Esta cobertura ha recorrido los grandes modelos de regulación de la inteligencia artificial: el europeo, exhaustivo; el estadounidense, fragmentado; el británico y el canadiense, cada uno con su matiz. Todos comparten algo: son potencias o bloques con peso para imponer reglas. Falta mirar el problema desde el otro lado, el de los países pequeños, que son la mayoría del mundo y enfrentan una pregunta distinta: ¿cómo regula la IA un país que no tiene la fuerza para obligar a las grandes tecnológicas a sentarse a la mesa? Uruguay ofrece una respuesta interesante, y poco conocida, a esa pregunta.
El punto de partida es casi una paradoja. Uruguay —que suele encabezar los índices de transparencia y calidad democrática de América Latina— ya tiene en vigor una de las regulaciones de decisiones automatizadas más concretas de la región, y casi nadie lo sabe. El propio director de la agencia de gobierno digital del país, la Agesic, lo expresó con cierta sorpresa en un simposio reciente: existe una ley que regula plataformas digitales, está vigente, y sin embargo “nadie habla de ella”.
La ley de la que nadie habla
Esa norma —la Ley 20.396, reglamentada por decreto en julio de 2025— establece una base de protección para los trabajadores de plataformas digitales de reparto y transporte, como Uber o PedidosYa. Y contiene un elemento que conecta de lleno con los debates globales sobre IA: obliga a las empresas a explicar las decisiones automatizadas que afectan a sus trabajadores. En concreto, cuando un sistema automatizado restringe, suspende o da de baja la cuenta de un repartidor, o le niega un pago, la empresa debe entregarle una declaración escrita con los motivos en un plazo de 48 horas.
Es, en miniatura y aplicada a un sector concreto, exactamente lo que Europa discute para toda la economía: el derecho a una explicación cuando un algoritmo decide sobre tu vida. La ley uruguaya añade garantías que recuerdan a las europeas: los reclamos pueden hacerse ante la justicia uruguaya —y no obligan al trabajador a litigar en el extranjero—, y se protege la “reputación digital” del trabajador. Eso sí, con un límite explícito que también aparece en los marcos internacionales: la obligación de explicar no incluye revelar el código del algoritmo, solo los criterios de la decisión.
Lo notable no es solo el contenido, sino el método. La ley se aprobó, según relató el funcionario, buscando el mismo amplio consenso político con que Uruguay sacó adelante en su momento las leyes de acceso a la información pública y de protección de datos personales. En un continente donde la regulación digital suele nacer en medio de la polarización —como vimos en Brasil—, el enfoque uruguayo apuesta por el acuerdo previo. Si ese método es más lento o más sólido es, precisamente, una de las cosas que el tiempo dirá.
El laboratorio antes que la ley
El segundo rasgo del enfoque uruguayo es la secuencia: probar antes de legislar. En diciembre de 2025, el país habilitó sus primeros “sandboxes” —entornos controlados— para IA y datos, mediante un decreto que crea un comité técnico presidido por la Agesic e integrado por la unidad de protección de datos, ministerios y la agencia de innovación. La idea es permitir que se experimente con sistemas de inteligencia artificial bajo supervisión, antes de fijar una ley general, para entender los riesgos reales en vez de legislarlos a ciegas.
El decreto incluye un detalle revelador sobre el problema central de la IA: la atribución de responsabilidad. Obliga a cada proyecto que entre al sandbox a anticipar “la estimación de eventuales perjuicios” que pueda causar, las alternativas de resarcimiento y las garantías adoptadas. En otras palabras, intenta responder por adelantado a la pregunta que más cuesta en todo el debate global: quién responde si la IA se equivoca —en un diagnóstico médico asistido, en un sistema que procesa datos personales—. Junto a los sandboxes, el decreto regula también los “espacios de datos” para reutilizar información en poder del Estado, un insumo necesario para entrenar modelos.
