El titular que el gobierno quiere y el que merece
El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un número para enseñar, y es uno bueno. Según las cifras divulgadas por el MEF, el déficit del Sector Público No Financiero cayó de 1.992,1 millones de dólares entre enero y abril de 2025 a 1.387,1 millones en el mismo período de 2026, una reducción de 604,9 millones o un 30,4 por ciento. Como proporción de la economía, el indicador pasó de 2,20 a 1,46 por ciento del Producto Interno Bruto. Es una mejora real, medible y consistente con la tendencia del año anterior.
Pero un déficit es, por definición, la confesión de un desequilibrio: el Estado sigue gastando más de lo que recauda. El Sector Público No Financiero gastó 1.387,1 millones de dólares más de lo que recibió durante los primeros cuatro meses de 2026. La pregunta que los números permiten responder no es si el gobierno mejoró —lo hizo—, sino si esa mejora alcanza para resolver las presiones estructurales que mantienen las cuentas en rojo. Y ahí la respuesta es más matizada que el titular.
Conviene empezar por entender qué se mide. El déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado ingresa y lo que gasta; cuando recauda menos de lo que necesita para salarios, programas, inversiones y subsidios, recurre a financiamiento, es decir, a deuda. Por eso el déficit de hoy es el interés de mañana, y por eso un solo dato de déficit, aislado, dice menos de lo que parece. Hay que mirar la composición.
El peso que no baja: los intereses
El primer número que el titular del déficit oculta es el costo de la deuda acumulada. El pago de intereses de la deuda pública alcanzó 1.165,2 millones de dólares entre enero y abril de 2026. La cifra es elocuente por sí sola: el Estado panameño dedicó en cuatro meses, solo a pagar intereses, una cantidad casi idéntica a todo su déficit del período. Cada dólar que se va en intereses es un dólar que no financia hospitales, escuelas ni inversión.
Ese pago no es un accidente, sino la factura de años de endeudamiento. Y aunque el gobierno ha trabajado en abaratarlo, el alivio es modesto. El MEF reportó una reducción del costo promedio ponderado de la deuda pública, que pasó de 4,97 por ciento en diciembre de 2025 a 4,75 por ciento en marzo de 2026, con operaciones como un préstamo estructurado en yenes. Bajar el costo promedio de la deuda en dos décimas es una gestión sensata, pero no cambia la magnitud del problema: la deuda sigue siendo grande y sus intereses, una carga fija que el presupuesto arrastra cada año antes de gastar un solo peso en lo demás.
El dato que da la dimensión del esfuerzo es el balance primario, que es el déficit sin contar los intereses. En los primeros meses de 2026 el balance primario mostró un déficit de -397 millones de dólares, lo que indica que la presión fiscal no se limita al servicio de la deuda, sino que responde a un aumento más amplio del gasto público. Es decir: aun si Panamá no tuviera que pagar un centavo de intereses, seguiría gastando más de lo que ingresa. El desequilibrio es estructural, no solo financiero.
El motor del gasto: la Caja de Seguro Social
Si hay un solo dato que explica hacia dónde se va el dinero, es este. El gasto de la Caja de Seguro Social aumentó 25,1 por ciento, impulsado por mayores pagos en prestaciones y transferencias dentro del sistema. Mientras el Gobierno Central recortaba, la CSS se expandía, y esa divergencia es el corazón del problema fiscal panameño.
El contraste interno lo deja claro. El gasto corriente del sector público creció 8,1 por ciento, pero con comportamientos opuestos: mientras el Gobierno Central redujo su gasto en 38 millones de dólares, un 3,4 por ciento menos, la Caja de Seguro Social registró un fuerte aumento por jubilaciones y pensiones. El Ejecutivo aprieta donde puede —su propia nómina y operación— pero no puede frenar el rubro que más crece, porque son pensiones comprometidas con jubilados reales.
Aquí los números cuentan una historia política además de contable. El subsidio a las pensiones de la Caja de Seguro Social es uno de los compromisos centrales del actual gobierno, y el ministro de Economía, Felipe Chapman, ha sostenido que los ahorros generados por el orden fiscal —cercanos a 475 millones de dólares en servicio de deuda en 2025— permiten cubrir parte de ese subsidio. La frase de Chapman —“estamos demostrando de dónde salen los recursos”— resume la apuesta del gobierno: financiar las pensiones con disciplina fiscal en lugar de con más deuda. El problema es aritmético: si el gasto de la CSS crece al 25 por ciento anual y los ahorros de deuda son de unos cientos de millones, la brecha tiende a abrirse, no a cerrarse.
Conviene poner la magnitud en perspectiva para entender por qué ningún recorte de nómina la compensa. Un aumento del 25,1 por ciento en el gasto de la institución que paga las pensiones del país opera sobre una base enorme: las jubilaciones y prestaciones son el rubro social más grande del Estado. Frente a eso, el recorte de 38 millones que logró el Gobierno Central en su propio gasto es real pero modesto, casi un gesto simbólico al lado de la curva previsional. La comparación deja clara la asimetría: el Ejecutivo ahorra en millones y la CSS gasta en cientos de millones adicionales. Es la diferencia entre apretar un grifo y achicar un embalse que se llena solo.
