Esta serie ha analizado cómo la inteligencia artificial empieza a erosionar ciertos empleos, sobre todo los de entrada. Una pregunta lógica sigue a ese diagnóstico: si la IA desplaza trabajo a gran escala, ¿de qué vivirá la gente? Una de las respuestas que más fuerza ha cobrado es también una de las más antiguas y polémicas: la renta básica universal, la idea de pagar a cada persona un ingreso regular e incondicional, sin importar si trabaja o no. Lo que vuelve fascinante este debate en 2026 no es la idea en sí, sino quién la está impulsando: en buena medida, las mismas empresas tecnológicas que están automatizando el trabajo. Esa paradoja es el corazón de la historia.
Conviene empezar por entender la propuesta y su lógica. La renta básica universal consiste en transferir a todos los ciudadanos una cantidad fija de dinero, de forma periódica e incondicional —sin requisitos de ingresos, sin obligación de buscar empleo—. Es una idea con un curioso atractivo transversal: la han defendido pensadores liberales, que ven en ella una forma simple y sin burocracia de garantizar un mínimo vital, y también la izquierda, que la concibe como herramienta contra la desigualdad. Su versión contemporánea, sin embargo, está marcada por un argumento nuevo: si la automatización y la IA van a destruir empleos más rápido de lo que crean otros, hará falta una red que sostenga a quienes queden fuera, y que distribuya, en forma de ingreso, parte de la riqueza que las máquinas generan.
El experimento más grande, y lo que reveló
A diferencia de otros debates, este cuenta con evidencia empírica reciente y de calidad, que conviene examinar. Entre 2020 y 2023, una organización de investigación financiada por Sam Altman, el director de OpenAI, llevó a cabo el mayor estudio de renta básica realizado hasta la fecha: entregó 1.000 dólares mensuales, sin condiciones y durante tres años, a unas 1.000 personas de bajos ingresos en Texas e Illinois, comparándolas con un grupo de control que recibía 50 dólares. En total se repartieron 45 millones de dólares.
Los resultados matizan el argumento más repetido en contra de la idea. El temor clásico es que, si se paga a la gente sin condiciones, dejará de trabajar. El estudio encontró que el empleo de los beneficiarios se redujo, pero muy levemente: alrededor de 1,3 horas de trabajo menos por semana, el equivalente a un almuerzo algo más largo o un descanso extra al día. Las actitudes generales hacia el trabajo no cambiaron; el empleo de ambos grupos, de hecho, aumentó a lo largo del periodo. Otro gran experimento en Los Ángeles halló que los beneficiarios tenían más probabilidades de conseguir un empleo a tiempo completo y reportaban mejoras en su seguridad y su vida familiar. La evidencia, en suma, no respalda la idea de que un ingreso incondicional convierta a la gente en ociosa; sí muestra que les da autonomía para decidir en qué gastar y cuándo.
Conviene, eso sí, no sobreinterpretar estos datos. Son experimentos acotados, en contextos específicos, con un número limitado de personas y por tiempo finito. Una cosa es entregar 1.000 dólares a mil personas durante tres años, y otra muy distinta financiar un ingreso permanente para una población entera: ahí aparecen las preguntas verdaderamente difíciles, las de la escala.
La paradoja de quién la propone
Aquí está el elemento que distingue al debate actual de los anteriores, y que conviene subrayar. Históricamente, la renta básica fue una bandera de economistas y activistas. Hoy, sus defensores más visibles y mejor financiados son los líderes de la industria de la IA. Altman ha invertido en experimentos y defendido la idea durante años. En 2026, según se ha reportado, la propia OpenAI puso por escrito propuestas en esa dirección, incluida la de un fondo soberano financiado por las empresas de IA y por el auge tecnológico, cuyos rendimientos se distribuirían a la población. Otros referentes del sector tecnológico han expresado apoyo a versiones de la idea.
La paradoja es evidente, y tiene dos lecturas posibles que conviene exponer. Para unos, hay una coherencia lógica: quienes mejor entienden el potencial disruptivo de la IA son también quienes con más razón anticipan la necesidad de una red de protección, y proponerla es un acto de responsabilidad. Para otros, hay un elemento de interés propio que no debe pasarse por alto: una economía donde la IA elimina empleos y salarios también elimina consumidores, y sin consumo no hay a quién vender; garantizar un ingreso a la población es, desde esta óptica, también una forma de proteger el mercado del que esas mismas empresas dependen. Ambas lecturas pueden ser ciertas a la vez, y conviene tenerlas presentes sin reducir el debate a una sola.
