Esta cobertura ha medido la brecha entre el escándalo y la consecuencia en buena parte de América Latina. Perú obliga a mirar una grieta distinta y más estructural: no la que hay entre lo que un gobernante hace y lo que se le sanciona, sino la que existe entre lo que un cargo promete —el poder presidencial en una república presidencialista— y lo que ese cargo significa de verdad cuando puede ser revocado casi a voluntad. Perú es, hoy, el laboratorio más extremo de esa grieta en la región.
El dato que lo resume es casi inverosímil: en menos de una década, Perú ha tenido ocho presidentes. La última sucesión convencional tras una elección fue en julio de 2016, cuando Ollanta Humala entregó el mando a Pedro Pablo Kuczynski. Desde entonces, el Palacio de Gobierno ha sido una puerta giratoria: Kuczynski renunció antes de ser destituido, Martín Vizcarra fue destituido en 2020, Manuel Merino duró menos de una semana, Francisco Sagasti completó el periodo, Pedro Castillo fue destituido y detenido en 2022, Dina Boluarte asumió y fue destituida en octubre de 2025, José Jerí la sucedió como interino, y para cuando se escriben estas líneas el cargo lo ocupa José María Balcázar, presidente de transición hasta el traspaso de mando del 28 de julio. Ocho nombres para un sillón que la Constitución diseñó como el más estable del Estado.
El mecanismo: una cláusula constitucional sin definición precisa
Para entender cómo se llegó aquí conviene mirar el mecanismo, porque buena parte de los analistas coincide en que la inestabilidad peruana no se explica solo por los gobernantes, sino sobre todo por una herramienta institucional cuyo uso se intensificó. Esa herramienta es la “vacancia por incapacidad moral permanente”, una figura que la Constitución peruana contempla para destituir al presidente.
El problema, señalan los constitucionalistas, es que “incapacidad moral” nunca fue definida con precisión. Su carácter jurídicamente indeterminado —reconocido incluso por el Tribunal Constitucional— dejó al Congreso un margen amplio para decidir qué conductas justifican destituir a un presidente. Lo que fue concebido como un recurso excepcional pasó a usarse, según estos análisis, como un mecanismo recurrente de presión política frente al Ejecutivo. En los últimos años, tres mandatarios fueron destituidos por esta vía —Vizcarra, Castillo y Boluarte—, y la posibilidad de invocarla estuvo presente en los demás gobiernos.
El origen del desequilibrio se remonta a 2016, cuando Kuczynski ganó la presidencia por un margen estrechísimo mientras el fujimorismo obtenía una mayoría parlamentaria histórica: 73 de 130 escaños. Nació así una dinámica que no se ha roto: un Ejecutivo sin respaldo legislativo sólido frente a un Congreso con poder y disposición para bloquear, censurar y destituir. En un sistema presidencialista, donde el presidente y el Congreso se eligen por separado y ninguno puede disolver fácilmente al otro, esa confrontación no tiene válvula de escape. El resultado es la parálisis interrumpida por destituciones.
El caso Boluarte: la inseguridad como causal de destitución
La caída de Dina Boluarte, en octubre de 2025, merece atención porque marca un giro nuevo y revelador. Boluarte ya era, por mucho, la presidenta más impopular: su aprobación promedió un 9% durante todo su mandato y cayó al 4% en 2025. Había sobrevivido a siete intentos de vacancia. Pero el octavo prosperó, y la razón es significativa: el Congreso la responsabilizó por el agravamiento de la inseguridad ciudadana.
Lo que cambió fue el detonante. Un atentado contra una banda de música que dejó varios heridos catalizó la indignación, y la mayoría parlamentaria —incluidas antiguas aliadas de Boluarte— la destituyó en menos de veinticuatro horas, esa misma mayoría que antes la había blindado siete veces. La inseguridad se convirtió en el nuevo argumento de la vacancia: ya no hacía falta un escándalo de corrupción o un choque institucional; bastaba con el deterioro de la seguridad para descabezar a un presidente. Las cifras dan la dimensión del problema de fondo: las denuncias de extorsión en Perú pasaron de unas 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024, un crecimiento explosivo que ningún gobierno de pocos meses puede revertir.
