amenaza de vacancia pende sobre cada gobierno desde el primer día. El resultado es un círculo: presidentes débiles, congresos que los derriban, nuevos presidentes igual de débiles. Por eso la pregunta de fondo no es solo quién ganará el 7 de junio, sino si quien gane podrá, esta vez, gobernar; y esa respuesta depende menos de la urna que del diseño institucional y de la voluntad de los actores de romper el ciclo.
Las dos lecturas, con peso comparable
El caso peruano admite, como casi todo en esta serie, dos lecturas legítimas que conviene presentar sin inclinar la balanza.
Una lectura, relativamente optimista, subraya que, pese a todo, Perú sigue celebrando elecciones, alternando gobiernos por vías institucionales y sin rupturas del orden constitucional de tipo autoritario: los presidentes caen, sí, pero por mecanismos previstos en la Constitución, no por golpes militares; la democracia electoral, con todos sus defectos, resiste. Desde esta óptica, la inestabilidad es grave pero no equivale a quiebre democrático.
Otra lectura, más pesimista, advierte que la inestabilidad permanente erosiona la democracia desde dentro: que un país donde ningún gobierno dura mina la confianza ciudadana, abre espacio a salidas autoritarias presentadas como solución al caos, y deja problemas estructurales —seguridad, economía, servicios— sin atención sostenida. Desde esta óptica, la rotación constante no es señal de salud democrática, sino de una democracia que funciona en lo electoral pero falla en lo esencial: producir gobiernos capaces de gobernar.
No corresponde a este medio dictaminar cuál lectura pesa más; sí constatar que ambas describen el mismo hecho —elecciones que se celebran pero gobiernos que no se sostienen— y discrepan sobre si eso es resiliencia o decadencia.
Lo que el caso revela
Lo que Perú aporta a la serie es un recordatorio de que la salud democrática no se mide solo por la limpieza de las elecciones, sino por la capacidad del sistema de traducir esas elecciones en gobiernos estables y eficaces. Un país puede votar de forma libre y regular y, aun así, estar atrapado en una crisis de gobernabilidad. Perú es el ejemplo más nítido de la región: ni concentración autoritaria del poder, como en otros casos de esta serie, ni democracia consolidada, sino una tercera categoría —la inestabilidad crónica— donde el problema no es el autoritarismo ni el fraude, sino la incapacidad estructural de gobernar.
El dato verificable, aquí, es que Perú llega a un balotaje entre Fujimori y Sánchez tras una década con ocho presidentes, que la primera vuelta estuvo marcada por la fragmentación y un escrutinio lento que alimentó denuncias, y que la crisis peruana es de gobernabilidad más que de legitimidad electoral. Si la elección del 7 de junio abrirá un periodo de estabilidad o será un capítulo más del mismo ciclo dependerá de cosas que la urna no decide por sí sola: de si el próximo gobierno logra una mínima base de apoyo en el Congreso, de si se reforma o no la mecánica de la vacancia, y de si los actores políticos deciden que romper el ciclo les conviene más que perpetuarlo. Como en toda esta serie, lo decisivo no es quién gane la elección, sino si el sistema permite, por fin, que el ganador gobierne.