Costa Rica ocupa un lugar particular en esta serie sobre instituciones latinoamericanas: es, con casi ocho décadas de democracia ininterrumpida, el contraejemplo de la región, el país que se cita cuando se quiere mostrar que la estabilidad institucional es posible. Por eso lo que ocurrió en sus elecciones de febrero de 2026 merece atención: no porque haya fallado nada en el procedimiento —no falló—, sino porque el resultado abrió un debate sobre algo más sutil que el conteo de votos: el equilibrio entre el poder que las urnas conceden y los contrapesos que lo limitan.
Los hechos, primero. El 1 de febrero, Laura Fernández, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano y exministra del gobierno de Rodrigo Chaves, ganó la presidencia en primera vuelta con cerca del 48% de los votos válidos, superando ampliamente el umbral del 40% que exige la ley costarricense. Se convirtió en la segunda mujer en presidir el país y en la primera persona en ganar sin segunda vuelta desde 2010. Pero el dato que cambia la naturaleza del análisis no es el presidencial, sino el legislativo: su partido obtuvo 31 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, una mayoría absoluta que ningún partido lograba en Costa Rica desde 1990.
Por qué una mayoría absoluta importa tanto aquí
Conviene explicar la mecánica institucional, porque es el corazón del debate y no siempre se entiende desde fuera. El sistema costarricense, como muchas democracias, reparte el poder entre quien gobierna y una serie de órganos de control: la Contraloría General, la Defensoría de los Habitantes, la mesa del Congreso. Tradicionalmente, esos cargos se negocian entre varias fuerzas, lo que obliga a buscar acuerdos y diluye la concentración de poder. Una mayoría absoluta cambia esa aritmética: según reportes, el oficialismo dispondrá ahora de los votos para designar sin depender de pactos externos al titular de la Contraloría y al Defensor del Pueblo, y para aprobar las reformas que requieran la mitad más uno de los diputados.
Hay un punto adicional que los analistas han subrayado, y que conviene exponer con precisión por su carga institucional. El presidente saliente, Rodrigo Chaves —que por mandato constitucional no podía reelegirse— pasó a integrar el nuevo gobierno como ministro. Chaves enfrenta varias causas y denuncias judiciales; durante 2025, la Asamblea rechazó en dos ocasiones levantarle la inmunidad. Como ministro conserva el fuero que protege a los altos funcionarios, y con una bancada oficialista de 31 diputados —cuando para levantar ese fuero se requieren 38 votos—, varios observadores señalan que es políticamente improbable que prosperen nuevas acciones en su contra. El riesgo que esos analistas plantean es que las investigaciones queden congeladas, alimentando una percepción de protección política.
Las dos lecturas, con peso comparable
Aquí el caso costarricense admite, como tantos en esta serie, dos interpretaciones legítimas que conviene presentar sin inclinar la balanza.
La primera lectura, favorable, subraya la legitimidad democrática del resultado. Fernández no llegó por un atajo: ganó en primera vuelta, con una participación que aumentó casi diez puntos respecto de la elección anterior, en lo que algunos describieron como un referéndum implícito sobre la gestión de Chaves, cuya popularidad se mantenía por encima del 50%. Desde esta óptica, la mayoría absoluta no es una anomalía peligrosa sino un mandato claro: los votantes premiaron a un gobierno popular y le dieron las herramientas para gobernar sin la parálisis que la fragmentación había impuesto a sus predecesores. El propio partido centró su campaña en la renovación política, la eficiencia institucional y el combate a la corrupción. Para sus partidarios, por fin un gobierno tendrá margen para resolver crisis estructurales de seguridad y salud.
La segunda lectura, crítica, no disputa la legitimidad de origen, pero advierte sobre sus consecuencias. Organizaciones y académicos del ámbito del Estado de derecho plantean que la combinación de un Ejecutivo fortalecido, una mayoría legislativa y un presidente saliente blindado por el fuero configura una concentración de poder inusual para Costa Rica, con un margen de maniobra que reduce los contrapesos que históricamente han caracterizado al país. A ello suman un dato del contexto: la relación tensa del chavismo con la prensa —Chaves ha llamado “prensa canalla” al principal diario— y con el árbitro electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, con el que mantuvo un conflicto abierto durante su mandato. Para esta lectura, el peligro no es el resultado en sí, sino lo que un poder con pocos frenos pueda hacer con él.
No corresponde a este medio dictaminar cuál lectura se impondrá. Lo que sí puede constatarse es que ambas describen el mismo hecho —una concentración de poder por vía democrática— y discrepan sobre su signo: oportunidad de gobernar con eficacia para unos, riesgo para los contrapesos para otros.
La brecha costarricense
Lo que distingue al caso de Costa Rica dentro de esta cobertura es que aquí la brecha no está entre el escándalo y la consecuencia, ni entre la ley y su aplicación, sino en un punto más delicado: entre la voluntad popular y el diseño institucional. La democracia funcionó impecablemente en lo procedimental —elección limpia, resultado claro, alternancia ordenada de un partido a otro—. El debate es sobre lo que viene después: si un mandato fuerte, obtenido limpiamente, debe poder rehacer a su favor los órganos de control que existen, precisamente, para vigilar a quien gobierna.
Es una tensión clásica de las democracias, y Costa Rica la encarna ahora en estado puro: las mayorías tienen derecho a gobernar, pero los contrapesos existen para que ninguna mayoría sea absoluta en el sentido pleno de la palabra. Que el país con la tradición institucional más sólida de la región enfrente este dilema es, en sí mismo, revelador de que ninguna democracia está exenta de la pregunta. La diferencia, y no es menor, es que Costa Rica llega a este momento con instituciones robustas y una cultura cívica arraigada; el desenlace dependerá de si esas instituciones resisten la prueba o ceden ante la concentración.
El dato verificable, aquí, es que Costa Rica eligió limpiamente a Laura Fernández en primera vuelta y le dio a su partido una mayoría absoluta inédita en más de tres décadas, y que el presidente saliente conserva influencia y fuero en el nuevo gobierno. Si eso se traducirá en un gobierno eficaz que aproveche su mandato para resolver problemas reales, o en una erosión de los contrapesos que tanto distinguieron al país, dependerá de decisiones que aún no se han tomado: de cómo use esa mayoría, de si respeta la autonomía de los órganos de control, y de cómo gestione su relación con la prensa y el árbitro electoral. Como en toda esta serie, lo decisivo no es el poder que se obtiene en las urnas, sino lo que se hace con él una vez que los contrapesos dependen, en buena medida, de la propia voluntad de quien gobierna.