Su sucesor, José Jerí, recurrió a medidas de mano dura: estado de emergencia en Lima y otras regiones, militares en la calle, presencia constante en redes. Esas medidas fueron criticadas por sectores de la oposición y especialistas como ineficaces o como respuestas autoritarias frente al descontento, y una protesta dejó un manifestante muerto por disparo policial. El propio Gobierno las defendió como necesarias ante la magnitud del crimen organizado. La dificultad de fondo, apuntan los analistas, es estructural: un presidente que asume por pocos meses, con un cargo debilitado, enfrenta un problema que difícilmente puede revertir en ese tiempo.
El debate de fondo: un cargo con poder cuestionado
Aquí está el debate de fondo. El “ocho presidentes en nueve años”, para muchos analistas, no es solo una anécdota de inestabilidad, sino un indicio de que el poder efectivo del cargo presidencial peruano se ha reducido. La Constitución define a Perú como una república presidencialista, donde el presidente concentra la dirección del Ejecutivo. En la práctica, según estos análisis, el presidente gobierna bajo la posibilidad permanente de ser destituido por el Congreso mediante una mayoría y una cláusula de definición abierta, y su capacidad de impulsar políticas depende de su relación con un Legislativo que registra un 88% de desaprobación pero conserva amplio poder de bloqueo.
Esto plantea, para sus críticos, una tensión democrática. El voto popular elige a un presidente, pero el Congreso —elegido en las mismas urnas, fragmentado y con sus propios intereses— puede revertir esa elección sin volver a las urnas. No se trata de un golpe de Estado clásico, sino de un proceso que algunos especialistas describen como una erosión institucional por la vía formal: cada destitución es individualmente legal, pero el conjunto, según esta lectura, debilita el peso del mandato popular. Otros sostienen que la vacancia es un contrapeso legítimo previsto en la Constitución. El ciudadano peruano vota, y el alcance real de ese voto es, precisamente, lo que está en discusión.
La elección de la incertidumbre
En ese contexto llegaron las elecciones generales del 12 de abril de 2026, las primeras tras la caída de Boluarte. Y el resultado refleja con crudeza el estado de ánimo del país. La conservadora Keiko Fujimori encabezó la primera vuelta, con una disputa cerrada por el segundo lugar que llevará a una segunda vuelta el 7 de junio. Pero el dato más elocuente no es quién ganó, sino cuántos no quisieron elegir: la suma del voto en blanco, nulo e indeciso superó el 35% según los sondeos, una de las expresiones de hartazgo más claras que puede dar un electorado.
Conviene ser honestos sobre lo que esto significa y lo que no. No significa que la democracia peruana haya muerto: hubo elecciones, hubo competencia, habrá segunda vuelta, y el poder se traspasará en julio. Pero sí significa que una porción enorme de la ciudadanía ya no cree que su voto cambie el rumbo, porque ha visto ocho veces cómo el resultado de las urnas se diluye en la rotación del poder. Y los analistas advierten que las elecciones de 2026 podrían no romper el ciclo: los ingredientes de la inestabilidad —la fragmentación, el Congreso desprestigiado, la cláusula de vacancia intacta— siguen en la fórmula.
Lo que Perú le enseña a la región
Perú ofrece una lección que va más allá de sus fronteras, y por eso cierra bien la serie sobre instituciones latinoamericanas. En otras piezas vimos el peligro del exceso de poder concentrado: el Bukele que desmonta los contrapesos, el modelo que sacrifica la democracia por la seguridad. Perú muestra el peligro simétrico y menos comentado: el del poder tan disperso y tan revocable que nadie puede gobernar. Entre el caudillo que concentra todo y el sistema que no deja gobernar a nadie, ambos extremos producen el mismo resultado de fondo —ciudadanos que dejan de creer en sus instituciones—, solo que por caminos opuestos.
El dato verificable, aquí, es que Perú no atraviesa una crisis por falta de elecciones ni por la supresión de ellas, sino por un patrón más difícil de diagnosticar: un diseño institucional en el que la herramienta de control —la destitución— se ha vuelto, para muchos analistas, una fuente de inestabilidad. La inseguridad que motivó la última destitución es real y grave; el debate es si el problema de fondo es que ningún presidente permanece el tiempo suficiente para enfrentarla. Mientras la cláusula de vacancia siga vigente con su definición actual, varios especialistas anticipan que el ciclo podría repetirse. Como en otros casos de esta serie, lo decisivo no será quién gane en junio, sino si el sistema político reforma o no el mecanismo que ha hecho tan frecuente el relevo presidencial.