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Brecha salarial en el sector público. José Espinosa Riquelme

 

Por otro lado, se fomenta una desigualdad o brecha institucional, específicamente, en la Policía Nacional, pues a juzgar por el incremento de sueldos aprobado en la pasada administración y por la nueva escala que se pretende aplicar, parece ser la única entidad que realiza una función importante en la sociedad. Según se destaca en una información publicada en un medio impreso, la Policía pretende crear nuevos rangos de comisionado general y comisionado mayor, con salarios superiores al que gana el Presidente de la República, que irían entre $11 mil 350 y $8 mil 250.

La Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos publicó en un boletín que en 2009 los salarios de la Policía Nacional sumaban $13.31 millones por mes ($159.7 millones al año). En 2014 el salario se incrementó en $26.1 millones por mes ($312. 9 millones al año). Es decir, hubo un aumento de $153.2 millones al año.

Esta organización no cuestiona los ajustes porque considera que es posible que sean merecidos, pero sí la inmoralidad de las autoridades que no toman en cuenta al resto de los servidores públicos.

Esta inequidad no escapa a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Aunque jurídicamente fue creada como persona autónoma de derecho público, al final forma parte del engranaje de la administración pública del Estado. Conocemos el caso de un agente de seguridad que estudió de noche la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá y, a pesar de haber transcurrido cinco años desde que obtuvo su título de abogado, aún lo mantienen en turnos rotativos, realizando las mismas tareas de vigilancia en la ACP. Casos como este ocurren a lo interno, a pesar de que los directivos se jactan de tener una organización que se fundamenta en el mérito e igualdad de oportunidades, lo que no es tan cierto como se pregona.

Otro caso patético ocurre en el Ministerio de Obras Públicas. Ahí labora un funcionario con tres títulos académicos (abogado, relacionista público y profesor de educación media) al que se le mantienen relegado y subutilizado por años por razones del clientelismo político que priva en nuestro sistema democrático.

Cientos de ejemplos similares se cometen que en el sector público, debido a la carencia de una ley general de sueldos y por la suspensión de la carrera administrativa desde el quinquenio pasado.

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