Esta cobertura ha mirado las criptomonedas desde la regulación financiera; Paraguay obliga a mirarlas desde un ángulo distinto y físico: el de la energía. Porque detrás de cada bitcoin hay una sala llena de computadoras que consumen electricidad sin parar, y esa electricidad tiene que salir de algún lado. Paraguay resultó ser uno de los lugares del mundo donde sale más barata, y eso lo ha convertido, casi sin proponérselo, en una potencia improbable de un negocio global. El caso ilustra una variante poco discutida de la brecha que esta serie persigue: la que se abre cuando un recurso escaso y compartido —la energía— se vuelve materia prima de una industria que pocos entienden y nadie controla del todo.
El dato que lo explica todo cabe en una cifra. Paraguay genera mucha más electricidad de la que consume, gracias sobre todo a la represa de Itaipú —una de las mayores hidroeléctricas del mundo, con unos 14.000 megavatios de capacidad—. El excedente, la energía que el país no usa, ronda los 3.480 megavatios; históricamente se exportaba a Brasil a precio de saldo. Con tarifas para la minería que se ubican entre 3,7 y 5 centavos de dólar por kilovatio-hora, de las más bajas del planeta, ese excedente se volvió un imán. El resultado: según un informe sectorial de abril de 2026, Paraguay concentra alrededor del 4,3% del poder de cómputo global de la red Bitcoin, lo que lo sitúa como el cuarto país del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Rusia y China.
Una política partida en dos
Lo que vuelve a Paraguay un caso de estudio es la contradicción de su respuesta estatal, que avanzó durante años en dos direcciones opuestas a la vez. Por un lado, el país endureció la persecución de la minería ilegal —la que roba electricidad conectándose a la red sin medidor—. Una ley de 2024 estableció penas de hasta diez años de cárcel por el robo de energía para minar, y habilitó el decomiso de los equipos. La persecución se intensificó con métodos llamativos: drones y cámaras térmicas para detectar las granjas clandestinas por el calor que emiten. Solo en 2024, las autoridades incautaron, según un recuento, más de 10.000 máquinas mineras y decenas de transformadores.
Por otro lado, y al mismo tiempo, el gobierno de Santiago Peña impulsó la institucionalización de la minería legal. Existe un marco regulatorio —amparado en un decreto de 2022— que limita la actividad a zonas designadas, con líneas eléctricas exclusivas y tarifas diferenciadas. Y llegaron los gigantes: la canadiense HIVE Digital adquirió en enero de 2025 un campus con cientos de megavatios de capacidad y siguió expandiéndose. El mensaje paraguayo resultó, así, ambivalente: cárcel para el minero que roba luz, alfombra roja para la empresa que la paga.
El giro más reciente lleva esa lógica a su conclusión casi paradójica. En marzo de 2026, la empresa estatal de electricidad, la ANDE, anunció un acuerdo para minar Bitcoin ella misma, usando los equipos confiscados a los mineros ilegales. El proyecto piloto arranca con 1.500 máquinas —de cerca de 30.000 que permanecían inactivas en depósitos estatales— instaladas cerca de subestaciones, con soporte técnico de un socio privado. La idea, según sus promotores, es convertir la electricidad ociosa y los equipos decomisados en ingresos públicos. El Estado que persiguió a los mineros pasó, en parte, a ser minero.
El debate que el excedente esconde
Aquí es donde conviene presentar las posiciones, porque el caso paraguayo se lee de formas legítimas y opuestas, y ninguna agota la verdad.
Para quienes defienden la apuesta, la lógica es difícil de rebatir en sus propios términos: Paraguay tiene un excedente de energía que, de no usarse, se vende a Brasil a precios bajísimos. Aprovecharlo para atraer inversión, generar ingresos y monetizar un recurso que se desperdiciaba parece, desde esa óptica, sentido común económico. El titular de la ANDE ha sostenido que la minería no compromete el suministro eléctrico nacional: según declaró, el consumo proyectado equivale a apenas “una turbina y media” de Itaipú.
