Una región que crece por dos caminos opuestos
Centroamérica está de moda entre los economistas por una razón simple: crece más que el resto de América Latina. Pero esa frase, repetida en los informes, oculta una verdad más interesante: la región crece por dos motores distintos y, en algunos casos, opuestos. Hay una Centroamérica que vive del dinero que envían sus emigrantes y otra que vive de vender servicios al mundo. Los datos de 2026 permiten, por primera vez con nitidez, separar a las dos y medir qué tan expuesta está cada una.
El punto de partida es el desempeño agregado, que es real. El crecimiento económico de Centroamérica se mantiene por encima del promedio de América Latina, impulsado por remesas, exportaciones y una mayor integración regional, según el Banco Mundial. La región, una de las más pobres del hemisferio, aparece hoy entre las de mejor desempeño relativo en un continente que crece poco. Pero el promedio engaña, porque suma dos modelos que responden a lógicas diferentes y enfrentan riesgos diferentes.
La línea divisoria es clara. El Banco Mundial atribuye parte del desempeño a la llegada masiva de remesas, especialmente en El Salvador y Honduras, donde representan más del 20 por ciento del PIB. Por otro lado, Panamá y Costa Rica se destacan por su promoción de servicios logísticos, financieros y turísticos, sectores menos afectados por los recientes aranceles sobre bienes. Una Centroamérica depende de lo que entra por transferencia familiar; la otra, de lo que cobra por mover barcos, gestionar dinero y recibir turistas. Son dos economías bajo un mismo nombre geográfico.
El modelo de las remesas: enorme y frágil a la vez
Empecemos por la Centroamérica que vive de sus emigrantes, porque es la más expuesta. La magnitud de la dependencia es difícil de exagerar. Las remesas llegan a representar hasta el 30 por ciento del Producto Interno Bruto de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, y para los hogares más pobres del Triángulo Norte representan el 90 por ciento de sus ingresos, según el Banco Interamericano de Desarrollo. No es un complemento: es la base del sustento de millones de familias y un pilar macroeconómico de naciones enteras.
El flujo, además, venía creciendo con fuerza. Entre enero y febrero de 2026, el envío total hacia El Salvador, Guatemala y Honduras alcanzó los 7.183,3 millones de dólares, un aumento interanual del 7,6 por ciento, con Honduras a la cabeza del avance con un 11,2 por ciento. Guatemala fue el principal receptor, con 3.848,6 millones, el 53,6 por ciento del total; Honduras captó el 25,2 por ciento y El Salvador el 21,2 por ciento. Esos números describen una maquinaria de transferencias que sostiene el consumo, la educación y la salud de la región.
Pero precisamente por su tamaño, esa dependencia es también la mayor vulnerabilidad de la región, y 2026 la pone a prueba. El Triángulo Norte y Nicaragua enfrentan un “triple choque” sin precedentes: un impuesto selectivo del 1 por ciento a las transferencias, la amenaza de deportaciones masivas y el enfriamiento económico de Estados Unidos. Fitch Solutions pronostica una caída acumulada del 12 por ciento en las remesas hacia esos cuatro países durante el periodo 2025-2026. Un país que recibe el 30 por ciento de su PIB por una vía que puede caer 12 por ciento tiene un problema macroeconómico de primer orden.
La paradoja del miedo: menos migrantes, más dinero
Aquí los datos esconden una contradicción aparente que vale la pena desarmar, porque dice mucho sobre cómo funciona el sistema. Mientras las remesas crecían a comienzos de 2026, la migración se desplomaba. En contraste con los más de 1,5 millones de arrestos registrados en 2024, las cifras de 2025 y 2026 representan los totales anuales más bajos en cinco décadas; solo en diciembre de 2025 las detenciones en la frontera suroeste sumaron 6.478, un promedio diario de 209 migrantes. ¿Cómo pueden subir las remesas y caer la migración al mismo tiempo?
La explicación está en el comportamiento defensivo de quienes ya están en Estados Unidos. Ante la promesa de grandes operaciones de deportación, los migrantes tienden a aumentar el ahorro precautorio en origen —guardar dólares físicos por seguridad— y a enviar más dinero a casa por temor a no poder hacerlo después. El miedo, en el corto plazo, acelera los envíos: el migrante remite lo que puede mientras puede. Es un repunte que anticipa una caída, no que la desmiente.
Por eso los especialistas no se dejan engañar por el dato positivo de enero. Las proyecciones para 2026 anticipan una desaceleración generalizada: las remesas podrían caer hasta un 5 por ciento en Nicaragua, un 3 por ciento en Honduras y un 2 por ciento en Guatemala, según el análisis de Manuel Orozco, del Inter-American Dialogue. El crecimiento de hoy es, en parte, el adelanto del declive de mañana: se envía ahora lo que se temía no poder enviar después. La curva ascendente esconde el quiebre que viene.
