Esta cobertura ha examinado la distancia entre el diagnóstico de un problema y la capacidad de actuar sobre él. En la regulación de la inteligencia artificial, esa distancia era de velocidad; en las instituciones latinoamericanas, de voluntad o de poder. Bolivia ofrece una variante económica del mismo dilema, y especialmente nítida: qué ocurre cuando la medida que casi todos los técnicos consideran necesaria es, al mismo tiempo, la que la sociedad está menos dispuesta a tolerar. Es la brecha entre lo que los números exigen y lo que la política permite.
El contexto es un cambio de época. En noviembre de 2025, Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia y cerró casi veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), primero con Evo Morales y luego con Luis Arce. No fue una alternancia ordinaria: fue el fin de un ciclo que había definido al país durante dos décadas. Y Paz heredó, en sus propias palabras el día de la investidura, un país “devastado” en lo económico: escasez de dólares, desabastecimiento de combustibles, inflación elevada y encarecimiento de alimentos.
El diagnóstico que pocos discuten
Conviene empezar por lo que une a los analistas, porque es más de lo que suele suponerse. Hay un amplio consenso técnico en que la economía boliviana llegó a un punto insostenible. Las cifras lo respaldan: la inflación cerró 2025 por encima del 20% —un 20,4% según el instituto de estadística—, la economía se contrajo un 1,58% ese año, y los organismos multilaterales proyectaban para 2026 una caída de hasta el 3,3%. Cerca del 85% de la población trabaja en la informalidad. El modelo que sostuvo el auge de las dos décadas anteriores —basado en el gas, el gasto público y los subsidios— se quedó, según los economistas, sin la renta gasífera que lo financiaba.
El subsidio a los combustibles es el ejemplo más citado de esa insostenibilidad. Vigente por más de dos décadas, mantenía los precios artificialmente bajos, pero el Estado admite que ya no tiene dólares para sostenerlo: según un economista citado por la prensa boliviana, eliminarlo permitiría ahorrar alrededor de 10 millones de dólares diarios. Desde la óptica de la racionalización fiscal, quitarlo es de manual: se libera un gasto que el país no puede pagar. Buena parte de los técnicos, de hecho, llevaba años señalando que el subsidio era una bomba de tiempo fiscal.
El problema es que un país no es una hoja de cálculo.
Los 21 días del decreto
Lo que ocurrió cuando Paz intentó aplicar ese diagnóstico ilustra la brecha con precisión casi cronométrica. En diciembre de 2025, el Gobierno declaró la emergencia económica y, mediante el Decreto Supremo 5503, anunció el fin del histórico subsidio. Según las cifras difundidas, la gasolina subió alrededor de un 86% y el diésel cerca de un 160%. En el lenguaje técnico, era un shock de sinceramiento de precios; en el de la política boliviana, fue recibido por amplios sectores como una ruptura inaceptable.
El decreto duró veintiún días. El 12 de enero de 2026, rodeado de su gabinete y ante semanas de bloqueos, Paz anunció su derogación. Una dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa resumió, antes de firmarse el acuerdo, la lógica de la presión: los ministros podían comprometerse, pero quien promulga —y, por tanto, quien responde— es el presidente. El ajuste que los técnicos pedían se topó con el límite que la calle imponía, y el límite ganó.
Conviene aquí evitar dos lecturas simplistas. La primera, que el retroceso prueba que el ajuste era un error: muchos economistas sostienen que la medida era correcta en su dirección, aunque cuestionan su diseño o su gradualidad. La segunda, que las protestas son mero “evismo” —la corriente afín a Evo Morales—: los propios analistas advierten que esa lectura es insuficiente, porque el malestar excede a cualquier grupo y la presencia política del evismo es hoy menor que en el pasado. El rechazo, señalan, expresa un agotamiento social genuino tras años de deterioro, más que la maniobra de un solo actor.
La crisis que no cesó con la derogación
Derogar el decreto no resolvió el problema de fondo, y los meses siguientes lo confirmaron. Para mayo de 2026, Bolivia atravesaba, según la prensa local, su mayor crisis política bajo Paz: protestas sectoriales por salarios, por la mala calidad de los combustibles —el propio Gobierno admitió en febrero haber distribuido gasolina defectuosa, atribuida a residuos en tanques heredados— y por una reforma de tierras, que escalaron hasta convertirse en bloqueos de carreteras, enfrentamientos en La Paz y pedidos de renuncia, a solo seis meses de su llegada.
El cuadro que describen los analistas es el de una tensión que excede lo coyuntural. Por un lado, sectores conservadores reprochan a Paz que las reformas hayan sido demasiado tímidas y que no se cambiara de verdad el modelo heredado. Por otro, sectores sindicales y simpatizantes de Morales rechazan cualquier ajuste y el alza de los combustibles. Paz quedó, así, en una posición incómoda: criticado por insuficiente desde un flanco y por excesivo desde el otro. Detrás, los analistas ven tensiones históricas no resueltas entre dos bloques —los sectores populares de origen indígena y campesino frente a las clases medias y las élites empresariales— que pugnan por su visión de país tras el fin del ciclo del MAS.
El mandato difícil
La situación de Paz expone una paradoja que va más allá de Bolivia. Un gobierno puede tener el diagnóstico económico correcto —o al menos el que comparte la mayoría de los técnicos— y aun así carecer del margen político para aplicarlo. El subsidio a los combustibles es, en los números, insostenible; en la calle, su retiro resultó intolerable. Ambas cosas son ciertas, y entre ellas no hay una síntesis fácil: el ahorro fiscal que el Estado necesita es exactamente el gasto que el ciudadano de a pie siente como derecho adquirido tras veinte años.
Esto no significa que el ajuste fuera imposible en abstracto, ni que las protestas fueran irracionales. Significa algo más incómodo: que una transición de modelo económico, cuando llega después de dos décadas y en medio de una recesión, tiene un costo social que alguien debe absorber, y que la pregunta políticamente decisiva no es si ajustar, sino quién paga el ajuste y a qué ritmo. Bolivia está, en tiempo real, intentando responderla, sin garantía de éxito.
El dato verificable, aquí, es que Bolivia cambió de gobierno y de ciclo, pero no de problema: la economía que llevó al fin del MAS sigue sin resolverse, y el primer intento serio de corregirla duró veintiún días. La pregunta que el país enfrenta —y que comparten, en distintos grados, otras economías de la región que sostienen subsidios costosos— es si existe una vía de ajuste que sea a la vez fiscalmente suficiente y socialmente soportable. Como en otros casos de esta serie, lo decisivo no será el decreto que se firme, sino el que logre sostenerse cuando la calle responda.