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Para cazar al tiburón blanco. Roberto Brenes P.

 

Esta semana se estrenan un nuevo contralor y una procuradora, quienes ya tienen la agenda llena. Pero, además, es necesario reformar las leyes que impiden el buen ejercicio de la justicia. La primera debe ser para restablecer los plazos de prescripción e investigación que el gobierno pasado recortó de forma severa para tratar de eximirse de los delitos que cometía. El restablecimiento de estos plazos debe ser “de ya para ya”, y siendo normas de interés público se pueden aplicar retroactivamente.

Una acción clave es devolver al Ministerio Público la investigación de los delitos, que con la Ley 59 de 1999 pasó a la Contraloría, un ente politizado. Allí la ley ha sido lenta e inefectiva. La Contraloría es además juez y parte. En casi todos los casos de fraude y corrupción hay auditores de esa entidad. Por omisión o comisión, intencionada o no, muchos fraudes y robos ostentan el sello de aprobación del control previo de la Contraloría. Así, la propia institución nunca se ha interesado en procesar los casos por lo embarrado que puedan estar sus funcionarios. Y al no moverlos, porque no comparecen los auditores, los casos de corrupción se han caído.

Ya sea que la Ley 59 se derogue, o no, el nuevo Contralor debe llevar a todos los auditores involucrados a los procesos, no como expertos, sino como sospechosos. A ver qué dicen los que aprobaron compras por muchas veces el valor de mercado.

En materia legal es necesario adelantar la aplicación nacional de todas las partes del sistema penal acusatorio, que admite la delación y el testigo protegido. Esta es una herramienta efectiva, con lo caótico y peligroso de las cárceles y lo flojos que son algunas conocidas rémoras del círculo íntimo, tendremos “cantalantes por saco”.

En la misma línea e imitando a jurisdicciones más desarrolladas, hay que instaurar un sistema de recompensas dirigidas a los que permitan que la Nación recupere lo robado. Este mecanismo también es poderoso porque estimula la ambición de mucha gente, desde cazarrecompensas profesionales hasta encumbrados ejecutivos y empresarios. Solo miren el ejemplo de los banqueros suizos que delataron a clientes americanos a cambio de una jugosa comisión.

Lo bueno de esta medida es que nadie está a salvo. Las pequeñas sardinas y rémoras de unos milloncitos –y que pasarían por debajo del radar– ya no estarán. Si aprueban algo así conozco a un amigo que tiene su lista de sardinas, porque 20% de 6 millones por aquí, 4 por allá y 5 más allá, dice, le aseguran una jubilación decorosa y la gratitud del país.

La condena y el rescate de bienes se vuelve más difícil y complicada mientras más profundo y oscuro el mar. Ya sabemos que hay esquemas de pago y lavado de coimas regados en bancos europeos y asiáticos y ocultos en sofisticadas estructuras. Ya sabemos de algunas en las que la coima se produce a través de opciones de compra y venta de títulos del mercado bursátil a precios falsos. Por lo tanto, además de medidas de delación, recompensa y acción judicial necesitamos esquemas de colaboración con las instituciones relevantes del mundo amén.

Y no se trata de colaboración judicial, es también asistencia de los reguladores financieros y de los mercados de valores del mundo, de la prensa económica internacional y de las instituciones multilaterales. En todo esto no se trata solo de acorralar al corrupto sino al corruptor. El escándalo de Petrobras y los de algunas empresas europeas, en que los malos son los mismos que tienen negocios acá, nos permite crear un perfil de sospechosos a los que hay que rebuscarle todo lo que podamos. Esto supone dedicar recursos a limpiar el país, rescatar su patrimonio y devolverle decencia y orgullo a la Nación. No dudo que el poder Ejecutivo lo hará, pero es clave que el Legislativo lo adopte y lo entienda. Con dos poderes alineados, no hay tercer poder malo.

Entre los diputados hay algunas barracudas y muchas rémoras. Pero la magnitud del asalto al erario impactó a muchos que se sumarían a las reformas, por conveniencia, miedo o decencia. Varela solo necesita proponer una ley que derogue la revocatoria de mandato de los partidos sobre sus diputados. Esta ley, única en el mundo, es un collar de púas a la independencia del diputado. Sin duda la mayoría la aprobaría. Liberados los legisladores de la amenaza partidista del tiburón y el cada vez más pequeño cardumen de chupapiedras, se pueden facilitar las reformas y más.

Soy optimista porque veo a los panameños fieramente interesados en que haya justicia. Este interés debe ser continuo, extendido e intenso. Así como apoyamos acciones por la justicia, debemos censurar abiertamente la corrupción. Los corruptos son una vergüenza nacional y debemos recordárselo cada vez que los veamos. Como le recordaremos a los gobernantes el compromiso que hemos hecho todos de adecentar el país.

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