Este enfoque gradual tiene una lógica defendible: en lugar de copiar una ley extranjera y aplicarla de golpe, se construye capacidad regulatoria desde la experiencia. Pero también tiene críticos, y conviene recogerlos: algunos especialistas sostienen que el marco uruguayo está fragmentado —repartido entre varias normas y agencias— y que convendría una regulación más amplia y genérica sobre el tratamiento automatizado de datos, antes que una ley exclusiva de IA. La discusión sobre si crear un organismo supervisor específico, al estilo de la agencia española que esta serie analizó, sigue abierta.
El reto que el propio gobierno admite
Aquí aparece el límite más honesto del caso uruguayo, y lo plantea el propio gobierno sin disimulo. El director de la Agesic lo resumió con una imagen: “Las empresas no tienen fronteras, pero los ciudadanos sí. Y si alguien quiere denunciar a una gran plataforma, no puede viajar a la sede de la empresa en otro continente. Es inviable”. Un país de tres millones y medio de habitantes carece del peso que tiene la Unión Europea para forzar a las grandes tecnológicas a cumplir sus reglas.
La conclusión que extrae el gobierno uruguayo es que la única salida es regional: avanzar hacia un acuerdo latinoamericano con normas mínimas comunes —presencia legal en cada país, atención humana garantizada, explicaciones transparentes, derecho a reclamar en la jurisdicción del usuario—. La frase del funcionario sintetiza la frustración y la estrategia: “Google dice que está a favor de la regulación. Bueno, que lo firme”. Es el mismo razonamiento que esta serie encontró en la pieza sobre la convergencia regulatoria latinoamericana: ningún país de la región puede, solo, equilibrar la balanza frente a corporaciones globales; juntos, quizá.
Conviene, eso sí, no idealizar el modelo. Que una ley exista no garantiza que se cumpla, y la propia sorpresa de que “nadie hable” de la norma de plataformas sugiere que su aplicación efectiva es todavía una incógnita. Tampoco está aprobada aún la ley general de IA que el gobierno anunció; por ahora hay una estrategia, un decreto de sandboxes y la adhesión, en septiembre, al Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA, derechos humanos y democracia. El edificio está en construcción, no terminado.
Lo que Uruguay le aporta a la serie
El caso uruguayo introduce una variable que las discusiones sobre regulación de la IA, centradas en las potencias, suelen omitir: el tamaño. Casi todos los marcos que esta serie analizó —el europeo, el estadounidense— son los de actores con poder de mercado suficiente para que las empresas los acaten. Pero la mayoría de los países del mundo no están en esa posición; son tomadores de reglas, no creadores. Para ellos, la pregunta no es solo qué regular, sino cómo hacer cumplir lo que regulan cuando el regulado es más grande que el regulador.
Uruguay ensaya tres respuestas a esa pregunta, y vale la pena nombrarlas porque podrían servir de modelo a otros países pequeños: regular lo que sí está a su alcance —las condiciones de los trabajadores de plataformas dentro de su territorio—; construir capacidad antes que normas —los sandboxes—; y buscar fuerza en la cantidad —la apuesta por un acuerdo regional—. Ninguna de las tres resuelve por sí sola el desequilibrio de poder, pero juntas dibujan una estrategia más realista que la de pretender, en solitario, doblegar a una multinacional.
El dato verificable, aquí, es que Uruguay ya tiene reglas concretas para las decisiones automatizadas en un sector, que optó por experimentar antes de legislar de forma general, y que reconoce abiertamente que su tamaño le impide regular solo a las plataformas globales. Si ese enfoque pragmático resulta más eficaz que los grandes marcos de las potencias, o si se queda en buenas intenciones sin capacidad de aplicación, dependerá de algo que todavía no ocurrió: de que las leyes se hagan cumplir y de que el acuerdo regional pase del discurso al texto firmado. Como en toda esta serie, lo decisivo no será la norma que se anuncie, sino la que de verdad llegue a obligar a quien tiene el poder de ignorarla.