Lo que sí mejoró, sin asteriscos
Sería injusto leer solo las sombras. Hay cifras de gestión que mejoraron de verdad y conviene reconocerlas con la misma precisión. La recaudación del ITBMS, el impuesto al consumo, aumentó 14,1 por ciento, equivalente a 48 millones de dólares adicionales, lo que el MEF atribuye a una mayor actividad económica. Un impuesto al consumo que crece a doble dígito suele ser señal de una economía que se mueve, y es la clase de ingreso sano que no depende de vender activos ni de endeudarse.
La gestión de pagos atrasados también avanzó, y eso tiene efectos en la economía real. Al cierre de 2025 el Gobierno Central redujo sus cuentas por pagar de 1.975,76 millones a 1.069,23 millones de dólares, una baja de 45,9 por ciento, y al cierre de marzo de 2026 había liquidado 706 millones en obligaciones corrientes. Los atrasos del Estado con sus proveedores no son una cifra abstracta: cada factura impaga ahoga a una empresa que depende de ese contrato para pagar planilla. Reducir esa mora casi a la mitad libera oxígeno para el sector privado que trabaja con el Estado.
Y el punto de partida del año, en perspectiva, fue sólido. El ministro Chapman destacó que Panamá cerró 2025 con un déficit del Sector Público No Financiero de 3,68 por ciento del PIB, una reducción cercana al 40 por ciento respecto al año anterior, por debajo de las proyecciones de los mercados y las calificadoras, que anticipaban un déficit superior al 4,4 por ciento. Superar la expectativa de las calificadoras no es un detalle cosmético: es lo que mantiene a raya el costo de la deuda futura.
La regla que enmarca todo: la Ley de Responsabilidad Fiscal
Ningún número fiscal panameño se entiende sin la regla que lo limita. El gobierno sostiene que el comportamiento general se mantiene dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, reformada en 2024 con una tabla de límites graduales de déficit. Esa reforma fijó una senda descendente: del 4 por ciento permitido para 2025 hacia un 1,5 por ciento a partir de 2030. La idea es obligar al Estado a converger hacia el equilibrio por ley, no por voluntad del gobierno de turno.
El presupuesto del año encaja en esa lógica. El gobierno presentó un presupuesto 2026 de 34.901 millones de balboas, con la meta de que el déficit del Sector Público No Financiero baje del 7,4 por ciento del PIB que alcanzó en 2024 al 3,4 por ciento en 2026, conforme a la ley. La trayectoria, sobre el papel, es de consolidación: cada año el techo de déficit permitido es más bajo, lo que disciplina el gasto incluso si el gobierno quisiera expandirlo.
La tensión de fondo está en esa convergencia. La ley exige bajar el déficit año tras año; la CSS empuja el gasto al alza año tras año. Las dos fuerzas no pueden coexistir mucho tiempo sin que algo ceda: o se reforma a fondo el sistema de pensiones, o se recorta en otras áreas, o se renegocia la propia regla fiscal. Los números de abril son la foto de un gobierno tratando de cumplir la ley mientras carga un gasto previsional que crece más rápido que su capacidad de recorte.
La película, no la foto: la trayectoria trimestral
Un solo corte cuatrimestral engaña si no se lee dentro de la serie. Y la serie de 2026 cuenta una historia de inversión adelantada. Panamá cerró el primer trimestre con un déficit fiscal de 1.307 millones de dólares, y el balance incorpora un fuerte salto de los ingresos de capital, que pasaron de 0,9 millones en marzo de 2025 a 197,5 millones en marzo de 2026. El déficit no crece solo por descontrol: una parte responde a gasto de inversión concentrado al inicio del año.
El detalle de en qué se invierte importa, porque distingue el gasto que construye del que solo consume. El MEF reportó inversiones vinculadas a la Línea 3 del Metro de Panamá, el Cuarto Puente sobre el Canal, la Autopista Madden-Colón, proyectos viales, hospitales, agua potable y educación. Ese impulso a la inversión es uno de los factores que explica el aumento del déficit en el corto plazo, al concentrarse una parte importante del gasto en la ejecución temprana del presupuesto. Un déficit que financia un metro o un puente no es lo mismo que un déficit que financia nómina: el primero deja un activo que genera actividad durante décadas; el segundo se evapora en el ejercicio.
La cifra del Gobierno Central, aislada de la CSS, confirma el esfuerzo de contención. El déficit del Gobierno Central pasó de 2.818,4 millones de dólares en abril de 2025 a 1.978,6 millones este año, una reducción de 839,8 millones; como porcentaje del PIB, bajó de 3,12 a 2,08 por ciento. Es decir: la parte de las cuentas que el Ejecutivo controla directamente mejoró con claridad. El deterioro relativo viene del componente que no controla a corto plazo: las obligaciones previsionales. Separar ambos bloques es lo que permite ver que el gobierno sí está apretando donde tiene la llave.
