Toda esta serie ha examinado la distancia entre lo que un dato dice y lo que el dato por sí solo no muestra. Hemos visto países donde el escándalo no llega a condena y países donde la condena se anula. El Salvador presenta una variante distinta: un país donde el dato es genuinamente bueno —la seguridad mejoró de forma notable y verificable— pero donde existe un debate, sostenido por fuentes judiciales y organismos internacionales, sobre cómo se obtuvo ese resultado y a qué costo.
Nayib Bukele es, sin discusión, el presidente más popular de América Latina y el modelo político más imitado de la región. Ganó la reelección en 2024 con el 82% de los votos, y su partido controla 57 de 60 diputados. La razón de esa popularidad es real y medible: El Salvador, que llegó a ser señalado como el país más violento del mundo, vio desplomarse sus homicidios. Para millones de salvadoreños que vivieron bajo el terror de las pandillas, esa transformación no es propaganda: es la diferencia entre poder salir a la calle o no.
Pero como en cada pieza de esta cobertura, la pregunta de Diálogo Ciudadano no es si el dato es bueno, sino qué hay detrás de él. Y detrás de la caída de los homicidios salvadoreños hay dos historias que el porcentaje de aprobación no cuenta: cómo se construyó ese resultado y cuánto costó en términos institucionales.
Lo que dice el dato
Empecemos por reconocer lo innegable, porque sería deshonesto no hacerlo. La violencia de pandillas en El Salvador disminuyó drásticamente. El estado de excepción decretado en marzo de 2022 —tras un fin de semana con 87 asesinatos— permitió detenciones masivas, y se estima que desde entonces más de 85.000 personas han sido arrestadas. La sensación de seguridad cotidiana cambió de forma palpable. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy crítica del gobierno, reconoce la mejora inédita en los índices de seguridad.
Eso explica el 82% de aprobación, y explica también por qué el modelo se exporta: presidentes y candidatos de toda la región invocan a Bukele como prueba de que la mano dura funciona. En el índice de percepción de la corrupción, El Salvador incluso mejoró ligeramente su puntaje. Vistos en aislamiento, los números cuentan una historia de éxito.
El problema es que los números nunca están en aislamiento.
El método, según la acusación de los fiscales
La primera historia que el dato no cuenta es cómo bajaron los homicidios, y aquí la fuente no es la oposición salvadoreña, sino los fiscales federales de Estados Unidos.
Según una acusación presentada en la Corte del Distrito Este de Nueva York en septiembre de 2022 —cuyos detalles reveló el diario español El País—, el Gobierno de Bukele negoció con la MS-13 entre 2019 y 2021. Los fiscales estadounidenses alegan que los principales líderes de las pandillas negociaron acuerdos con el gobierno para reducir el número de asesinatos públicos, creando así la impresión de tasas de homicidios más bajas, a cambio de regímenes penitenciarios más laxos, penas más cortas, liberaciones anticipadas y garantías de no extradición a Estados Unidos. En 2021, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a dos funcionarios del gobierno de Bukele por su presunta participación en esas negociaciones, que incluían incentivos financieros para la MS-13 y la pandilla Barrio 18.
Si la acusación es correcta, parte de la caída de los homicidios no fue solo producto de la represión, sino también de un pacto: un acuerdo por el cual las pandillas redujeron la violencia visible a cambio de beneficios. El dato de seguridad sería, en parte, el resultado de una negociación con las mismas organizaciones criminales que el discurso oficial dice combatir. Conviene la cautela: se trata de acusaciones de fiscales, los hechos se ventilan en tribunales y el gobierno salvadoreño los niega. Pero la fuente no es menor, y la sigue una segunda historia que la refuerza.
Las deportaciones que objetan los fiscales
El segundo elemento que señalan los fiscales tiene que ver con lo que ocurrió después. Cuando Estados Unidos tenía bajo custodia a líderes de la MS-13 que, según esa acusación, podían testificar sobre el presunto pacto, el gobierno de Bukele gestionó su regreso a El Salvador, fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.
El caso más documentado es el de César Humberto López Larios, alias “El Greñas”, uno de los llamados “Doce Apóstoles del Diablo”, la cúpula de la MS-13. Capturado gracias a la unidad especial estadounidense que investigaba a la pandilla, estaba a punto de enfrentar juicio en Nueva York. En marzo de 2025, la propia Fiscalía estadounidense renunció a su acusación por razones que calificó de “geopolíticas” —sin explicar cuáles—, le retiró los cargos y fue deportado de inmediato a El Salvador, donde terminó en el CECOT, la megacárcel de Bukele. La embajadora salvadoreña ante Estados Unidos declaró en televisión que Bukele exigió a la administración estadounidense, como condición para recibir a venezolanos deportados, que le enviaran “a los cabecillas pandilleros que están en Estados Unidos”.