El control financiero como nueva frontera
A los tres choques se suma un cuarto factor que es de diseño político, no de mercado, y que actúa sobre la infraestructura misma de los envíos. La administración Trump anunció nuevas medidas para supervisar las remesas mediante revisiones financieras más estrictas sobre la ciudadanía y el estatus migratorio, con una orden para que los bancos revisen la ciudadanía de sus clientes. No es solo gravar las transferencias: es vigilar quién las hace y desde qué estatus.
El efecto previsible de ese control es empujar parte del flujo fuera de los canales formales. Cuando enviar dinero por la vía bancaria implica exponer el estatus migratorio, una porción de los remitentes busca canales informales, más opacos y a veces más caros. La entrada en vigor del nuevo impuesto desató una fuerte competencia entre empresas para captar a los remitentes antes de que busquen otros canales. La consecuencia para los países receptores es doble: menos dinero por la caída general y menos visibilidad sobre el que sigue llegando, lo que complica medir y planificar.
Hay además un dato regional de fondo que dimensiona lo que está en juego globalmente. Las remesas alcanzaron 905.000 millones de dólares a nivel mundial en 2024, de los cuales 685.000 millones se dirigieron a países de ingresos bajos y medios, una cifra que supera la suma de la ayuda oficial al desarrollo y la inversión extranjera directa combinadas. Para buena parte del mundo en desarrollo, y muy especialmente para el Triángulo Norte, la remesa es el principal instrumento de financiamiento externo. Tocarla es tocar la columna vertebral de esas economías.
El modelo de los servicios: la otra Centroamérica
Frente a esa fragilidad, la otra Centroamérica juega con otras cartas. Panamá y Costa Rica no dependen de lo que envían sus emigrantes, sino de lo que cobran por servicios al mundo, y eso les da una exposición distinta a los vientos de Washington. Para 2026 se proyecta que el Producto Interno Bruto de Panamá crezca un 4,1 por ciento y el de Costa Rica un 3,6 por ciento, apoyados en economías de servicios y, en el caso costarricense, en una sólida base de exportaciones de servicios y una reducción significativa de la deuda pública. Crecen, y crecen por una vía que los aranceles sobre bienes no golpean directamente.
El detalle de por qué esa exposición es menor importa. Los aranceles recientes recayeron sobre bienes, mientras que los sectores logísticos, financieros y turísticos —el corazón de las economías de Panamá y Costa Rica— quedaron menos afectados. Un contenedor que cruza el Canal, una cuenta gestionada en la plaza financiera panameña o un turista que llega a Costa Rica no pagan el arancel que sí encarece a una camiseta o un aguacate exportado. La estructura de servicios actúa como un amortiguador frente a la guerra comercial.
El caso panameño, sin embargo, no es invulnerable, y conviene no idealizarlo. El Banco Mundial proyecta que la economía panameña podría desacelerarse a 3,9 por ciento en 2026 en un contexto de menor dinamismo del comercio mundial, tras haber recuperado un crecimiento del 4,4 por ciento en 2025 impulsado por servicios. Vivir de mover el comercio del mundo significa depender de que ese comercio fluya; si el comercio global se enfría, el Canal y la logística lo sienten. La economía de servicios cambia la naturaleza del riesgo, no lo elimina: el Triángulo Norte teme por las remesas, Panamá por el volumen del comercio mundial.
Esa diferencia en la naturaleza del riesgo tiene una consecuencia práctica para la política económica de cada país. El gobierno del Triángulo Norte poco puede hacer para proteger las remesas, porque la variable que las determina —la política migratoria y fiscal de Estados Unidos— está fuera de su control soberano; solo le queda diversificar su economía a largo plazo o negociar con Washington desde una posición débil. Panamá, en cambio, tiene más palancas propias: puede invertir en la competitividad del Canal, en la infraestructura logística y en la solidez de su plaza financiera para captar más comercio mundial aunque el volumen total se enfríe. El riesgo del modelo de servicios es más gestionable desde casa que el riesgo del modelo de remesas, y esa autonomía relativa es, quizás, la ventaja menos visible pero más importante de la Centroamérica que vende servicios frente a la que recibe transferencias.
El costo humano detrás de la cifra
Los datos macroeconómicos tienden a borrar a las personas, pero detrás de cada punto de PIB por remesas hay una ruta migratoria con riesgos crecientes. La OIM advierte que la restricción de los canales legales no disminuye los movimientos, sino que desvía a los migrantes hacia rutas irregulares con mayor exposición a riesgos. Cerrar la puerta formal no apaga la migración; la empuja a la sombra, donde es más peligrosa y más cara.
Las cifras de violencia en tránsito lo confirman con crudeza. Entre abril y junio de 2025, el 15 por ciento de los migrantes entrevistados en tránsito por la región indicó haber sufrido secuestro o retención, frente a un promedio de entre el 5 y el 6 por ciento durante 2024; el 53 por ciento reportó algún incidente de protección, incluyendo robo, extorsión y violencia de género. El endurecimiento de la política migratoria no se mide solo en remesas que caen, sino en personas que pagan un precio físico por moverse. Esa es la dimensión que el dato económico no captura y que un medio de rendición de cuentas no puede omitir.
