Rastreo del gasto en publicidad política digital declarado en las bibliotecas de anuncios de las plataformas (Meta, Google) durante las elecciones de 2026, por país. Mide una brecha clave para la transparencia electoral: la distancia entre lo que se puede ver en las Ad Libraries públicas y lo que escapa a ellas —anuncios no etiquetados como políticos, gasto en plataformas sin biblioteca, o influencers no declarados—. Es un dato escaso y de alto valor para reguladores, periodismo de datos y equipos de transparencia. Cada registro documenta país, plataforma, importe observable y periodo, con su fuente.
Lecturas estadísticas derivadas de los atributos de cada caso registrado. Todas las cifras proceden de los eventos documentados; los importes se calculan solo sobre los casos con cantidad expresada en la moneda indicada, sin convertir entre divisas.
Coropleta por número de casos forense o judicialmente documentados. Los países sin casos públicos verificables permanecen en el color base — la ausencia de eventos no equivale a ausencia de vigilancia. Pasa el ratón o haz clic en un país coloreado para ver los casos.
Estados Unidos proyecta 10.800 millones de dólares en publicidad política en 2026; la Unión Europea, en cambio, prohibió la publicidad política en plataformas. Pero el dato más revelador no es cuánto se gasta, sino cuánto escapa a las bibliotecas de anuncios: cuando la UE prohibió, el gasto no desapareció, se volvió invisible.
El gasto en publicidad política digital es uno de los datos más codiciados y peor medidos de cualquier elección. Codiciado porque revela quién invierte en convencer y con cuánto músculo. Mal medido porque buena parte ocurre en lugares que ninguna biblioteca de anuncios alcanza. Este rastreo no intenta dar una cifra total imposible; intenta mapear la brecha entre lo que se ve y lo que se escapa.
Los dos extremos del espectro de 2026 son didácticos. Estados Unidos, sin ley federal de transparencia, encara el midterm más caro de su historia: una proyección de 10.800 millones de dólares en publicidad política, de los cuales una porción creciente es digital. La Unión Europea tomó el camino opuesto: bajo el Reglamento 2024/900, prohibió la publicidad política en plataformas, y Meta y Google la suspendieron en octubre de 2025.
La paradoja europea: prohibir la publicidad política para hacerla más transparente tuvo el efecto contrario a corto plazo. En Hungría, el gasto se reclasificó como contenido no político y siguió circulando vía páginas proxy —un grupo pro-Fidesz gastó más de 1,7 millones de euros en Facebook—, dejando de activar los requisitos de transparencia. Lo que no se puede ver, no se puede auditar.
Para un regulador electoral, un periodista de datos o un equipo de transparencia, la pregunta útil no es 'cuánto se gastó en total' —una cifra que nadie puede conocer con certeza— sino 'qué porción del gasto real es rastreable y qué porción se nos escapa'. En Brasil, la publicidad digital declarada es una fracción pequeña, pero la influencia vía WhatsApp e influencers, que ninguna biblioteca recoge, pesa mucho más. En Colombia, la veda de encuestas y la mensajería privada hacen lo mismo.
Ese es el diseño de este rastreo: cada registro documenta el gasto observable en una plataforma con biblioteca consultable y, sobre todo, anota qué queda fuera. La cifra visible es el suelo, no el techo. Y la distancia entre ese suelo y el gasto real —imposible de medir con precisión pero posible de acotar cualitativamente— es exactamente el riesgo de opacidad que importa a quien vigila la transparencia electoral.
Se proyecta un gasto total en publicidad política de 10.800 millones de dólares en el ciclo 2025-2026, el midterm más caro de la historia de EE.UU. (estimación AdImpact); en 2024 más de 1.900 millones fueron a publicidad en línea. Brecha: la transparencia depende de bibliotecas voluntarias; gran parte del gasto en TV conectada y streaming escapa a las Ad Libraries.
Tras la prohibición de publicidad política en la UE (Reglamento 2024/900), Meta y Google la suspendieron, pero el gasto siguió vía páginas proxy: el grupo pro-Fidesz Megafon gastó más de 1,7 millones de euros en contenido promocional en Facebook en 2024. Brecha extrema: la publicidad política se reclasificó como no política y dejó de activar los requisitos de transparencia.
Bajo el Reglamento de transparencia de publicidad política (TTPA), en vigor desde octubre de 2025, Meta y Google suspendieron la publicidad política en la UE. La Comisión planea un repositorio centralizado europeo desde abril de 2026. Brecha paradójica: la prohibición redujo la publicidad visible pero empujó el gasto a canales menos rastreables.
La publicidad política colombiana es parcialmente rastreable en las bibliotecas de Meta y Google durante la campaña presidencial, pero buena parte de la actividad ocurre en mensajería privada (WhatsApp, Telegram) fuera de toda biblioteca. Brecha: la veda de encuestas y el peso de la mensajería privada limitan la trazabilidad del gasto real.
Brasil restringe la publicidad política digital bajo las reglas del TSE. Históricamente, la publicidad digital ha sido una fracción del gasto: en 2022 representó alrededor del 3% del total, frente a la televisión y radio tradicionales. Brecha: el grueso del gasto sigue en medios tradicionales, pero la influencia digital (WhatsApp, influencers) escapa a la medición de las Ad Libraries.
Cada registro documenta el gasto en publicidad política observable en la biblioteca de anuncios de una plataforma para una elección de 2026, por país. El importe es el declarado/observable en la Ad Library, no una estimación propia del medio; cuando una cifra es estimación de un tercero, se atribuye. La brecha se interpreta cualitativamente: qué porción del gasto político real queda fuera de la biblioteca (plataformas sin Ad Library, anuncios no etiquetados, contenido de influencers). No se imputan cifras no publicadas. Se prioriza Meta y Google por ser las plataformas con bibliotecas consultables.