La dimensión latinoamericana
Para América Latina, este debate tiene un matiz propio que merece atención. La región no parte de cero: tiene una larga experiencia con programas de transferencias monetarias —condicionadas, en su mayoría— que durante las últimas décadas han entregado dinero a millones de familias pobres a cambio de, por ejemplo, mandar a los hijos a la escuela o a controles de salud. No son una renta básica universal —están focalizados en los pobres y suelen tener condiciones—, pero han dejado infraestructura, aprendizajes y un debate maduro sobre transferencias de ingreso.
La pregunta para la región no es, por tanto, si transferir dinero —ya lo hace—, sino si tendría sentido y sería viable avanzar hacia esquemas más universales o incondicionales en un contexto de IA. Y aquí las restricciones son severas: los presupuestos públicos latinoamericanos son ajustados, la informalidad laboral es enorme, y una renta verdaderamente universal tendría un costo fiscal que pocos Estados de la región podrían sostener. Al mismo tiempo, si la IA llegara a desplazar empleo en economías ya marcadas por la informalidad y la desigualdad, la presión por algún tipo de respuesta podría crecer. La región observa el debate global desde una posición particular: con experiencia en transferencias, pero con menos margen fiscal para universalizarlas.
Las dos lecturas, con peso comparable
El debate de fondo admite, como casi todo en esta serie, dos posiciones legítimas que conviene presentar sin inclinar la balanza.
Quienes defienden la renta básica sostienen que, ante una posible disrupción laboral masiva, es la red más simple y digna: elimina la burocracia del Estado de bienestar condicional, da autonomía a las personas, y la evidencia disponible desmiente que fomente el ocio. En un mundo donde las máquinas produzcan cada vez más, argumentan, distribuir parte de esa abundancia es de justicia y de sentido común.
Quienes la cuestionan plantean objeciones de fondo. La primera es el costo: financiar un ingreso universal exigiría aumentos fiscales o reasignaciones de una magnitud política y económicamente muy difícil. La segunda es que podría desmantelar o canibalizar otros programas sociales —salud, educación, pensiones— si se presenta como su sustituto. La tercera, más filosófica, es la que voces como la del informático Jaron Lanier han planteado: que pagar a la gente por no trabajar puede erosionar el sentido de propósito y la dignidad que muchos derivan del empleo, y crear una sociedad de dependientes de una transferencia decidida por otros. No corresponde a este medio dictaminar cuál postura tiene razón; sí constatar que el debate ya no es teórico, porque la tecnología que lo motiva avanza.
Lo que el debate revela
Lo que la renta básica aporta a la serie es la dimensión más profunda del impacto de la IA: no ya cómo se regula o quién la controla, sino qué pasa con el contrato social si el trabajo —el mecanismo por el que la mayoría obtiene ingresos y sentido— se vuelve menos necesario. Es una pregunta que hasta hace poco parecía de ciencia ficción y que hoy debaten, con dinero real y experimentos serios, los mismos que construyen la tecnología. Que la pregunta se tome en serio es, en sí mismo, un dato sobre la magnitud de lo que se avecina.
El dato verificable, aquí, es que la renta básica universal pasó de idea marginal a propuesta debatida y financiada por la industria de la IA, que el mayor experimento hasta la fecha mostró que no vuelve ociosa a la gente pero dejó sin responder las preguntas de escala y costo, y que América Latina llega a este debate con experiencia en transferencias pero con estrechez fiscal. Si la región —y el mundo— avanzará hacia esquemas de ingreso más universales o encontrará otras respuestas al desplazamiento laboral dependerá de cosas que aún no se han definido: de cuánto y cuán rápido la IA afecte realmente al empleo, de si las sociedades aceptan los costos fiscales, y de si se diseñan modelos que protejan sin desmantelar lo que ya funciona. Como en toda esta serie, lo decisivo no es la solución que hoy se propone con entusiasmo, sino si responde al problema real que viene o a una versión idealizada de él.