Esta serie ha seguido los ciclos electorales de 2026 y, por separado, los modelos de regulación de la inteligencia artificial. Hay un punto donde ambos hilos se cruzan, y es uno de los frentes más delicados para la democracia: el uso de IA generativa para fabricar contenido electoral falso. Aquí la brecha entre la tecnología y la ley adopta una forma particularmente aguda, porque no se trata solo de que la regulación llegue tarde, sino de que las herramientas mismas con que las democracias protegían sus elecciones —como la veda de campaña— fueron diseñadas para un ecosistema mediático que ya no existe.
Conviene empezar por la magnitud del fenómeno, con sus cifras. Según estimaciones citadas por la UNESCO, la producción de deepfakes creció alrededor de un 550% entre 2019 y 2023, y su sofisticación avanza más rápido que la de los detectores: las pistas que antes delataban un video falso —sombras, brillos, la coherencia de la luz, los ojos— se desvanecen con cada nueva generación de modelos. En el plano electoral, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral documentó, solo en México, decenas de casos de uso de IA en campañas locales y cientos de denuncias por violencia política amplificada en redes. El contenido sintético —cualquier imagen, audio o video creado o alterado con IA para parecer real— dejó de ser una hipótesis para volverse un material de campaña.
Los casos que ya ocurrieron
No hace falta especular sobre el futuro: la región ya tiene un historial. En las elecciones municipales brasileñas de octubre de 2024 circularon videos y audios manipulados atribuidos a figuras de primer nivel. En Argentina, durante las legislativas de 2025, la Fiscalía Nacional Electoral registró decenas de denuncias vinculadas a videos falsos generados con IA, en un contexto de más de 360 denuncias por violaciones a la veda y desinformación. Estudios de IDEA Internacional y de la Fundación Friedrich Naumann han documentado el uso de clonación de voz, imágenes falsas y mensajes personalizados para desacreditar candidatos en México, Venezuela, Argentina y otros países. En Estados Unidos, antes incluso, unas llamadas automatizadas con una voz clonada de un dirigente pidieron a los votantes no participar en unas primarias.
El patrón que describen los analistas es revelador, porque no es aleatorio. El contenido sintético electoral tiende a un formato breve y emocional —videos de pocos segundos, pensados para el móvil y para compartirse en cadena—, con un calendario quirúrgico: se dispara en la víspera de la elección, cuando la ley suele prohibir hacer campaña y la capacidad de respuesta institucional es mínima. Y se amplifica de forma segmentada, a través de una constelación de cuentas anónimas, influencers y militancia digital. El diseño es deliberado: maximizar el daño en el momento de menor defensa.
La respuesta pionera: Brasil
Frente a este panorama, algunos países han reaccionado, y Brasil fue el primero de la región en hacerlo de forma institucional. Su Tribunal Superior Electoral aprobó, en febrero de 2024, una resolución que reguló de manera inédita el uso de IA en la propaganda electoral para los comicios municipales de ese año. Sus disposiciones, que conviene enumerar porque marcan el primer estándar regional, son concretas: prohibió el uso de deepfakes —definidos como contenido sintético de audio o video, generado o manipulado digitalmente, para crear o alterar la imagen o voz de una persona— cuando se empleen para perjudicar o favorecer una candidatura; obligó a identificar explícitamente toda propaganda generada con IA; y restringió el uso de robots o chatbots que simulen un diálogo directo con el elector. La sanción no es menor: el uso irregular puede configurar abuso de poder y derivar en la cassação —la anulación— del registro de la candidatura o del mandato.
Brasil ofrece, así, un modelo que otros observan: no prohíbe la IA en campaña —sería inviable—, sino que prohíbe su uso engañoso y obliga a la transparencia. Es la misma lógica de etiquetado y transparencia que el AI Act europeo aplica a otros contextos, trasladada al terreno electoral.
