Esta serie ha medido la salud institucional de los países latinoamericanos a lo largo de un espectro. En un extremo, democracias donde el debate es la lentitud de la justicia o la concentración de una mayoría legítima. Falta mirar el otro extremo del espectro, el lugar al que conduce la erosión sostenida de los contrapesos cuando nada la detiene. Nicaragua ocupa ese extremo, y su caso es instructivo precisamente porque muestra, sin ambigüedad, la diferencia entre que los contrapesos se debiliten y que desaparezcan. Aquí el rigor exige un método estricto: atribuir cada afirmación a la fuente que la documenta, presentar la posición del gobierno donde la hay, y dejar que los hechos verificados hablen por sí mismos.
El hecho central es una reforma constitucional. En enero de 2025, la Asamblea Nacional —controlada por el partido de gobierno— aprobó, según el recuento de medios y organismos, una reforma que modificó 148 de los 198 artículos de la Constitución. Sus disposiciones, documentadas por Human Rights Watch y por la prensa, son de un alcance que conviene describir con precisión: la reforma creó la figura de la “copresidencia”, nombrando a Rosario Murillo —esposa del presidente Daniel Ortega y entonces vicepresidenta— copresidenta con rango jerárquico equivalente; otorgó al Ejecutivo la facultad de “coordinar” los poderes judicial y legislativo, que pasaron a denominarse “órganos” en lugar de poderes del Estado; y amplió el mandato presidencial de cinco a seis años.
La diferencia entre erosión y eliminación
Vale la pena detenerse en lo que esa reforma significa en términos de diseño institucional, porque es el núcleo de por qué Nicaragua representa un caso distinto y no solo más grave. En las democracias que esta serie ha examinado, los contrapesos —tribunales, contralorías, parlamentos— conservan una autonomía formal que puede debilitarse, capturarse o presionarse, pero que sigue existiendo como estructura. La separación de poderes permanece en el papel, aunque su práctica se discuta.
La reforma nicaragüense, según la describen los analistas y organismos que la han estudiado, hace algo cualitativamente distinto: al convertir los poderes en “órganos” que el Ejecutivo “coordina”, elimina en el plano constitucional la separación misma. No se trata ya de que un poder presione a otro, sino de que la propia arquitectura de pesos y contrapesos se redefine para subordinarlos. Es la diferencia entre un sistema donde los frenos existen pero fallan, y uno donde los frenos se suprimen por diseño. Ortega, que se mantiene en el poder desde 2007, había impulsado una reforma previa en 2014 que, según el registro histórico, derogó los límites a la reelección presidencial.
Lo que documentan los organismos
Aquí el método de atribución es esencial, porque las afirmaciones más graves provienen de organismos especializados y deben presentarse como lo que son: sus conclusiones documentadas, no aseveraciones del medio.
Human Rights Watch, en su informe mundial, sostiene que el gobierno continuó reprimiendo “todas las formas de disidencia” y que una organización de derechos humanos contabilizó al menos 77 presos políticos en octubre. Amnistía Internacional documenta patrones de “privación arbitraria de la nacionalidad”, “detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas disidentes”, y la cancelación de personerías jurídicas y confiscación de bienes de organizaciones. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua ha argumentado, según recoge HRW, que “existen motivos razonables para creer” que las autoridades han cometido violaciones generalizadas —incluyendo asesinatos, encarcelamientos, tortura y persecución por motivos políticos— que “constituyen crímenes de lesa humanidad”. El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó una resolución que condenó la represión y la reforma constitucional y pidió denunciar a Ortega y Murillo ante la Corte Penal Internacional.
Un dato cuantifica la dimensión del cierre del espacio cívico, y conviene exponerlo con su fuente: según conteos citados por medios y entidades de seguimiento, desde diciembre de 2018 se han cancelado más de 5.600 organizaciones no gubernamentales —asociaciones civiles, religiosas, gremiales, ambientales—, con traspaso de sus bienes al Estado en muchos casos. Para dimensionarlo, ese número representa una fracción muy alta del tejido asociativo que existía en el país antes de 2018.
La posición del gobierno
El rigor obliga a presentar también cómo justifica el gobierno estas medidas, porque un análisis imparcial recoge la versión de todas las partes, aunque los hechos documentados por terceros la contradigan. El gobierno de Ortega ha sostenido que la cancelación de organizaciones es parte de un “proceso de ordenamiento” destinado a “regular” las asociaciones sin fines de lucro, y ha alegado motivos administrativos para los cierres —no reportar estados financieros, tener juntas directivas con plazo vencido, recibir donaciones del exterior—. Sobre la reforma constitucional, el oficialismo la presenta como una actualización de la “Ley Fundamental”. La copresidenta Murillo, según un escrito difundido a inicios de 2026 y reportado por la prensa nicaragüense, llamó a su militancia a fortalecer la organización territorial del partido.
Conviene ser claro sobre el estatuto de estas justificaciones: se presentan como la posición oficial, pero los organismos internacionales citados las consideran insuficientes o contradictorias frente a la evidencia que han documentado. No corresponde a este medio dirimir un proceso judicial; sí constatar la enorme distancia entre la versión del gobierno y lo que organismos independientes han verificado, una distancia que es, en sí misma, parte del relato.
El extremo del espectro
Lo que Nicaragua aporta a esta serie no es un matiz, sino un punto de referencia. Al examinar las democracias de la región —sus fiscalías lentas, sus mayorías legislativas, sus escrutinios cuestionados— es fácil perder la perspectiva de lo que está realmente en juego cuando los contrapesos fallan. Nicaragua ofrece esa perspectiva: muestra el destino posible de un proceso que, en otros países, apenas se insinúa. La degradación institucional no es un interruptor que se enciende de golpe, sino una pendiente, y Nicaragua marca dónde termina esa pendiente cuando nada la frena.
Por eso este caso funciona como contraste con todos los demás de la serie. Cuando una pieza señala que en tal país la justicia tarda o que un gobierno concentra poder, no está diciendo que ese país sea Nicaragua; está señalando síntomas tempranos de un proceso cuyo desenlace extremo Nicaragua hace visible. La salud de una democracia se mide, en buena parte, por la distancia que mantiene respecto de ese extremo, y por la solidez de los frenos que impiden recorrer la pendiente.
El dato verificable, aquí, es que Nicaragua reformó 148 de 198 artículos de su Constitución para crear una copresidencia y subordinar los poderes del Estado al Ejecutivo, que ha cancelado más de 5.600 organizaciones civiles desde 2018, y que organismos internacionales —HRW, Amnistía, el Grupo de Expertos de la ONU, el Parlamento Europeo— han documentado violaciones graves de derechos humanos, frente a lo cual el gobierno alega un proceso de ordenamiento. Si esa trayectoria se revertirá o se profundizará dependerá de factores que exceden el análisis institucional —la presión internacional, la dinámica interna, la sucesión—. Como en toda esta serie, lo decisivo no es describir el extremo, sino entender qué frenos, en cada país, mantienen la distancia con él; porque la lección de Nicaragua es que esa distancia, una vez perdida, es extraordinariamente difícil de recuperar.