4 de febrero de 2026 IE confirmed
Irlanda publica su ley de implementación del AI Act
El 4 de febrero de 2026, Irlanda publicó el Regulation of Artificial Intelligence Act 2026, la ley nacional que implementará las disposiciones del AI Act. El enfoque irlandés establece la AI Office of Ireland (Oifig Náisiúnta na hIntleachta Saorga), que actuará como coordinador central y punto único de contacto (Art. 70), con el objetivo de estar operativa el 2 de agosto de 2026. Irlanda adopta un modelo distribuido de regulación con 15 autoridades competentes en sectores financiero, regulatorio, de consumo, salud, servicios públicos y telecomunicaciones. Es uno de los pocos Estados miembros con una arquitectura de ejecución claramente definida antes del plazo de alto riesgo.
2 de agosto de 2026 EU confirmed
2 de agosto de 2026: el grueso del régimen sancionador se vuelve ejecutable (salvo Omnibus)
El 2 de agosto de 2026 — a menos que el Digital Omnibus se adopte formalmente antes — entran en plena aplicación las obligaciones de alto riesgo del AI Act y se vuelven ejecutables las sanciones asociadas, así como las penalidades a proveedores de GPAI (Art. 101, competencia exclusiva de la Comisión). Desde esa fecha, las autoridades nacionales de vigilancia de mercado pueden investigar incumplimientos, solicitar información a proveedores y desplegadores, y ordenar medidas correctivas. El régimen del Art. 99 reproduce de cerca el marco de cálculo de multas del Art. 83(2) del RGPD, por lo que las autoridades de protección de datos ya tienen experiencia aplicando este tipo de análisis. Este es un evento prospectivo: se incorpora al tracker como hito anunciado y se actualizará cuando se materialice o cuando el Omnibus lo modifique.
14 de enero de 2026 EU confirmed
A inicios de 2026, solo 3 de 27 EM habían designado ambas autoridades competentes
Según el seguimiento del Future of Life Institute y el directorio del IAPP, a inicios de 2026 — cinco meses después del plazo — solo tres Estados miembros habían designado tanto su autoridad notificante como su autoridad de vigilancia de mercado. Diez tenían propuestas legislativas pendientes o una sola autoridad designada ('claridad parcial'), y catorce no habían designado ninguna. Irlanda figura entre los más avanzados, con 15 autoridades competentes designadas en un modelo distribuido por sectores y nueve autoridades de derechos fundamentales. Alemania designó a la Bundesnetzagentur como autoridad principal de vigilancia de mercado. La Comisión publicó una lista inicial de cerca de 2.000 autoridades de vigilancia de mercado notificadas a nivel UE, reflejando el carácter altamente descentralizado y fragmentado de la ejecución.
2 de agosto de 2025 EU confirmed
Plazo de designación de autoridades y de aplicación del régimen sancionador
El 2 de agosto de 2025 era el plazo para que los Estados miembros designaran sus autoridades nacionales competentes (al menos una autoridad notificante y una de vigilancia de mercado, Art. 70) y notificaran a la Comisión sus reglas nacionales de penalidades (Art. 99.2). Desde esa fecha, las prácticas prohibidas pasaron a ser ejecutables por las autoridades designadas. Pero el régimen tiene una grieta estructural: como señala DLA Piper, sin medidas de ejecución implementadas a nivel nacional, no está claro que los reguladores tengan los poderes para aplicar las multas del Art. 99. Las sanciones a proveedores de GPAI se pospusieron al 2 de agosto de 2026, alineándose con los poderes de la Comisión sobre estos modelos.
2 de febrero de 2025 EU confirmed
Las prácticas prohibidas (Art. 5) se vuelven aplicables en los 27 EM
El 2 de febrero de 2025 entraron en aplicación las prohibiciones del Art. 5 del AI Act en los 27 Estados miembros: manipulación subliminal, explotación de vulnerabilidades, puntuación social, identificación biométrica remota en tiempo real con fines policiales (con excepciones tasadas), entre otras prácticas consideradas incompatibles con los derechos fundamentales. Dos días después, el 4 de febrero, la Comisión publicó directrices que desglosan cada prohibición en condiciones acumulativas con ejemplos prácticos. El incumplimiento de estas prohibiciones es la infracción más grave del AI Act: hasta 35 M€ o 7 % de la facturación mundial anual.