La brecha de fondo: una veda obsoleta
Aquí está el punto que esta pieza busca subrayar, porque va más allá de la regulación específica. El problema estructural no es solo que falten reglas, sino que las herramientas clásicas de protección electoral fueron diseñadas para otro mundo. Tomemos la veda electoral —el período de silencio previo a la votación en que se prohíbe hacer campaña—. Esa figura, presente en muchos países de la región, fue pensada para un ecosistema de medios masivos: apagar la campaña significaba cortar la publicidad en televisión, bajar los afiches, cerrar el último acto. Tenía sentido cuando la comunicación política fluía por canales identificables y controlables.
Nada de eso detiene hoy a un modelo de IA generativa. Un sistema puede producir cientos de versiones de un mismo mensaje y ponerlas a circular en minutos, de forma anónima, segmentada y precisamente durante la veda, cuando la ley prohíbe responder y la capacidad institucional de reacción es mínima. La respuesta, cuando llega, es analógica frente a un problema digital: denuncias penales, resoluciones judiciales para bajar publicaciones, comunicados de desmentido —todo a una velocidad incompatible con la de la viralización—. Para cuando un contenido falso se desmiente, ya cumplió su función.
Las dos lecturas, con peso comparable
El debate sobre cómo responder admite, como casi todo en esta serie, posiciones legítimas que conviene exponer sin inclinar la balanza.
Quienes defienden una regulación firme —tribunales electorales, organismos como IDEA o la UNESCO— sostienen que la integridad electoral es un bien que justifica reglas estrictas: sin una realidad compartida basada en hechos, argumentan, las elecciones no pueden cumplir su función. Para ellos, prohibir el deepfake engañoso, exigir etiquetado y responsabilizar a las plataformas son medidas proporcionadas a la magnitud de la amenaza.
Quienes advierten sobre los riesgos de la sobrerregulación señalan, por su parte, varios problemas reales: la dificultad técnica de detectar deepfakes —si los propios expertos batallan, ¿cómo lo hará un juez electoral en horas?—; el riesgo de que reglas amplias terminen censurando sátira, parodia o contenido legítimo; y el peligro de que la prohibición se use selectivamente contra unos y no contra otros. Hay además un fenómeno perverso que los investigadores ya observan: a medida que el público sabe que los deepfakes existen, empieza a dudar de todo, incluso de lo auténtico —lo que algunos llaman el “dividendo del mentiroso”, por el cual un político puede descartar una grabación real alegando que es falsa—.
No corresponde a este medio dictaminar el equilibrio exacto. Sí constatar que ambas posiciones describen un dilema real: proteger la verdad electoral sin convertir al árbitro en censor, y sin que la mera existencia de la tecnología erosione la confianza en toda evidencia.
Lo que esto revela de cara a 2026
Para una serie que sigue los ciclos electorales de 2026 —Colombia, Brasil y otros—, este es un punto de atención permanente, no una nota al margen. Las elecciones que vienen serán las primeras en celebrarse con modelos de IA generativa plenamente accesibles, baratos y sofisticados. La pregunta no es si aparecerá contenido sintético —aparecerá—, sino si las instituciones habrán adaptado sus defensas a tiempo o seguirán respondiendo con herramientas de otra era.
El dato verificable, aquí, es que el contenido sintético electoral creció de forma acelerada, que ya se ha usado en comicios concretos de la región, y que la respuesta regulatoria —encabezada por Brasil— existe pero choca con un problema estructural: las defensas electorales clásicas, como la veda, no fueron diseñadas para esta velocidad ni para este anonimato. Si las democracias de la región lograrán cerrar esa brecha dependerá de decisiones que aún no se han tomado del todo: de si los árbitros electorales se dotan de capacidad técnica real, de si la responsabilidad de las plataformas se vuelve efectiva, y de si la alfabetización digital del electorado avanza al ritmo de la amenaza. Como en toda esta serie, lo decisivo no es la existencia del deepfake —que está medida y va en aumento—, sino si la respuesta institucional aprende a moverse a la velocidad del problema, en lugar de llegar, como hasta ahora, cuando el daño ya está hecho.