Para los críticos, el cálculo es más complejo y plantea preguntas incómodas. La primera es de prioridades: ¿es la minería de Bitcoin —que genera poco empleo por megavatio consumido— el mejor uso de un recurso estratégico, frente a alternativas como la industria, que podrían aportar más desarrollo de largo plazo? La segunda es de equidad: hubo casos documentados en que operaciones mineras accedieron a tarifas por debajo del costo de producción, lo que, según la propia eléctrica estatal en un caso, equivale a “un subsidio otorgado por todo el pueblo paraguayo”. La tercera es de sostenibilidad: la binacional Itaipú estima que el excedente energético del país podría agotarse hacia 2030, y la sequía ya ha reducido la generación; comprometer ese excedente con una industria intensiva tiene un costo de oportunidad.
Y hay un dato que enmarca todo el debate con crudeza: pese a su abundancia energética, cerca del 23% de los hogares paraguayos aún dependían de la leña para cocinar, según una encuesta de hogares, cifra que en zonas rurales superaba el 50%. Un país que exporta y mina con su excedente de electricidad tiene, a la vez, una porción significativa de su población sin acceso pleno a esa misma energía. No corresponde a este medio dictaminar cuál es el uso correcto del excedente; sí señalar que esa decisión —hoy tomada en buena parte por el mercado— tiene implicaciones distributivas que rara vez se discuten con la misma intensidad que las cifras de hashrate.
La zona gris de la persecución
Un aspecto que merece atención, por su conexión con las series institucionales de esta cobertura, es cómo se ha ejecutado la persecución de la minería ilegal. Diversos reportes señalan que el proceso no estuvo exento de irregularidades: equipos de minería que desaparecían durante los decomisos, investigaciones a legisladores por minería ilegal, críticas a la fiscalía por no garantizar el debido proceso a los mineros detenidos, y denuncias de complicidad de funcionarios de la propia eléctrica estatal con granjas ilegales.
Este patrón —una actividad muy rentable, una persecución selectiva y una frontera difusa entre lo legal y lo ilegal— es terreno fértil para la corrupción, un riesgo que esta serie ha documentado en otros contextos. Cuando el mismo Estado persigue, regula, decomisa y ahora también mina, la pregunta sobre quién controla a quién, y con qué transparencia, se vuelve central. No es una acusación: es la constatación de que un negocio de estas dimensiones, con una supervisión estatal que crece sobre la marcha, exige controles a la altura, y que su ausencia tiene consecuencias verificables.
Lo que Paraguay le aporta a la serie
El caso paraguayo ilumina una dimensión de la economía digital que las discusiones sobre criptomonedas suelen pasar por alto: su anclaje físico. Las stablecoins, que analizamos, parecen inmateriales; la minería de Bitcoin recuerda que detrás de lo digital hay represas, transformadores, líneas de alta tensión y una decisión política sobre cómo repartir un recurso finito. Paraguay no eligió convertirse en potencia minera por una estrategia deliberada, sino porque su excedente energético y sus tarifas bajas lo hicieron inevitable; la pregunta es si está gobernando esa transformación o si la transformación lo está gobernando a él.
El dato verificable, aquí, es que Paraguay es hoy el cuarto minero de Bitcoin del mundo, que esa posición se construyó sobre el excedente de Itaipú y unas tarifas excepcionalmente bajas, y que el Estado oscila entre perseguir, regular y practicar la actividad. Lo que esa apuesta signifique a largo plazo —si será una fuente de ingresos inteligente o el desperdicio de un recurso que podría agotarse— dependerá de decisiones que aún no están tomadas: cómo se fije el precio de esa energía, quién acceda a ella y con qué controles. Como en toda esta serie, lo decisivo no es la cifra que hoy impresiona —el cuarto puesto mundial—, sino la calidad de las decisiones que se tomen antes de que el excedente, y la ventana, se cierren.