El 10 de diciembre de 2025, Australia hizo algo que ningún país había hecho: ejecutar una prohibición nacional para que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales. No fue un anuncio ni un proyecto; fue la ley entrando en vigor, con plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat obligadas a desactivar las cuentas de menores y a impedir que creen nuevas. “Este es el día en que las familias australianas recuperan el poder de estas grandes tecnológicas”, declaró el primer ministro Anthony Albanese.
Lo que empezó en Australia se está volviendo una corriente mundial. El 26 de noviembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría —483 votos a favor, 92 en contra, 86 abstenciones— una resolución que propone una edad mínima de 16 años para acceder libremente a las redes sociales en toda la Unión. Reino Unido endureció sus reglas en julio de 2025, Francia experimenta con verificación de edad, Malasia y Nueva Zelanda preparan leyes similares, y en Estados Unidos la Kids Online Safety Act pasó el Senado por 91 a 3. Es, posiblemente, la ola regulatoria más sincronizada que ha vivido internet.
La intención es difícil de discutir: proteger a los menores de algoritmos adictivos, contenido dañino, ciberacoso y grooming, en un contexto de cifras crecientes de ansiedad, autolesiones y suicidio entre adolescentes. Pero como en cada pieza de esta cobertura sobre regulación digital, la pregunta de Diálogo Ciudadano no es si la intención es buena, sino qué distancia hay entre lo que la ley dice y lo que de verdad ocurre. Y aquí esa distancia tiene dos nombres: el adolescente que la sortea y el adulto que paga el precio.
Qué dice exactamente la ley europea
Conviene precisar, porque el matiz importa y se pierde en los titulares. La resolución europea del 26 de noviembre no es todavía una ley vinculante: es un informe no legislativo que marca la posición del Parlamento y presiona a la Comisión. Pero su contenido es nítido. Propone un umbral de 13 años como piso absoluto —por debajo del cual ningún menor debería acceder a redes sociales bajo ninguna circunstancia— y de 16 años para el acceso libre, permitiendo que los de 13 a 16 entren solo con consentimiento de sus padres.
Lo interesante es el alcance. La propuesta europea no se limita a las redes sociales clásicas: incluye las plataformas de vídeo y, de forma reveladora, los “compañeros de inteligencia artificial” —los chatbots de compañía—. Y va más allá de la edad: pide prohibir las prácticas más adictivas, como el scroll infinito, la publicidad dirigida a menores, las cajas de recompensa de los videojuegos, y los incentivos económicos a los “bebés influencers”. El relator del texto lo resumió sin rodeos: “Les estamos diciendo claramente a las plataformas: sus servicios no están diseñados para menores”.
La Comisión Europea, mientras tanto, prueba desde 2025 una aplicación de verificación de edad, con pilotos en Dinamarca, Francia, Grecia, Italia y España, integrada con la futura cartera de identidad digital europea. La idea es que las plataformas puedan usar esa herramienta común, o demostrar que su alternativa es igual de efectiva.
La primera grieta: el adolescente con VPN
Y aquí aparece la primera distancia entre la ley y la realidad, documentada casi en tiempo real. Cuando Australia implementó su prohibición en diciembre de 2025, las descargas de VPN entre los adolescentes australianos se dispararon en cuestión de días. Una VPN —una red privada virtual— hace que el teléfono aparente estar en otro país, fuera del alcance de la ley. El bloqueo nacional, sorteado con una aplicación gratuita.
No es el único agujero. Los analistas que siguen estas leyes llegan, una y otra vez, a la misma conclusión: la legislación aborda la responsabilidad de las plataformas, no la seguridad del hogar. Las leyes tardan años en aplicarse plenamente, las plataformas cumplen al mínimo, y un adolescente de trece años decidido encuentra la vuelta. De hecho, el propio regulador australiano acusó en marzo de 2026 a Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube de permitir que menores que ya se habían declarado como tales hicieran intentos repetidos de verificación de edad, y de no tener medidas suficientes para impedir cuentas nuevas. La ley existe; su ejecución, apenas empieza, y ya muestra fugas.