Para los fiscales estadounidenses y las organizaciones que han seguido el caso, la secuencia es relevante: los líderes que, según la acusación, conocían los detalles del presunto pacto y podían declararlos ante una corte extranjera, regresaron a la jurisdicción del gobierno al que esa acusación señala. El gobierno salvadoreño defiende las deportaciones como parte de su política de seguridad y rechaza la versión de los fiscales. Es un patrón que algunos analistas comparan con lo ocurrido en Brasil con la evidencia de Odebrecht, con una diferencia: aquí lo que está en juego no es un documento, sino el testimonio de un testigo.
El costo institucional: los datos verificables
Hay una tercera historia, y esta no depende de ninguna acusación: está a la vista y es verificable. El éxito de seguridad de Bukele se construyó sobre un desmantelamiento sistemático de los contrapesos institucionales.
El recuento es conocido y documentado. En febrero de 2020, Bukele entró con militares a la Asamblea Legislativa para presionar la aprobación de fondos. Tras ganar la supermayoría en 2021, su partido destituyó en un solo día a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general —el mismo fiscal que, según la acusación de Nueva York, había respaldado las extradiciones de líderes de la MS-13 a Estados Unidos—. Una Sala Constitucional reconfigurada reinterpretó el artículo de la Constitución que prohibía la reelección, habilitando la candidatura de 2024. Y en 2025, la Asamblea aprobó por vía rápida una reforma que permite la reelección presidencial indefinida y extiende el mandato de cinco a seis años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó estas reformas como “un serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho”. La directora para las Américas de Human Rights Watch fue más directa: con la reelección indefinida, dijo, El Salvador recorre “el mismo camino que Venezuela”, uno que “empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder y termina en dictadura”. El estado de excepción, pensado como medida temporal de emergencia, lleva renovándose mes a mes desde marzo de 2022; la propia CIDH sostiene que ya no existe la emergencia que lo justificaba. Grupos de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias de inocentes, torturas y muertes bajo custodia.
El balance: dato verdadero y dato completo
Puesto junto al resto de la serie, El Salvador ofrece la versión más difícil de juzgar, y por eso vale la pena no simplificarla. No es Venezuela, donde el dato mismo es falso y la represión no compra ningún bienestar. En El Salvador la seguridad mejoró de verdad, y para el ciudadano de a pie esa mejora es real y valiosa. Negarlo sería ignorar la experiencia de quienes vivieron el terror de las pandillas.
El debate, entonces, tiene tres planos. El primero, entre el dato de seguridad y cómo se produjo: la represión masiva y, según la acusación de los fiscales estadounidenses, también un pacto con las pandillas que el Gobierno niega. El segundo, entre esa acusación y la posibilidad de dirimirla en tribunales, que los fiscales ven afectada por las deportaciones. Y el tercero, el más documentado y menos disputado en los hechos, aunque sí en su interpretación: el costo institucional. Para organismos como la CIDH y HRW, la reelección indefinida y el estado de excepción prolongado representan un retroceso democrático; para el Gobierno y sus partidarios, son instrumentos legítimos validados en las urnas por una mayoría amplia.
El modelo Bukele es popular porque ofrece un intercambio que millones aceptan: más seguridad a cambio de ciertas garantías. El desacuerdo es sobre el balance de ese intercambio. Para sus partidarios, el resultado —la caída de homicidios, el 82% de aprobación— habla por sí solo y fue refrendado en las urnas. Para sus críticos, incluidos organismos internacionales de derechos humanos, parte de ese resultado podría apoyarse en un pacto que el Gobierno niega, y su costo institucional es alto. Lo verificable hoy es que el dato de seguridad es real; lo que está en disputa es cómo se construyó y qué se entregó a cambio.
El desenlace no lo darán el porcentaje de aprobación ni el discurso oficial, sino lo que resuelvan los tribunales donde se ventilan las acusaciones, y el modo en que las instituciones salvadoreñas ejerzan sus funciones de control en los próximos años.
Este análisis se apoya en el tracker del índice de corrupción global de Diálogo Ciudadano. Las acusaciones sobre el pacto con las pandillas provienen de expedientes judiciales de Estados Unidos y están en proceso; el Gobierno salvadoreño las niega y rige la presunción de inocencia. Datos verificados contra fuentes judiciales, organismos de derechos humanos y prensa primaria.