En la pieza sobre El Salvador analizamos el modelo más copiado de América Latina: la mano dura de Bukele, su éxito real en seguridad y las grietas que ese éxito esconde. Esta pieza es su contracara necesaria, porque ningún modelo se entiende sin ver qué pasa cuando otro intenta replicarlo. Y el país que más lo ha intentado —Ecuador— ofrece una lección incómoda: la misma receta puede dar resultados radicalmente distintos según el terreno donde se aplique.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa adoptó buena parte de ese enfoque. Declaró un “conflicto armado interno” en enero de 2024, catalogó a más de veinte bandas criminales como organizaciones terroristas, sacó a las Fuerzas Armadas a las calles, encadenó estados de excepción —algunos sobre todo el territorio nacional— y articuló un discurso de combate frontal contra el “narcoterrorismo”. Las medidas son comparables a las salvadoreñas; los resultados en seguridad, según los datos disponibles, han sido distintos. Ecuador cerró 2025 con cerca de 9.300 homicidios, la cifra más alta de su historia reciente, y 2026 se perfila como el segundo año más violento. La pregunta que esta pieza examina es por qué medidas semejantes han dado, hasta ahora, desenlaces diferentes.
Los datos de violencia
Conviene empezar por los números, porque son demoledores y porque desmienten, por sí solos, el relato del triunfo. Ecuador encabeza hoy las estadísticas de homicidios de América Latina, con más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025. Para dimensionarlo: en promedio se registra un asesinato cada poco más de una hora. El país multiplicó por casi siete sus homicidios en apenas seis años. Donde El Salvador exhibe una caída drástica de la violencia como bandera de su modelo, Ecuador exhibe lo contrario: una escalada que la mano dura no ha frenado.
El gobierno responde con anuncios de reducciones puntuales —un descenso porcentual durante un toque de queda, una baja respecto a un trimestre previo—. Y en efecto, en el primer cuatrimestre de 2026 hubo algo menos de homicidios que en el mismo periodo de 2025: 2.778 frente a 3.148. Pero esa “mejora” deja el año en camino de ser el segundo peor de la historia, y un analista lo describió con una palabra precisa: “espectacularización” de la seguridad. Se anuncian operativos, megabuques de guerra, cifras de un mes; mientras tanto, la tendencia estructural sigue en niveles catastróficos.
Por qué las mismas medidas darían resultados distintos
Aquí está el núcleo de la pieza, y conviene desarrollarlo con cuidado para no caer ni en el elogio del modelo salvadoreño ni en la condena simplista del ecuatoriano. La diferencia entre ambos países no está tanto en cómo se aplica la receta como en sobre qué realidad se aplica.
El Salvador enfrentaba pandillas —la MS-13 y el Barrio 18— que eran, esencialmente, un fenómeno de control territorial local, extorsión y violencia, con escasa conexión con los grandes flujos económicos internacionales. Eran organizaciones a las que el Estado, concentrando poder y encarcelando masivamente, podía asfixiar. Ecuador enfrenta algo distinto y más difícil: se ha convertido en un punto estratégico para el acopio y envío de droga a través del Pacífico hacia los mercados de América y Europa. Sus bandas —Los Lobos, Los Choneros, Tiguerones— no son solo actores locales, sino engranajes de una economía criminal transnacional, conectados con carteles mexicanos y mafias europeas, que se disputan rutas que mueven miles de millones.
La consecuencia es estructural. Encarcelar a miles de pandilleros puede desarticular el control territorial de una mara salvadoreña; pero meter presos a miembros de una organización narco no detiene el flujo de droga ni el dinero que lo sostiene, porque la demanda y las rutas siguen ahí, y los reemplazos también. Como advirtió un especialista ecuatoriano, las cárceles se llenan sin afectar las estructuras económicas del narcotráfico ni las redes de lavado de dinero que operan dentro y fuera del país. El manual de Bukele ataca la manifestación visible de la violencia; en Ecuador, la raíz económica queda intacta.
Los costos que sí se parecen
Donde Ecuador sí reproduce el modelo salvadoreño es en los costos, y conviene nombrarlos con el mismo rigor que aplicamos a El Salvador. Los estados de excepción se han encadenado desde 2024, suspendiendo derechos como la inviolabilidad del domicilio. La ONU ha expresado preocupación por denuncias de desapariciones en el marco de esos estados de excepción. Organismos de derechos humanos advierten que la militarización no ataca el fondo y puede limitarse a desplazar a los grupos criminales de una región a otra.
Hay además un patrón que esta cobertura ya señaló: la selección de los territorios bajo toque de queda no siempre coincide con los datos de violencia. Un análisis mostró que, en una de las ofensivas, se priorizó para toque de queda absoluto a provincias entre las cuales una reportaba muy pocas muertes violentas, mientras la lógica técnica de esa elección quedaba sin clarificar. Es el riesgo de toda política de seguridad espectacularizada: las medidas se diseñan tanto para comunicar firmeza como para resolver el problema, y no siempre las dos cosas coinciden.
A esto se suma un dato que rara vez aparece en los anuncios: mientras las cifras oficiales reportan reducciones en algunos grupos, las muertes de adolescentes aumentaron. La violencia no desaparece; muta y se desplaza hacia los más vulnerables, los jóvenes que las bandas reclutan en ausencia de otras oportunidades.
Lo que la comparación enseña
La lección que ofrece poner a Ecuador junto a El Salvador, para los analistas de seguridad, va más allá de “la mano dura funciona” o “la mano dura no funciona”. Apunta a que la eficacia de un modelo de seguridad depende del diagnóstico del problema que enfrenta, y a que trasladar una fórmula de un país a otro sin considerar las diferencias de contexto rara vez produce los mismos resultados. Bukele enfrentó —más allá del debate sobre sus métodos y la acusación que el Gobierno niega— un fenómeno criminal con características que, según estos análisis, su estrategia podía incidir. Noboa enfrenta uno cuya fuerza, señalan los especialistas, no reside principalmente en un territorio que se pueda militarizar, sino en circuitos económicos transnacionales que escapan a esa herramienta.
Esto no significa que Ecuador no deba combatir a sus bandas, ni que la seguridad no importe: importa, y los 9.300 homicidios son una tragedia que exige respuesta. Significa que la respuesta correcta probablemente no sea la que se está aplicando, y que el atractivo político del “modelo Bukele” —rápido, contundente, telegénico— puede estar llevando a Ecuador a invertir su capital institucional en una estrategia que ataca los síntomas mientras la enfermedad avanza. Los expertos insisten en lo que los anuncios omiten: hacen falta políticas integrales que ataquen las causas —la desigualdad, la falta de oportunidades, las redes de lavado— y no solo el despliegue militar.
El dato verdadero, aquí, es que Ecuador aplicó el modelo de seguridad más admirado de la región y obtuvo el peor resultado de su historia. Las dos cosas son ciertas a la vez, y su coexistencia es precisamente la advertencia: un modelo no es bueno o malo en abstracto, sino adecuado o inadecuado para un problema concreto. Como siempre en esta serie, lo decisivo no será el próximo anuncio de mano dura ni el próximo megabuque, sino si alguien en Ecuador se atreve a admitir que el manual que copió fue escrito para otra guerra.