La escala humana del fenómeno es enorme. Actualmente, 4,3 millones de centroamericanos residen en Estados Unidos, según el Instituto de Política Migratoria, y el flujo de remesas hacia el Triángulo Norte se triplicó desde 2016, impulsado por el aumento de la migración y los contextos de crisis. Detrás de cada transferencia hay un trabajador que decidió irse; detrás de cada caída proyectada, una familia que recibirá menos. La macroeconomía de las remesas es, en el fondo, la suma de millones de decisiones individuales tomadas bajo presión.
La tecnología que abarata y la política que encarece
Un factor que rara vez entra en el análisis es el papel de la tecnología en abaratar y acelerar los envíos, justo cuando la política intenta encarecerlos. El crecimiento de las remesas tiene origen, en parte, en el uso de plataformas digitales que permiten transferencias más rápidas y seguras, desplazando a los canales convencionales, según el BID. La digitalización de los envíos fue, en la última década, una fuerza silenciosa que multiplicó el flujo al reducir comisiones y fricciones.
Esa tendencia tecnológica choca ahora de frente con la tendencia política. Mientras las plataformas digitales empujan el costo de enviar hacia abajo, el impuesto del 1 por ciento y los controles de ciudadanía lo empujan hacia arriba. El resultado de esa colisión definirá cuánto dinero llega realmente a los hogares: si la eficiencia digital compensa el nuevo impuesto, el golpe será menor; si el control financiero expulsa a los remitentes hacia canales informales, se perderá tanto la eficiencia como la visibilidad. La batalla por el bolsillo de las familias centroamericanas se libra, en parte, entre el software que abarata y la norma que grava.
La recomendación de los organismos apunta en una dirección que ningún choque coyuntural resuelve. La OIM recomienda ampliar las vías regulares de migración, reducir el costo de los envíos, fortalecer la movilidad laboral calificada y profundizar la cooperación regional. Son medidas de fondo, no de emergencia: reconocen que la migración y las remesas seguirán siendo estructurales para la región, y que la política sensata no es frenarlas sino ordenarlas y abaratarlas. El problema es que esa agenda depende de una cooperación con Estados Unidos que hoy va en sentido contrario.
Lo que las dos Centroaméricas comparten
Pese a sus modelos opuestos, las dos mitades del istmo comparten una misma exposición de fondo: ambas dependen, por vías distintas, de la salud económica de Estados Unidos y de las decisiones políticas de Washington. El Triángulo Norte depende de los dólares que envían sus migrantes desde el norte; Panamá y Costa Rica, del comercio y la inversión que pasan por el norte o se originan allí. Cuando Washington estornuda —con aranceles, con deportaciones, con enfriamiento económico—, las dos Centroaméricas se resfrían, aunque por contagios diferentes.
Las dos comparten también los problemas estructurales que el crecimiento no resuelve. Aunque la pobreza continúa descendiendo, la informalidad laboral y el bajo nivel educativo siguen siendo desafíos estructurales en toda la región. Crecer por encima del promedio latinoamericano no equivale a desarrollarse: una economía puede expandirse por remesas o por servicios y seguir teniendo a la mitad de su fuerza laboral en la informalidad. El dato del PIB no captura esa fragilidad de base.
La lección de política que dejan los datos es de diversificación. El modelo de remesas es el más expuesto porque depende de una sola variable —la capacidad de envío de los migrantes— que Washington puede afectar con una firma. El de servicios está más protegido, pero concentra su suerte en el comercio mundial. La resiliencia, sugieren los números, no está en elegir entre remesas y servicios, sino en no depender en exceso de ninguna fuente única. Costa Rica, con su base diversificada de exportaciones de servicios e inversión extranjera, aparece en los informes como el caso más equilibrado de la región, y no por casualidad es el que menos sobresaltos enfrenta.
El balance de los números
Los datos de 2026 desmienten la idea de una Centroamérica homogénea. Hay dos: una que vive de las remesas, enorme en volumen pero frágil ante las decisiones migratorias y fiscales de Estados Unidos, y otra que vive de los servicios, más protegida de los aranceles pero atada a la marcha del comercio global. La primera enfrenta un triple o cuádruple choque que podría recortar su principal fuente de ingresos hasta un 12 por ciento; la segunda crece por encima del 3,5 por ciento pero con la advertencia de que un enfriamiento comercial mundial la alcanzaría por otra vía.
El veredicto que dejan las cifras no es de optimismo ni de alarma, sino de matiz. Centroamérica crece, sí, pero su crecimiento descansa sobre cimientos de distinta solidez según el país. Para el Triángulo Norte, 2026 es el año en que la dependencia de las remesas deja de ser solo una bendición y se revela como un riesgo concreto y cuantificable. Para Panamá y Costa Rica, es el año de comprobar si su apuesta por los servicios resiste un comercio mundial menos dinámico. La misma región, el mismo año, dos pruebas distintas. Y la conclusión que ningún promedio regional puede dar: en Centroamérica, de qué vive cada país importa tanto como cuánto crece.