Esta serie ha medido, país por país, la distancia entre el escándalo de corrupción y su consecuencia judicial. República Dominicana ofrece una versión de esa brecha especialmente instructiva, porque no es el caso de un país que ignora la corrupción —al contrario, montó una de las maquinarias de persecución más activas de la región—, sino el de un país donde investigar mucho no se ha traducido, todavía, en condenar de forma proporcional. La grieta no está entre el delito y la denuncia, sino entre la denuncia y la sentencia firme.
El punto de partida es un esfuerzo real y cuantificable. Desde la creación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa —la PEPCA—, el Ministerio Público dominicano destapó una sucesión de grandes expedientes con nombres de operación: Antipulpo, Coral, Calamar, Medusa, Camaleón, Lobo, Cobra, Operación 13. Según datos de la propia procuraduría, se han procesado más de 200 personas físicas y unas 90 personas jurídicas, con decomisos de bienes por más de 10.000 millones de pesos a favor del Estado. El gobierno del presidente Luis Abinader lo presenta como un hito: afirma haber establecido, en sus palabras, “el primer régimen de consecuencias” del país, con miles de millones recuperados y un monitoreo preventivo de las compras públicas.
El dato que el balance oficial no resuelve
Pero aquí aparece la cifra que cambia la lectura, y conviene exponerla con precisión porque es el corazón del asunto. De todos esos casos emblemáticos —Antipulpo, Coral, Calamar, Medusa, Camaleón, Lobo, Cobra—, hasta el momento solo uno ha concluido con sentencia. Fue el caso de Alexis Medina y compartes —hermano del expresidente Danilo Medina—, con condenas a personas físicas y jurídicas por un desfalco superior a RD$4.796 millones; pero incluso esa sentencia fue recibida con reservas por organizaciones de transparencia, que consideraron las penas insuficientes.
El resto de los grandes expedientes —según el balance de la organización Participación Ciudadana— siguió estancado por incidentes procesales, reenvíos y recusaciones, lo que la entidad describe como una alerta sobre “la reproducción de la impunidad”. Es la misma figura que esta serie encontró en otros países, formulada aquí con crudeza: el sistema investiga, acusa, decomisa, pero los procesos se diluyen en el laberinto procesal antes de llegar a una condena firme. La diferencia con casos como el de Venezuela es importante y conviene subrayarla: en República Dominicana los casos existen, se investigan y se ventilan públicamente; el problema no es la ausencia de persecución, sino su desenlace.
El caso Senasa: cuando la corrupción toca la salud
El expediente que concentró la indignación de 2025 fue el del Seguro Nacional de Salud, Senasa. Según la acusación del Ministerio Público, un entramado desvió más de RD$15.000 millones del sistema público de salud —fondos destinados a la atención de los sectores más vulnerables—. Organizaciones de la sociedad civil lo describieron como el caso más grave del año, precisamente porque la corrupción no afectó a una obra pública abstracta, sino a un derecho fundamental: el acceso de millones de personas a servicios médicos.
El caso Senasa tuvo, además, una característica nueva que conviene registrar. A diferencia de escándalos anteriores que nacían y morían dentro del país, este circuló simultáneamente dentro y fuera, amplificado por la diáspora dominicana y por medios internacionales. Eso lo proyectó al radar global de la conversación sobre gobernanza, un terreno donde —como han señalado analistas— las percepciones de impunidad influyen en decisiones de inversión y en la reputación institucional del país. El escándalo dejó de ser solo doméstico.
Las dos lecturas, con sus datos
El caso dominicano admite dos lecturas legítimas, y el rigor obliga a presentarlas con peso comparable, porque ambas se apoyan en hechos verificables.
La lectura del gobierno y del Ministerio Público destaca lo inédito del esfuerzo: nunca antes se había investigado tanto ni se había procesado a tantos exfuncionarios de alto nivel, incluidos allegados y familiares de un expresidente. La procuraduría defiende sus procesos y sostiene que no escatimará esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes se beneficien del patrimonio público. A ello se suman avances institucionales concretos durante 2025: una nueva Ley de Contrataciones Públicas, una nueva Cámara de Cuentas, la digitalización de la Contraloría y un decreto que, por primera vez, sanciona el incumplimiento de la transparencia. Incluso el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional reflejó, a inicios de 2025, una mejoría para el país.
La lectura crítica —sostenida por organizaciones como Participación Ciudadana— no niega esos avances, pero apunta al cuello de botella: investigar sin condenar alimenta, a la larga, la misma impunidad que se dice combatir. Señala la lentitud judicial, los incidentes procesales que dilatan los expedientes y el riesgo de que algunos casos “periman” —caduquen— sin sentencia. Su conclusión es que la lucha contra la corrupción “debe trascender los discursos y traducirse en procesos judiciales oportunos”. No corresponde a este medio dictaminar cuál lectura pesa más; sí constatar que ambas describen el mismo cuadro desde ángulos distintos: un Estado que persigue con energía y una justicia que condena con lentitud.
La brecha dominicana
Lo que distingue al caso dominicano dentro de esta serie es que ilumina una fase específica del problema de la corrupción, una que suele quedar oculta cuando se celebra una redada o se anuncia una operación. La persecución —los allanamientos, las acusaciones, los decomisos— es la parte visible y mediática. La condena firme —la sentencia que efectivamente se cumple, tras agotar todos los recursos— es la parte lenta, técnica y poco noticiosa. Y es en esa segunda fase, lejos de los titulares, donde se decide si la lucha contra la corrupción cambia algo o se queda en gesto.
República Dominicana muestra que se puede tener una procuraduría activa, decomisos millonarios y mejoras en los índices internacionales, y aun así enfrentar un déficit de condenas que mantiene viva la sensación de impunidad. No es la brecha de los países que no investigan; es una brecha más sutil, la de los países que investigan pero cuyo sistema judicial no logra cerrar el círculo. Para el ciudadano, el efecto puede terminar siendo parecido: si nadie cumple condena, la pregunta de si vale la pena tanta investigación queda en el aire.
El dato verificable, aquí, es que República Dominicana procesó a más de 200 personas por corrupción y decomisó más de 10.000 millones de pesos, pero de sus grandes casos emblemáticos solo uno llegó a sentencia, mientras el caso Senasa recordaba que lo robado eran fondos de la salud pública. Si esa ofensiva culminará en condenas firmes que disuadan, o si se diluirá en el laberinto procesal hasta reproducir la impunidad que dice combatir, dependerá de algo que aún no ha ocurrido: de que los tribunales fallen, y de que esos fallos se sostengan. Como en toda esta serie, la prueba no está en cuántos casos se abren, sino en cuántos, al final, se cierran con consecuencias reales.