Las encuestas australianas capturan esta brecha con crudeza. En diciembre de 2025, el 70% de los votantes respaldaba la prohibición, pero en sondeos previos solo una minoría creía que funcionaría. Y entre los padres, apenas el 29% pensaba cumplir plenamente: una mayoría planeaba permitir selectivamente algunas plataformas a sus hijos. La ley tiene apoyo; la fe en su eficacia, mucho menos.
La segunda grieta: para verificar a los menores hay que identificar a todos
La grieta más profunda, sin embargo, no es técnica sino de principios, y es la que menos aparece en los titulares. Para impedir que un menor de 16 use una red social, la plataforma necesita saber la edad de todos sus usuarios. Y para saberlo con certeza —no por la fecha de nacimiento que cualquiera puede falsear— hace falta un sistema de verificación real: un documento de identidad, un escaneo facial, una cartera de identidad digital.
Esto plantea una paradoja incómoda para Europa, que es a la vez el continente más celoso de la privacidad —el del Reglamento General de Protección de Datos— y el que ahora empuja la verificación de edad más ambiciosa. Verificar la edad de los menores significa, en la práctica, exigir a cientos de millones de adultos que prueben quiénes son para entrar a una red social. El propio Parlamento Europeo fue consciente de la tensión: pidió expresamente que la verificación de edad sea “precisa y preserve la privacidad de los menores”. Pero la fricción es estructural. Una parte de la oposición y de las abstenciones en la votación vino justamente de eurodiputados que apoyan la verificación de edad en principio, pero temen que derive en vigilancia y en restricciones a la libertad de expresión.
El debate europeo lo refleja en toda su complejidad: del lado de la protección, gobiernos de Austria, Grecia y Bulgaria discutiendo umbrales de “adultez digital”; del lado de los frenos, expertos en derechos digitales, ONG de seguridad infantil, reguladores y psicólogos que advierten que la prohibición frontal puede no ser la herramienta adecuada, y que cada sistema de verificación es también una base de datos de identidades que puede filtrarse o usarse mal.
La pregunta que la ola no responde
Hay algo que estas leyes, en su forma actual, no resuelven, y conviene nombrarlo sin cinismo. Que un menor no tenga cuenta en Instagram no significa que esté a salvo: significa que el problema —la exposición a contenido dañino, la presión de los algoritmos, el acoso— se desplaza a donde la ley no llega. A las plataformas que no entran en la definición, a las VPN, a las cuentas prestadas, al teléfono de un amigo. La ley dibuja una frontera; la vida del adolescente la cruza por donde puede.
Esto no convierte la regulación en inútil. Obligar a las plataformas a asumir que sus servicios no están diseñados para niños, prohibir el scroll infinito dirigido a menores o los incentivos a los bebés influencers son cambios reales que mueven la responsabilidad hacia quien diseña los productos. El mérito de la ola regulatoria es haber roto el consenso anterior, en el que la edad mínima de 13 años existía sobre el papel pero estaba, en palabras de un eurodiputado irlandés, “completamente sin aplicar”.
Pero el riesgo es el de siempre en esta cobertura: confundir la aprobación de una ley con la solución de un problema. Australia aprobó la suya en 2024 y solo empezó a ejecutarla a fines de 2025; la europea ni siquiera es vinculante todavía. Entre el voto en Estrasburgo y el adolescente que abre una VPN en su cuarto hay una distancia que ninguna mayoría parlamentaria cierra por sí sola. Esa distancia —entre la ley promulgada y la conducta que de verdad cambia— es la que habrá que medir en los próximos años, plataforma por plataforma, país por país.
Por ahora, lo único verificable es esto: medio mundo está copiando el modelo australiano, la tecnología para hacerlo cumplir todavía es imperfecta, y la pregunta de fondo —cómo proteger a los menores sin convertir internet en un puesto de control de identidad para los adultos— sigue sin respuesta. Como siempre, no la dará el titular de la ley, sino lo que ocurra cuando intente aplicarse.