Lo que vigilan las calificadoras
Las finanzas de un país pequeño y dolarizado como Panamá se juzgan, en buena medida, fuera de sus fronteras: en las agencias que califican su deuda. Y la historia reciente de esa mirada externa explica por qué el gobierno exhibe cada décima de mejora. De las tres grandes agencias, las perspectivas de la calificación panameña se deterioraron en ciclos anteriores: Fitch puso la perspectiva en negativa, S&P Global hizo lo propio, y el argumento común fue que, sin una consolidación fiscal significativa, el deterioro de las métricas seguiría debilitando el perfil crediticio del país. Esa advertencia es la que el ordenamiento actual intenta revertir.
La mecánica es directa y poco conocida fuera de los círculos financieros. Una calificación más baja encarece cada nueva emisión de deuda; un país que ya dedica 1.165 millones a intereses en cuatro meses no puede permitirse que ese costo suba. Por eso superar las proyecciones de las calificadoras —cerrar 2025 mejor de lo que esperaban— no es un gesto de vanidad estadística, sino una defensa concreta del presupuesto futuro: cada escalón de confianza que se conserva se traduce en intereses que no se pagan de más.
El riesgo es que la mejora del flujo —el déficit anual— no baste para contener el stock —la deuda acumulada— si el gasto previsional sigue su curva. Las calificadoras miran ambas cosas: la disciplina del año y la sostenibilidad de la década. Panamá está aprobando la primera prueba y tiene pendiente la segunda, y esa es exactamente la distinción que los números de abril dejan sobre la mesa. Un buen cuatrimestre fiscal no resuelve una obligación previsional que crece a un cuarto por año; solo compra tiempo para reformarla.
Las dos variables externas que pueden cambiarlo todo
Las cuentas fiscales de 2026 no se decidirán solo en la planilla del Estado, sino en dos apuestas que están fuera del control directo del MEF. La primera es Cobre Panamá. Analistas estiman que la mina, de reactivarse bajo nuevos términos, podría aportar al menos 500 millones de dólares en ingresos al Estado, fortaleciendo el balance fiscal y ayudando a reducir el déficit. Esos 500 millones representarían una fracción significativa del déficit cuatrimestral; su ausencia o su llegada cambia la aritmética del año.
La segunda es el Canal y su capacidad operativa. El Canal es el mayor contribuyente individual al Tesoro, y su rendimiento depende del agua y del comercio mundial. Una sequía como la de 2023, o una caída del tránsito por la incertidumbre comercial global, recortaría sus aportes justo cuando el presupuesto los necesita. El gobierno lo sabe, y por eso las megaobras hídricas del Canal aparecen como prioridad estratégica: proteger el ingreso canalero es proteger una columna del presupuesto.
Hay además un riesgo que no es de gasto sino de reputación. El centro financiero panameño, cuyos activos equivalen a casi el doble del PIB nacional, enfrenta presiones internacionales por las listas fiscales y el debate sobre su modelo territorial de impuestos, un factor que podría influir en la atracción de capital. Salir de las listas grises o quedar atrapado en ellas afecta el costo de financiarse y la llegada de inversión, dos variables que se traducen, tarde o temprano, en líneas del presupuesto.
El balance de los números
La lectura completa de las cifras fiscales de Panamá hasta abril de 2026 no admite ni el triunfalismo del comunicado oficial ni el catastrofismo del titular alarmista. El déficit bajó de verdad, la recaudación del consumo crece, los atrasos con proveedores se reducen y el país cumplió mejor de lo esperado en 2025. Son logros de gestión que las calificadoras leen y que abaratan, al margen, el costo de la deuda.
Pero los mismos números muestran que la mejora descansa sobre cimientos frágiles. El balance primario sigue negativo, lo que significa que el desequilibrio no es solo herencia de la deuda vieja sino gasto corriente del presente. Los intereses se llevan en cuatro meses casi tanto como todo el déficit. Y el gasto de la Caja de Seguro Social crece a un ritmo que ninguna disciplina de nómina puede compensar por sí sola. El gobierno está conteniendo el déficit con recortes propios y mejor recaudación, pero la fuente del problema —el sistema de pensiones— sigue creciendo por debajo de la superficie.
El veredicto que dejan los datos es el de un equilibrio en tensión: sostenible mientras la economía crezca, la mina aporte y el Canal rinda, pero expuesto en cuanto una de esas tres variables falle. La cifra que el gobierno celebra es cierta. Las tres que no menciona en el titular —intereses, balance primario y CSS— son las que decidirán si la mejora de 2026 fue un punto de partida o un espejismo de un buen cuatrimestre.